BALOTAJE 2023: ECUADOR SIGUE A LA DERECHA

Después de votar mayoritariamente por Noboa, el electorado ecuatoriano corrió a plastificar sus certificados de votación

Al cierre de las mesas a las cinco de la tarde del tercer domingo de octubre, en una jornada electoral tranquila en el país andino que vive los días más violentos de su historia, un 82,33% del padrón había concurrido a los centros de votación a cumplir con obligación de sufragar. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador apenas cerradas las urnas. Diana Atamain felicitó al electorado por la “amplia participación” y dijo que la cifra “se mantiene en los históricos de los procesos electorales en nuestro país”. No mencionó un estímulo difícil de rehuir que espolonea a la ciudadanía ecuatoriana a dar debido cumplimiento responsable a su deber cívico y político. En Ecuador el voto es obligatorio. Para quienes no votan, los castigos previstos son severos, eficaces, e ineludibles.

Comparte con Chile, otro país del Pacífico y de los Andes, la excepcional severidad de las penas para quienes incumplen la obligación de votar, y la extrema eficacia y perseverancia que dedican autoridades y sociedad para que estas sanciones se sufran. En una escena que se ve repetida en la capital Quito y en el resto de los centros urbanos ecuatorianos, después de las filias para votar en los colegios electorales, cada votante hace otra más, fuera, en locales donde plastifican un certificado de votación, prueba de que están a derecho, que les han extendido en la mesa donde han votado.

En Ecuador después de emitir el sufragio en la urna, se entrega a cada elector un certificado similar en su forma a una tarjeta de crédito con nombre y apellido del votante y su foto. La gran mayoría se dirigen de manera inmediata a negocios informales,  cercanos a los centros de votación para el plastificar ese papel por la módica suma de  25 o 50 centavos de dólar, ‘suelto’ como se le llama en el país a las monedas de baja denominación, así protegido del deterioro lo guardarán  celosamente junto a sus respectivos documentos de identidad.  

La historia sin cortes de burocracias eficaces en vigilar y castigar

Este cuidado dispensado al certificado electoral revela la importancia otorgada al comprobante que no es reciente. A partir de la Ley de Elecciones de 1947 –sancionada más de un siglo después de 1830 cuando se votó por primera vez naciente  República de Ecuador separada de la Gran Colombia- que establece el requisito de un comprobante de votación: se trataba de un trozo de papel escrito a mano que era la prueba de haber sufragado.

En 1978 se convocó a consulta y luego a elecciones presidenciales. Allí se expidió una nueva Ley Electoral que establecía en su artículo 150 que los ciudadanos que no entreguen su certificado de votación, cuando presentan una solicitud en las instituciones públicas o privadas, no serán atendidos. Y burlando el paso de los años, el cambio de  gobiernos y dictaduras- el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces se convirtió en Consejo Nacional Electoral (CNE)-  el comprobante  ha mantenido su valor de uso y costumbre. Ya no es escrito a mano, pero conserva su naturaleza: es un requisito para hacer cualquier trámite en las entidades públicas y privadas del país si bien actualmente no existe una ley de obligatoriedad para presentarlo.

El certificado de votación es imprescindible para la vida civil. Para pedir un cambio en una conexión de agua potable, abrir una cuenta de ahorros o sacar el Registro Único de Contribuyente (RUC), solicitar un préstamo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  o inscribir su candidatura en el CNE, ingresar a la Universidad, para postular a un empleo estatal, sacar el pasaporte, postularse a un trabajo, para vender los propios bienes… Es larga y prolija la lista de trámites que requieren la presentación del certificado de votación para poder realizarlos.

Obligaciones muy específicas de normativas muy generales

La ausencia de normativa no ha menguado su pervivencia con la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites del 2018 y la decisión presidencial de 2021. A diferencia de Uruguay, único país de Latinoamérica que pide documento similar. Pero la República Oriental cuenta con una normativa que detalla en qué casos se puede requerir, por ejemplo, para inscribirse o rendir exámenes en la Universidad, recibir fondos públicos o ingresar a un empleo estatal.

En Ecuador, el comprobante de votación no es requisito ‘excluyente’, pero sí indispensable. Como este comprobante sólo se obtiene en el acto de votación, en caso de no asistir los que estén obligados no solo carecerán del comprobante sino que “serán multados con el equivalente al 10 % de una remuneración mensual unificada”. El salario básico unificado (SBU) actualmente es de 450 dólares, por lo que la multa será de 45 dólares.

En el Código de la Democracia también se mencionan las infracciones electorales, que se dividen en cinco, entre ellas las leves, en la cual se indica que se impondrán multas de entre uno hasta diez salarios básicos en varias conductas, la primera por “no exigir a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la multa en los casos que corresponda. Se excluyen los casos de voto facultativo”, según el artículo 277.

La votación y el supermercado

Una cadena de supermercados, atenta a las elecciones presidenciales realizadas en agosto 2023, incorporó el certificado de votación en sus promociones. TIA  anunció la campaña ¡Votar es ganar! con beneficios a quienes acudieron el domingo 20 entre las 8:00  y 17:00 horas.

Para participar en la campaña para sus ‘Clientes Más’  se debía  presentar el certificado de votación actualizado. De este modo, se podía acceder al  sorteo de una entrada para el partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, de la Selección frente a Uruguay, previsto para el 12 de septiembre en Quito. Además las compras realizadas ese día obtenían triple punto más y una botella de agua gratis.

AGB con información de fuentes y medios