La gestión ante la violencia callejera en Chile pone en apuros al gobierno de Boric

El Gobierno de Gabriel Boric no pasa por su mejor momento. Hace semanas que la violencia en las zonas rurales de Chile y también en la capital se ha tomado la agenda de La Moneda, la sede presidencial, y ha obligado al mandatario ha enfocarse en un ámbito siempre controvertido como la seguridad y el orden público, mientras intenta lanzar iniciativas hacer frente a la “importante fractura social”–tal y como la ha definido el propio Boric– como la mayor subida del salario mínimo en 29 años.

La muerte de la periodista Francisca Sandoval mientras cubría las manifestaciones del Día del Trabajador en el barrio Meiggs, una zona de Santiago con fuerte presencia de mafias organizadas, armas y comercio informal, ha conmocionado a la sociedad del país. La reportera, de 30 años y trabajadora de la radio comunitaria La Victoria 3, falleció 12 días después de recibir un disparo en la cabeza durante la protesta, presuntamente perpetrado por un comerciante ambulante con vínculos con el narcotráfico. Ha sido la primera periodista asesinada en el ejercicio de su profesión en lo últimos 36 años en Chile, desde el fin de la dictadura.

“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán”, escribió el presidente Boric en Twitter. Semanas antes estudiantes también fueron agredidos por parte de vendedores ambulantes que se manifestaban en el mismo barrio. Uno de ellos terminó con riesgo vital. En los últimos meses, además, han aumentado la violencia escolar y la delincuencia, y hace unos días un escolta del presidente fue disparado el mismo día que tres hombres armados asaltaron la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Algunos expertos hablan de una crisis de la seguridad pública. “Es el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”, dijo en abril el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.  

Escalada de violencia en Wallmapu

“Los gobiernos de derecha y centro izquierda de los últimos 30 años se han caracterizado por atender este problema desde un enfoque punitivo y del control, con una mirada de corto plazo, aumentando las penas, creando nuevos tipos penales e incrementando la dotación de las policías y sus atribuciones sobre las personas”, dice Gonzalo Huenumil, investigador asociado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y excoronel de Carabineros.

Para el director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Franz Vanderschueren, “este Gobierno ha recibido un país fragmentado y con nuevos problemas de seguridad, pero sin políticas consensuadas en la materia”. A su juicio, el país tiene puntos calientes en este ámbito como la gestión de la migración en el norte, la presencia del crimen organizado y el aumento de la violencia después del estallido social de 2019 y de la pandemia. A esto –añade– “se suman dos problemas mayúsculos”: la crisis de legitimidad de los carabineros y el conflicto en el sur del país, en el territorio mapuche del Wallmapu, entre comunidades indígenas y el Estado chileno por la recuperación de tierras. Un asunto pendiente que ninguno de los gobiernos anteriores –sea cual sea el color político– ha sido capaz de resolver y que en el último tiempo se ha intensificado.

Ante el aumento de los ataques en este territorio, el presidente chileno ha optado por echar un pie atrás y militarizar la zona, aunque al inicio de su Gobierno siempre se mostró partidario de retirar a las Fuerzas Armadas. La decisión del mandatario ha sido difícil de encajar para el Partido Comunista, socio de la coalición gubernamental, e incluso por miembros del Frente Amplio, su propio sector. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Boric y la izquierda chilena criticaron la estrategia de su antecesor de decretar estados de excepción constitucional en la zona. Ahora, frente al alza de incidentes violentos, ha optado por declarar un Estado de Emergencia “acotado” para el resguardo de rutas y caminos de la región de La Araucanía y de la provincia de Arauco, en la región del Biobío.

No han contribuido a mejorar el panorama los errores cometidos por la ministra de Interior, Izkia Siches, médica de profesión que llegó al cargo después de convertirse en una de las figuras clave del éxito de la izquierda en la segunda vuelta presidencial. Siches quiso visitar algunas comunidades de Wallmapu para abrir un diálogo, pero lo hizo sin contar con el permiso de las autoridades locales y la operación tuvo que ser abortada por falta de seguridad de la comitiva ministerial. Semanas después, la ministra emitió una acusación en público contra el anterior Gobierno que resultó ser falsa. “La ausencia de un mando fuerte y experimentado en el Ministerio del Interior ha deteriorado la imagen de liderazgo que requiere la figura del ministro de esta cartera, que en Chile es equivalente a la de un primer ministro”, dice Vanderschueren. 

Una piedra en el zapato

La seguridad y el orden público van camino de convertirse en la piedra en el zapato de Boric. Las fórmulas para combatir la violencia son siempre polémicas, sobre todo para una coalición de Gobierno tan diversa y que integra fuerzas a las que la oposición de derechas les echa en cara posicionamientos demasiado blandos y poco interés en el tema. “Ha habido una falta de discurso contundente por parte de los sectores no conservadores sobre la imperiosa necesidad de atender las razones estructurales que inciden en la violencia, como la pobreza, la marginalidad o la falta de educación”, dice Huenumil. Aún así, opina que Boric está haciendo un esfuerzo en este sentido para “poner atención en la prevención, en las circunstancias que afectan a los grupos más vulnerables y que inciden en la calidad de vida y la generación de violencia”, como la citada subida del salario mínimo.

Según él, la falta de respuesta institucional pasa por que los órganos competentes en la materia han actuado por mucho tiempo “con independencia entre ellos”, “de acuerdo a sus propios enfoques” y “sin una colaboración o coordinación efectiva en materias en que son afines y de interés nacional”. Por ejemplo, “hay una policía uniformada que no comparte datos o información con su homóloga policía civil”, añade. 

Para Vanderschueren, la respuesta que hasta ahora ha dado el Ejecutivo trae “pocas novedades y son demasiado tímidas por la ausencia de consenso entre las fuerzas del propio Gobierno y por la complejidad de la situación”. Considera que el escenario “arriesga empeorarse si la inflación y la crisis climática crecen o si la Convención Constitucional fracasa, lo que aumentaría el clima de anomia”. 

Boric busca fórmulas para una seguridad y orden públicos que no se parezcan a las propuestas de las dos coaliciones que lo han precedido, bajo la presión de tener que encontrar soluciones rápidas y efectistas. Las últimas encuestas arrojan un desencanto de la ciudadanía con su Gobierno y una caída en picado de las expectativas. Su gestión de la violencia rural y urbana en los próximos meses contribuirá en buena medida a mantener o no esa tendencia.

MF