La misión de la OEA se fue de Perú apoyando la democracia (y apuntalando a Castillo)

La llegada del Grupo de Alto Nivel de la OEA a Perú el 20 de noviembre para analizar la tensa situación política del país andino, por pedido del presidente izquierdista Pedro Castillo, facilita un nuevo giro de la crisis que permite al mandatario ganar algo de tiempo, pero no resuelve un conflicto que acaso sólo podría superar el triunfo de las calles o el de los pasillos del poder.

El maestro rural y ex dirigente sindical docente Pedro Castillo, quien con el apoyo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021 derrotó en segunda vuelta a la derecha representada por Keiko Fujimori, ha denunciado repetidamente “un golpe parlamentario en marcha”  promovido por la oposición de derecha liderada por el fujimorismo. Debido al permanente asedio de la oposición política, el presidente Castillo peticionó el 12 de octubre la intervención de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento para velar por la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes, Perú entre ellos.

Los integrantes de la alta Misión de la Organización Americana

El Grupo de Alto Nivel de la OEA que visitó Perú está encabezado por el excanciller de Paraguay, veterano militante del Partido Colorado, Eladio Loizaga. El canciller argentino Santiago Cafiero, representante del gobierno peronista de Alberto Fernández  formaba también parte de este grupo, pero en su lugar llegó a Lima el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti.

Los otros integrantes de la misión son los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín por el gobierno derechista de Guillermo Lasso;  de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro por el gobierno conservador de Alejandro Giammatei, de Paraguay, Julio César Arriola por el gobierno conservador de Mario Abdo Benítez  y de Belice, Eamon Courtenay  del gobierno centroizquierdista de Juan Antonio Briceño y los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil del gobierno izquierdista de Gustavo Petro y de Costa Rica, Arnoldo André del gobierno populista de Rodrigo Chávez . Después de la estadía en el país andino, que finalizará el 23 de noviembre, el Grupo  presentará ante el Consejo Permanente de la OEA un informe de la tensa situación política de Perú.

“Con todos nos vamos a reunir”

Conforme lo anunció a la prensa Loizaga, la misión del organismo mantuvo 27 reuniones con representantes de los tres poderes del estado y con organizaciones civiles. La primera, en el Palacio Pizarro, sede del gobierno en la ciudad capital de Lima, con el presidente Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y los ministros, para escuchar su posición frente a la crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Congreso. El primer mandatario reiteró las existentes amenazas por parte de la oposición a la democracia y planteó la necesidad de “unidad, diálogo, consenso y acercamiento” para resolver los problemas del país.

La misión continental también se entrevistó con la mesa directiva del Congreso, controlada por la derecha. El titular opositor José Williams, negó que haya intención golpista del parte del Legislativo. “Les explicamos de las tres denuncias constitucionales (que hay contra Castillo), una de la fiscal de la Nación, otra de ciudadanos y la última de congresistas”, afirmó Williams, un eventual sustituto de Castillo en caso de que el mandatario sea suspendido o destituido por el Parlamento.

Seguidamente, con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal general, Patricia Benavides, autora de la denuncia constitucional que tiene en riesgo al mandatario y al Tribunal Constitucional.

En otras reuniones, los parlamentarios de diverso signo, desde el dividido oficialismo de izquierda hasta los grupos más radicales de la oposición de derecha, expresaron sus propias  perspectivas. La congresista Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, que tiene la mayor bancada y es uno de los más activos impulsores de la salida de Castillo, expresó a los visitantes que su colectivo y sus aliados están comprometidos con la democracia y no pueden ser tildados de golpistas.

Los encuentros incluyeron a otros interlocutores, entre ellos la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo primer vicepresidente, el cardenal Pedro Barreto, ha hecho varios esfuerzos para acercar a las partes, sin ser escuchado.

Memorial contra el Presidente

Los cargos que se le imputan al presidente Castillo se basan fundamentalmente en testimonios de ex colaboradores procesados por corrupción. La defensa había pedido el cierre de la investigación, pero el mismo lunes 21 el Tribunal Supremo falló autorizando a la Fiscalía a continuar las pesquisas.

La acusación ha sido presentada por la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada a su vez por utilizar su cargo para destituir a la fiscal que investigaba a su hermana, que es jueza y está acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. La oposición parlamentaria pretende llevar adelante el proceso para destituir a Castillo por este caso, a pesar que la Constitución no permite procesar a un presidente en funciones por los cargos que la Fiscalía le imputa al primer mandatario.

A este caso se suma una inusual acusación en el Congreso contra Castillo por “traición a la patria”, a raíz de  una declaración periodística para CNN, en enero 2022, cuando opinó a favor de la salida al mar para Bolivia, aunque no propuso ceder soberanía territorial. El tema quedó ceñido a esa declaración porque el gobierno no propulsó ninguna acción al respecto,  sin embargo la oposición logró que la acusación se aprobara en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El avance del caso señala que a la derecha peruana pareciera importarla más derrocar al presidente de izquierda que la institucionalidad.

La oposición ha intentado dos veces destituir a Castillo acusándolo por el ambiguo cargo de “incapacidad moral”, institución sui generis peruana creada por la Constitución de 1993, que se resuelve en un proceso sumario. Si bien no alcanzó los dos tercios de votos necesarios para aprobarla, ahora va por un tercer intento.

A la par de las acciones para destituir a al presidente, la oposición parlamentaria busca también inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte, para que así asuma la presidencia del país el titular del Congreso, el general en retiro Williams, que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos cuando estaba en actividad. Esto consumaría el golpe parlamentario de la extrema derecha que la delegación panamericana ha investigado durante su visita al Perú.

Las calles de Lima y los pasillos del poder

En los últimos días en las calles de Lima hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno, pero con poca concurrencia. Ni el gobierno ni la oposición han mostrado hasta ahora capacidad de convocar un importante apoyo a su favor.

El jueves 10 de noviembre,  miles de personas convocadas por sindicatos y grupos de izquierda marcharon en lo que se bautizó como “Toma de Lima”, para intentar cerrar el Congreso y frenar el proceso contra Castillo. El sábado anterior, otra manifestación multitudinaria se dio cita en la capital, pero pidiendo la renuncia del presidente.

Sin embargo, la interminable crisis política no interesa al grueso de la población que acaso con indiferencia observa el conflicto de poderes que comenzó en 2016, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Kuczinsky e inició una serie de sucesiones presidenciales truncadas y renovadas por congresistas cada vez más hábiles y expeditivos en dejar acéfalo el Poder Ejecutivo. Cuando Pedro Castillo asumió el 28 de julio después de que la Justicia Electoral zanjara a su favor una agria disputa con Keiko Fujimori sobre el escaso medio punto porcentual que los separaba en el balotaje, encontró un  Congreso, electo en la primera vuelta de abril de ese año, atomizado en una multitud de bloques, sin posibilidad de formar mayorías estables.

Muy por el contrario, las fuerzas populares no fueron capaces de unirse y presentar una alternativa a las recurrentes ofensivas del fujimorismo y sus aliados. Aunque no pasó a la oposición, el partido izquierdista Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que dio el apoyo originario para que Castillo llegara a la presidencia, retacea su acompañamiento al mandatario, irritado por el lugar que éste dio en su gobierno a la izquierda “caviar” de Lima. El presidente tampoco disolvió el Congreso y para convocar una Constituyente , como le reclamaba Cerrón.

El presidente Castillo -según una reciente encuesta- tiene un respaldo de 28 % y un rechazo de 62 %, pero la desaprobación al Congreso, que lo quiere destituir, llega a 81%, con sólo 13 %  de aprobación.  La visita de la misión de la OEA le aporta un pequeño respiro al gobierno, pero no una solución. Mientras tanto, la crisis socioeconómica se agrava en la mayoría de las regiones del país. Se sumaron en las últimas semanas las protestas de los damnificados por los nuevos derrames de petróleo, de las mujeres de las llamadas “ollas comunes”  en exigencia de presupuesto para el 2023 . En este marco se agrega la contrarreforma conservadora en educación y derechos. Son muchas las peruanas y los peruanos que  temen perder sus empleos por la falta de medidas de fondo para superarla.

AGB