'Paro armado' en Colombia: el Clan del Golfo desafía al gobierno días antes de las presidenciales

El Clan del Golfo, una temida banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión, también conocida como Clan Úsuga, Los Urabeños, o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue fundado en el 2007 -después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha- por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, proveniente del Bloque Centauros de las Autodefensas.

Don Mario -capturado en 2009 y extraditado a EEUU en 2018- se había declarado inocente cuando fue apresado pero en noviembre de 2021, después de varios años en prisión en EEUU, reconoció su culpabilidad  en los cargos de distribución de narcóticos y de apoyo a un grupo terrorista como parte de un imperio de cocaína valuado en U$S 1.000 millones.

Su liderazgo fue heredado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta su captura en octubre 2021 en las montañas de Antioquia y su reciente extradición “entre lágrimas” a EEUU el miércoles 4 de mayo.

El presidente Iván Duque celebró el arresto , el  “golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país” y comparó la caída de Otoniel con la del capo de la droga-líder del cartel de Medellín- Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, durante la presidencia de César Gravidia (1990-1994) después de cuatro años de persecución incansable, que inspiró series de enorme éxito como El patrón del mal o Narcos.

La declaración de Duque resultó simples  “words, words”  cuando la organización declaró  un ‘paro armado’ – desde el jueves pasado hasta el martes - con el objetivo de amedrentar a la fuerza pública y a la población civil mediante restricciones al comercio, bloqueos al transporte y la movilidad e incluso asesinatos selectivos. 

En marzo la Fundación Paz y Reconciliación publicó el informe Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque - título inspirado en  la frase pronunciada por un simpatizante del gobierno en medio de la marcha de rechazo al atentado realizado por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” - que destaca que el Clan del Golfo, pese a la detención de 'Otoniel', continúa siendo el grupo criminal más poderoso de Colombia.  “Con la captura de 'Otoniel' el Clan del Golfo no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional como consecuencia de dicho hecho”, informa el documento. Y detalla que en la actualidad, la estructura narcoparamilitar opera “a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes, entre ellos, 1.461 armados”.

El informe sostiene que tras la desmovilización de las extintas FARC, luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el Clan del Golfo pasó a ocupar el vacío que dejó la guerrilla en algunos territorios.

De acuerdo con los reportes de otros paros llevados a cabo por diferentes grupos armados ilegales en los últimos tiempos, ninguno demostró  tal nivel de violencia y  de simultaneidad en tantas regiones.  Las autoridades registraron más de 150 daños  a la población civil y a las fuerzas de seguridad en 119 municipios de 11 departamentos del país. Entre los principales perjuicios, se registraron 12 homicidios selectivos, cinco tentativas de homicidio, bloqueos de 10 vías y cerca de 50 paros de transporte.

Las zonas más comprometidas por las acciones del Clan del Golfo se sitúan en la franja norte del país, en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar, Atlántico o La Guajira.

El ministro de  Defensa, Diego Molano anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos colombianos para quienes avisen sobre  el paradero de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, y Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias “Siopas”, los presuntos sucesores de 'Otoniel'.

Sin embargo, hay otras urgencias.  La noche del sábado el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, vivió horas difíciles debido a un hostigamiento a una estación de Policía cercana a Nutibara. El alcalde, Jorge Hugo Elejalde hizo un llamado al Gobierno central para que no deje a los policías del pueblo solos ante los ataques criminales y pidió al presidente  Duque, que “se apersone del caso”  porque  “Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño con 300 policías y escoltas que lo protegen, es hora que se venga para las regiones donde estamos sufriendo, aguantando hambre y no hay cómo sacar a los heridos y a las personas enfermas” arguyó.

El ‘paro armado’ se produce además en medio de la campaña electoral de los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo, unas elecciones cruciales enmarcadas en el contexto pospandémico y tras los sucesivos paros nacionales que sacaron a millones de colombianos – durante los ocho días que sacudieron a Colombia- a las calles exigiendo responsabilidades a la gestión de Duque. La violencia armada con que la policía y fuerzas paramilitares reprimieron la protesta social no alcanzó aplastarla.

El sondeo de Invamer del 30 de abril comprueba que Gustavo Petro, el candidato del frente de izquierda Pacto Histórico, sigue liderando la intención de voto. Lo sitúa en el 43% de las preferencias, a 7 puntos de ganar esquivando el balotaje

Las opiniones vertidas por los especialistas sobre el tema coinciden en su mayoría que el ‘paro armado’ –también calificado como “terrorismo puro y duro”- muestra la ineficacia del gobierno de Duque de ejercer soberanía y control territorial a la vez la inacción o acción retrasada frente a la violencia y advierten la posibilidad que esta entre en una espiralización de muy difícil control.

Esteban Salazar,  coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, mencionó, que lo ocurrido con el Clan del Golfo se puede equiparar a la extradición del 'Chapo' Guzmán en México, cuando finalmente las grandes perjudicadas fueron las víctimas del capo: “Cuando cayó el 'Chapo' se llegó a plantear el fin del Cartel de Sinaloa, que es uno de los aliados del Clan del Golfo en Colombia. Lo que sucedió fue que semanas después, el Cartel paralizó varios estados cuando se intentó proceder a la detención del hijo del 'Chapo', Ovidio Guzmán. Al final todo quedó en extraditaron al 'Chapo' a Estados Unidos, sus víctimas no supieron qué pasó realmente y no obtuvieron reparación, que es lo que está pasando acá ahora”.

Sin embargo ninguna de las consideraciones -ya señaladas que coinciden que  el ‘paro armado’ visibiliza la fuerza  del Clan del Golfo-  menciona que el tema central de lo mismo radica en el poder narcotráfico armado enfrentado a las fuerzas del orden del  Estado. Un conflicto asimétrico de larga duración que en su momento tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) de ideología marxista  y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ideología castrista y los paramilitares de extrema derecha vinculados al narcotráfico.

La respuesta del estado no puede limitarse al juicio y sanción de las conductas delictivas, sino y de manera muy distinta  prevenir esas conductas. Y antes de todo  precisar el carácter del problema o problema de fondo que continua siendo el narcotráfico.

Los grupos paramilitares - que en los últimos cuatro años se han fortalecido en algunos de los territorios históricamente más castigados por el conflicto colombiano- entre ellos el Comando del Golfo, son poderosas  máquinas de guerra gracias a su control del negocio de drogas ilícitas. Una fuerza parapolítica –nombre dado por los medios de comunicación en 2006 cuando descubrieron el Pacto de Ralito-  basado en la relación de políticos de distintos niveles con las organizaciones paramilitares nutridas con las rentas del narcotráfico. Si la detención de los líderes adquiere resonancia no asegura la desarticulación de los factores institucionales y políticos que son los que apoyan a la parapolítica y que representa uno de los desafíos más difíciles que deberá enfrentar el próximo gobierno de Colombia.  

Precisamente, ante el próximo escenario electoral el izquierdista Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico cuya vida ha corrido peligro en estos días lleva meses liderando los sondeos preelectorales. El último, publicado el 30 de abril por la empresa Invamer, lo sitúa en un 43% de intención de voto, a más de siete puntos porcentuales de la mayoría que le otorgaría la victoria esquivando el balotaje.

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