Guatemala Elecciones 2023 - Análisis

Por primera vez en 75 años, el Establishment derechista tendrá un rival de izquierda en el balotaje

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, el que tiene la mayor Area Metropolitana, y el de la economía más desarrollada, con un crecimiento que dobla a las restantes naciones del subcontinente. En Guatemala, desde mediados del siglo XX, los gobiernos civiles o militares, son autoritarios, son de derecha conservadora, y su personal es de la misma casta política. No es un país de partidos, las elecciones presidenciales funcionan casi como primarias con formaciones políticas ad hoc que seleccionan a los líderes oligárquicos que después ganarán el poder en segunda vuelta. La atomización es resultado de la 'vía guatemalteca al autoritarismo autocrático' antes que reflejo directo de una fragmentación social extrema. En este contexto fue posible, este domingo 25 de junio, que la esperada superioridad de Sandra Torres, conservadora y ruralista encontrara un inesperado rival para el balotaje, Con más del 11% de los votos, quedó en segundo lugar en primera vuelta el diputado y candidato del centro-izquierdista Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, “socialista espiritual”, presidente de Guatemala 1944-1950.

Son las segundas votaciones de este año en la región, en el marco del ciclo electoral latinoamericano (2021-2024). El 30 de abril, el oficialismo fue reelegido en Paraguay. La próxima cita electoral será en Ecuador, con elecciones anticipadas el 20 de agosto, después de que el presidente Guillermo Lasso activara la “muerte cruzada” a mediados de mayo. El 22 de octubre están programadas las elecciones generales en la Argentina, y finalmente, el año culminará con un importante plebiscito constitucional en Chile el 17 de diciembre. 

Diez millones de guatemaltecas y guatemaltecos de los 17.109.000 habitantes -según datos censales del Banco Mundial-, estaban convocados a las urnas para votar por el binomio presidencial, los 160 escaños en el Congreso, alcaldes y consejos en los 340 municipios de los 22 departamentos del país y 20 escaños en el Parlamento Centroamericano ante una prolífera oferta de 29 partidos. En este escenario político, si ninguna de las fórmulas presentadas obtenía al menos el 50% del voto en la elección presidencial, los dos principales candidatos debían avanzar a una segunda ronda el 20 de agosto.  Una recurrencia que ocurre desde el regreso de la democracia. Siempre ha debido recurrirse a un balotaje para elegir presidente en Guatemala. 

Crónica violenta de un proceso electoral accidentado

El proceso electoral previo a estas elecciones del domingo 25 de junio se ha caracterizado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones a los DDHH y una alta incertidumbre ciudadana.

“La falta de transparencia de los tribunales electorales que han descalificado a algunos candidatos, al tiempo que inesperadamente permiten que otros se pongan en la votación también ha creado incertidumbre entre los votantes” sostiene Mariela Fuentes, directora ejecutiva del movimiento de formación ciudadana Guatemala visible.

La eliminación de candidaturas presidenciales afectó al postulante por Prosperidad Ciudadana (PC), el empresario con discurso populista  Carlos Pineda quien sin experiencia política previa  lideraba las encuestas; la de Jordán Rodas ex procurador de DDHH compañero de la fórmula encabezada por Thelma Cabrera, lideresa indígena de izquierda del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), que ocupó el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y la del representante del partido conservador Podemos, Roberto Arzú , hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000).

Los tres han denunciado “fraude electoral” e instado a sus seguidores a emitir votos nulos o en blanco como forma de protesta. Los tres fueron percibidos como candidatos populares que amenazaron el status quo político, y sus descalificaciones fueron ampliamente vistas como motivadas políticamente.

El mismo tribunal permitió la inscripción de la candidatura de Zury Ríos, la hija menor del ex dictador militar fallecido Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 1982  con el apoyo de EEUU y que fuera condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013. Los tribunales habían bloqueado previamente la candidatura de Ríos debido a que la el artículo 186 de la Constitución prohíbe a personas involucradas en golpes de Estado o sus parientes optar al cargo de presidente y vicepresidente. 

Según un informe de El Faro English, en tanto estos candidatos han sido excluidos, otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico, han sido autorizados a participar en las elecciones. Este doble estándar ha generado preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y el caso de Zury Ríos no fue el único; se aceptaron las inscripciones de ex funcionarios y particulares de la coalición de derecha radical Valor-Unionista con condena de tráfico de influencias cargos, como también de postulantes a diputado por el partido CAMBIO procesados y sentenciados por lavado de narcotráfico. Y por corrupción y violación de los DDHH por el partido oficialista  VAMOS y el TODOS.  

De manera similar, la impugnación a las postulaciones de Sandra Torres Casanova, ex primera dama, divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron ‘salvadas’ con la ratificación de sus inscripciones en el Registro Electoral. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha. Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra quien participa por primera vez en política es un pastor evangélico que renunció a su ministerio unos días antes de inscribirse como candidato debido a que la  Constitución prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente.

La combinación ‘tóxica’ de estos hechos unidos a la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral provocó el aumento de la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar su integridad. Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE), y nacionales, como Mirador Electoral y la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), habían advertido en sus informes sobre la aplicación de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para inscribir y revocar candidaturas y la utilización de recursos judiciales para dirimir diferencias políticas, con daños irreparables a la credibilidad y legalidad electorales..

Guatemala en peligro de “vaciamiento”

Un “vaciamiento democrático”, en el cual la erosión o el retroceso democrático no lo produce la concentración de poder en manos de un mandatario autoritario sino “la dilución” y debilitamiento del gobierno como definen Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, que afecta a Guatemala y a varios países de la región,

En Guatemala , donde 59% de sus más de 17 millones de habitantes viven en la pobreza (el 50 por ciento de los niños de menos de cinco años sufre desnutrición), y que pese a su administración pública ineficiente sin un proyecto nacional, ha logrado un crecimiento macroeconómico sólido (bajo endeudamiento, inflación controlada y crecimiento constante), el fracaso del Estado que no ha reducido la informalidad (ronda el 80 por ciento) ni combate la inseguridad ciudadana ni el narcotráfico , genera medio millón de migrantes anuales, que huyen de su país que no les ofrece oportunidad alguna.

El deterioro institucional del país intensificado en la última década y profundizado en 2023 alcanzó a los organismos judiciales y a los responsables del funcionamiento electoral. Entre sus razones, la creciente apatía política y electoral a igual que el abstencionismo y principalmente, ausencia de vínculos entre la sociedad y los partidos políticos, personalistas y clientelares, que no rinden cuentas ante el electorado. En las elecciones del domingo, votó sólo un 60% del padrón. Pero entre esos votos, el número de impugnaciones fue récord: casi dos de cada diez votos emitidos fue una declaración de repudio al sistema político. No le será fácil la campaña a Arévalo. Pero tampoco imposible.

AGB