La protesta social llega a Lima y pide democracia al cogobierno de Dina Boluarte y las FFAA
“¡Devuélveme a mi hijo, asesina! ¡Me lo traes de vuelta, Dina!”. Después de tres días de agonía en un hospital, el viernes 13 había muerto su hijo de 15 años por la herida de una bala que le perforó el cráneo. No, no era mala suerte. Era buena puntería. Las dos decenas restantes de víctimas de la represión en la ciudad de Juliaca del martes 10, en el departamento peruano de Puno, sobre el Lago Titicaca, en el límite con Bolivia, también habían muerto desangradas por heridas fatales en la cabeza. Con balas de armas de guerra. Algunas, balas explosivas, según dijeron peritos oficiosos periodistas locales con los que habló elDiarioAR.
El miércoles 7 de diciembre, cuando el Congreso le traspasó el mando presidencial como sucesora de Pedro Castillo, destituido por “incapacidad moral permanente”, la abogada sexagenaria Dina Boluarte era una figura mal conocida. El periodismo destacó su vestido color 'pollo a las brasas'; se la empezó a llamar la 'presidenta accidental', la 'presidenta por azar'. Tardó poco en ganar perfil, en ganar la atención de la derecha, que descubrió en ella, que llegó al poder sin el voto, las cualidades que Keiko Fujimori, que había sido derrotada en tres elecciones presidenciales seguidas, nunca había tenido oportunidad de demostrar.
Desde el 7 de diciembre, Perú vivió dividido entre la voluntad popular de nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades nacionales, y la voluntad del Congreso, representado por la Presidenta, que llamó en su defensa a las FFAA, de retener el poder cuanto más tiempo posible. La oposición popular, que se advirtió encerrada entre estos muros donde la destitución de Castillo la había conducido, calificó al régimen de 'dictadura cívico-militar'.
El estallido social en Perú no parece encontrar retorno, acrecentado por la suma macabra de muertes y heridos debido a la intervención militar con armas de fuego en un contexto de estado de emergencia nacional declarado desde el 14 de diciembre. Siete días después de la destitución del presidente izquierdista, campesino y docente Pedro Castillo.
Intervención y represión
En el departamento de Ayacucho, la defensora del pueblo Eliana Revollar denunció la presencia de helicópteros que lanzan bombas lacrimógenas sobre Huamanga, zona que se encuentra bajo el toque de queda decretado por el gobierno nacional. Mar Pérez, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una coalición que agrupa a 78 organizaciones, el uso de armamentos de guerra prohibidos.
En Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia, donde se sostiene el paro indefinido desde el 4 de enero con epicentro en el sur del país de mayoría aymara, fuertemente movilizada, enfermeras del Centro de Salud Mariano Melgar, denunciaron que las Fuerzas de Seguridad estaban disparando “perdigones y balas sobre el establecimiento de salud” mientras atendían a los heridos tras la actuación de la Policía y el Ejército. “¿Qué más quieren? Ya han matado tanta gente. ¿Qué más quiere la presidenta?”, se preguntaba una de ellas ante una de las pocas cámaras que llegó hasta el lugar. Cuando se confirmó la matanza de 17 civiles en Juliaca, el primer ministro Alberto Otárola, justificó el comportamiento de las fuerzas del orden argumentando que hubo “violentistas” que los atacaron e intentaron tomar el aeropuerto de esa ciudad
Los episodios de Juliaca replicaron en otras localidades. En Cuzco o Lima, en los últimos días de diciembre se practicaron numerosas detenciones. “Detenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protesta”, afirmó Pérez, Coordinadora Nacional de DDHH, una coalición que agrupa a 78 organizaciones.
La presidenta Boluarte, quien ha sostenido ser parte de una venganza política machista por ser la primera mujer presidenta de su país, destituyó a los diez días de su nombramiento al Primer Ministro Pedro Angulo, el 19 de diciembre cuando la Defensoría del Pueblo informaba la cifra de 25 muertos y más de 560 heridos.
Boluarte, quien gusta autodefinirse como “presidenta en cumplimiento de la Constitución”, el 21 de diciembre nombró al ministro de Defensa, Alberto Otárola, en esa cartera también con muy poco prestigio durante el gobierno de Ollanta Humala, como nuevo Premier. Quien tampoco colaboró para pacificar. Por el contrario, Otárola en rueda de prensa culpó al expresidente Castillo y a sus aliados de la violencia desatada: “Ellos son los responsables”, dijo, “y no nuestros policías”; y, caracterizó a las 9 mil personas -cifra oficial- que se manifestaron en Juliaca como “hordas de delincuentes” que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”. La mención a los “dineros extranjeros” sin esfuerzo encuentra su conexión con la campaña oficial contra el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, a quien el gobierno ha acusado de “actividades de índole política proselitista” que han afectado la “seguridad nacional” de Perú.
La acusación sin pruebas resulta en sus efectos equivalente a la ausencia de respuesta de las autoridades que no sólo persisten en una misma línea de intervención sino que también justifican incriminando a los manifestantes de ‘terroristas’ o ‘vándalos’ u ‘hordas de delincuentes’ liderados por el ex presidente en prisión preventiva en Barbadillo por 18 meses
Miguel Levano, coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam Perú, expresó alarma: veían incumplidas “las limitaciones para el uso de armas letales que establecen las normas nacionales e internacionales”.
Investigación por genocidio: ¿cortina de humo?
La Fiscalía de la Nación de Perú ha tomado medidas y ha abierto este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, por distintos delitos, entre ellos, el genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, sí se puede hablar de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derecho, la acusación de genocidio no se sostiene técnicamente, porque el genocidio implica una serie de ataques contra la población que buscan eliminar a un determinado grupo. Si la Fiscalía ha presentado esa acusación que carece según amerita toda mirada informada de rigor técnico, puede también tratarse de una “cortina de humo”. La construcción intencional de la grave acusación sin fundamento no es nada difícil que sea rechazada en el Congreso.
El respaldo del Congreso al gobierno a 33 días de gestión y de muerte
El lunes 9 de enero, la presidenta Boluarte confesó no comprender por qué el país llevaba un mes de protestas en su contra, y escondió la cabeza durante las horas más amargas de su aún breve gestión, sin expresar ninguna “mea culpa” por la política adoptada ante el estallido social. Y el martes 10 de enero, el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por el Primer Ministro Otárola, con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. La totalidad de los bloques de derecha encabezados por la fujimorista Fuerza Popular votaron a favor a diferencia de la izquierda que mantuvo su rechazo al gobierno de la presidenta designada Boluarte.
La cuestión de la confianza ha sido uno de los focos centrales de la crisis crónica que atraviesa Perú, ya que ha supuesto un poder de veto del Congreso sobre los diferentes Ejecutivos. Sucedió en con el expresidente Martín Vizcarra, destituido en noviembre del 2020; y también durante el año y cinco de meses de gobierno de Castillo, quien debió sortear la aprobación de cada uno de sus cinco gabinetes en el Congreso. Ese poder del Congreso, dominado por los fujimoristas y la extrema derecha, tenía hasta el 2021 el contrapeso del Ejecutivo, que podía disolverlo en caso de rechazo de dos gabinetes, pero el Legislativo avanzó en limitarle ese poder al jefe del Estado como parte de la ampliación de sus poderes.
La coincidencia entre la mayoría congresal y Boluarte permite presuponer la expresiòn de una alianza política nacida desde la hora cero: la presidenta es producto de la vacancia de Castillo -lograda en el tercer intento- y no es improbable que haya sido parte del plan llevado a cabo para destituir al ex presidente Castillo luego que éste anunciara su intención de disolver el Congreso.
Una crisis del Ejecutivo, con una hipotética caída, significaría un adelanto de los tiempos electorales. Las preguntas, a un mes de iniciada la crisis, se detienen en quiénes son los que toman las decisiones y dónde reside el poder en un gobierno con una presencia militar cada vez mayor.
El viernes 13 de enero, el general Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y ahora director de investigación criminal, se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un “comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso”, en justificación de haber sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa que fueron trasladados al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna. Sin ninguna prueba, afirmó la existencia de una conspiración armada dentro del país, que “busca muertos” y se prepara para realizar la “toma de Lima”.
Boluarte pide perdón y no renuncia
La izquierda peruana sostiene los pedidos de renuncia de Boluarte, como lo manifestaron desde la ex congresista y activista de DDHH, Rocío Silva Santisteban hasta otras referentes progresistas como Verónika Mendoza o Mirtha Vásquez. “Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas 'fuerzas del orden', permitiendo que maten a más peruanos, la señora Dina Boluarte no puede seguir frente al gobierno #DinaRenunciaYa”, afirmó ásquez, quien se desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros durante el mandato de Castillo.
El pedido de renuncia de Boluarte se repite en cada protesta dentro del pliego de demandas de los manifestantes, que incluye el cierre del Congreso, elecciones generales en 2023, una Asamblea Constituyente y, en muchos casos, también la liberación de Castillo. Perú que cuenta y llora sus muertos se prepara para nuevas jornadas de paro y movilizaciones. Ya está anunciada para el 18 de enero en el marco de la ‘Marcha de los 4 Suyos’, los pueblos que forman parte de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por Minería e Hidrocarburos (CONACAMI) la llegada a la ciudad capital de Lima para exigir el cumplimiento de esas demandas. A las que suman la modificación de las reglas de juego del Jurado Nacional de Elecciones para convocar las elecciones generales en el 2023; el cese de la persecución judicial a líderes sociales, libertad de los detenidos e indemnización para los heridos y familiares de los fallecidos, como detalló Salas Charca, presidente de CONACAMI.
El viernes 13, la presidenta Boluarte apeló al Congreso para que acelere los trámites necesarios de elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió “perdón” y “así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia”. El poder persuasivo de las palabras de la Presidenta –quien sostuvo su permanencia del cargo, a pesar del fuerte reclamo para que renuncie- no ha hecho mella en las crecientes manifestaciones que luego de la pausa de fin de año se reactivaron. Nunca antes de la actual crisis, hubo en Perú tantos bloqueos -como otra manera efectiva de protesta- principalmente en las regiones de los Andes y la Amazonia, cercanas a las fronteras con Bolivia y Chile.
AGB
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