Segunda vuelta en Guatemala - Análisis
Salvada de la proscripción por un amparo, de cara al balotaje la centro izquierda guatemalteca debe sobrevivir el acoso político en un país donde siempre gobernó la derecha
El úlltimo domingo de junio, un electorado de 10 millones en un país de 17.109.000 habitantes, según datos censales del Banco Mundial, acudió a las urnas en Guatemala para escoger un binomio presidencial, y votar 160 escaños en el Congreso y 20 escaños en el Parlamento Centroamericano, decidir quién ocuparía alcaldías y consejos en los 340 municipios de los 22 departamentos. No faltaba oferta para elegir: 29 partidos presentaban candidatures presidenciales. En este escenario político, si ninguna de las fórmulas presentadas obtenía al menos el 50% del voto en la elección presidencial, los dos principales candidatos debían avanzar a una segunda vuelta el 20 de agosto. Una recurrencia que ocurre desde el regreso de la democracia. Siempre ha debido recurrirse a un balotaje para elegir presidente en Guatemala, tal como se verificó en estas elecciones a las que concurrió el 60% de la ciudadanía. Esto se debe a que la derecha, vencedora de todas las presidenciales en los últimos tres cuartos de siglo, entiende la primera vuelta como una suerte de primarias entre diversas facciones de su éspacio politico. Por primera vez, no es así, y por primera vez, ha parecido posible, la proscripción de una candidatura, por ser de centro izquierda, antes de que llegara al balotaje y pudiera rivalizar en las urnas con la contrincante.
Los candidatos ganadores en la primera vuelta de las elecciones generales fueron Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), por el partido de centro derecha Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 15,86% de los votos y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), por del partido de centro izquierda Semilla, que inesperadamente logró el segundo lugar para la presidencia con el 11,78 % de los sufragios. El candidato Manuel Conde por el partido oficialista de derecha VAMOS, quedó en el tercer lugar, con el 7,84 % de los votos.
Las elecciones se ganan en las urnas, no en las cortes
Los resultados no fueron aceptados por el establishment: nueve partidos cercanos al oficialismo pidieron la revisión de las actas por presuntas irregularidades, a pesar de que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y otros observadores internacionales avalaron el proceso electoral. Las denuncias sostenían que había más de mil actas alteradas, una cifra ínfima sostenida en el 0,82% de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales. La solicitud fue recibida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó un amparo provisional y ordenó una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos.
El pedido y su aceptación no están contemplados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos reguladora de las elecciones en Guatemala y, en consecuencia, cualquier impugnación debe resolverla el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no la CC. A pesar de esta infracción, el TSE ordenó que se realizaran las audiencias. Diversos organismos internacionales cuestionaron la orden –vista como una medida sin precedentes- de revisar los votos emitidos y realizaron llamados a oficializar los resultados.
Una eventual consecuencia de este hecho pudo haber sido la anulación de las elecciones. También, de no reconocerse el conteo de los votos que aseguraron el segundo lugar alcanzado por Arévalo, este hubiera sido ocupado por el candidato oficialista Conde.
Esta situación anómala señala Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y ex fiscal general de Guatemala es muestra de “cómo operan las instituciones cooptadas”. No es una voz aislada, sino que por el contrario la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones afines han denunciado que el sistema de justicia guatemalteco atraviesa una crisis sumamente preocupante debido a que existe según la CIDH, “una estrategia tendiente a su cooptación por parte de grupos y estructuras paralelas de poder involucradas en esquemas de corrupción e interesados en asegurar impunidad y la perpetuación de mecanismos de corrupción”. Los actuales magistrados de la Corte responden a estos intereses de garantizar la impunidad y favorecer la corrupción.
Elecciones en peligro
El 10 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “improcedentes” los recursos de amparo interpuestos por los partidos políticos de derecha para recontar los votos y estableció que el TSE había cumplido con la orden de la CC. El 12 de Julio, los resultados de la primera vuelta electoral se oficializaron.
El peligro real de que se anularan las elecciones quedó cancelado; la reacción ciudadana de proteger el voto, acompañada de importantes sectores nacionales e internacionales, fue crucial para evitar que se concretaran estos planes. Sin embargo, el riesgo latente de que se utilizara arbitrariamente el derecho penal en contra de los candidatos que competirán en la segunda vuelta, se hizo patente. El mismo miércoles 12, el juez Fredy Orellana del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla basado en la solicitud del director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche que depende de manera directa del Fiscal General de la República y del Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras.
Intento de “un golpe de Estado técnico”
Minutos antes de que se oficializaran los resultados de las elecciones del 25 de junio, Curruchiche informó la puesta en marcha un nuevo caso de corrupción e impunidad, denominado 'Corrupción Semilla', a raíz de la denuncia de un ciudadano en mayo de 2022, quien señaló haber sido adherido “ilegalmente” a este partido político. Curruchiche, quien en 2022 fue incluido en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, ha detallado que una prueba científica concluyó que la firma y letra del denunciante fueron “falsificadas”, por lo que remarcó que “existen indicios de que posiblemente, más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla falsificándoles su letra y firma”. Y añadió que fueron inscritos a la formación política “12 personas fallecidas”, al tiempo que indicó que Semilla pagó 7 quetzales (menos de un euro) por cada firma recolectada para la conformación del partido, lo que suma la cantidad de 175.000 quetzales (21.000 euros) “desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”.
El juez Orellana ordenó que “se suspenda provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla, por lo que no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido”. Y dio un plazo de 24 horas para cumplir lo ordenado.
La primera reacción de Arévalo fue asegurar en sus redes sociales que “los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer”, y advirtió, “la semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”. El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional“, establece que ”no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado“, por lo que Arévalo afirmó que la decisión que se ha tomado en contra de Semilla constituye es ”un golpe de Estado técnico“.
La intención de suspender a Semilla, a través del Ministerio Público y los tribunales, ilustra los principales mecanismos de control ejercidos por las élites políticas y económicas y las figuras de delitos organizados que se oponen al cambio. En lugar de adjudicar el poder en un solo jefe de Estado, esta alianza de intereses ilícitos se ha centrado en ejercer el control en la aplicación de la ley, los Tribunales y el Congreso, creando una marca única de autoritarismo que es menos personalista que sistémico. Estos mismos mecanismos en el período previo a las elecciones habían descalificado a tres candidatos debido a muy dudosos motivos por decisiones del Tribunal Superior. Arévalo quedó fuera de este destino, probablemente porque obtuvo solo un 3% de apoyo en la última encuesta importante tres días antes de la votación de primera ronda.
El jueves 13, por orden del Ministerio Público se allanaron las oficinas de TSE, para buscar material probatorio de la denuncia del fiscal Curruchiche. La pesquisa desencadenó masivas protestas ciudadanas frente Ministerio Público para mostrar su decisiva disconformidad con la suspensión del partido político Semilla, y la vez reclamaron la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
También numerosos sectores se manifestaron su oposición a la medida anunciada; entre ellos, los seguidores del Movimiento Semilla y Arévalo, la comunidad internacional, la cúpula empresarial, la Conferencia Episcopal e incluso la candidata presidencial Torres suspendió su campaña electoral en solidaridad con su oponente Arévalo.
Un amparo provisional para Semilla
El diputado Samuel Pérez por Semilla presentó un amparo preventivo ante la CC para evitar que el TSE acatara la orden del Juzgado Séptimo que fue otorgado el jueves 14, como ‘un amparo provisional’. En un comunicado publicado en redes sociales, la Corte explicó que la protección abre paso a que “la segunda vuelta electoral (presidencial) se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados”.
Arévalo si compite en el ballotage y gana la presidencia, se enfrentará a un Congreso dominado por la oposición. Vamos obtuvo una victoria masiva que lo convierte en el mayor bloque de la Legislatura, a pesar de la alta impopularidad del presidente Alejandro Giammattei por su implicación en una serie de escándalos de corrupción y por la baja confianza de la población en las instituciones. Semilla ganó 23 de los 180 escaños en las elecciones de primera ronda, el tercer bloque más grande del Congreso. Si esos escaños desaparecen, el Congreso será aún más firmemente controlado por los oponentes de cambio.
AGB
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