ELECCIONES EN URUGUAY 2024

— Análisis

Tres candidatos populares y dos plebiscitos impopulares

Aun con la propuesta en ciernes de una dramática reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que dirimirá uno de los dos plebiscitos convocados en simultáneo con las presidenciales, en las elecciones uruguayas del domingo 27 de octubre “no está en juego nada dramático”. Al menos, esto sostiene Adolfo Garcé, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República (UDELAR). A primera vista no hay rumbos contradictorios. Pero sí está en juego si en 2025 Uruguay va a seguir profundizando levemente el giro hacia el mercado, hacia la empresa, impreso por la actual administración de centro-derecha del presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco). O si va a volver a recorrer el camino hacia el fortalecimiento del Estado, a afianzar el papel del Estado en la economía, de la protección social, del welfare state con la izquierda del Frente Amplio (FA) que en el siglo XXI gobernó el país durante una década y media.

Crecimiento con igualdad, y con libertad, y viceversa, o el arte de la moderación sin tedio

El candidato frenteamplista Yamandú Orsi ha definido el tema de las elecciones uruguayas 2024 con otras palabras. Según él, lo que está en juego en las elecciones uruguayas es “un modelo de crecimiento con igualdad”, que él mismo considera representar, “o uno que siempre que le tocó estar hizo crecer la desigualdad”, dijo en entrevista al diario montevideano El Observador. En cambio, el candidato oficialista blanco Álvaro Delgado promete en su programa de gobierno “un segundo nivel de transformaciones” a través de un modelo “centrado en la libertad de las personas, en un Estado que contribuye desde las distintas políticas públicas a que cada persona pueda llevar adelante sus propios proyectos”.

En estas elecciones presidenciales hay un tercero en discordia, el candidato opositor Andrés Ojeda, del resucitado Partido Colorado. el consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba, ex asesor del ex presidente argentino Mauricio Macri y del ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, destacó que  “está haciendo algo interesantísimo con la campaña de Andrés Ojeda, que no tenía nada y va subiendo (en las encuestas)”,  en el canal argentino La Nación +, y agregó: “No sé si para ganar, pero cobra un gran espacio estrictamente haciendo esto: la nueva política, las nuevas formas de comunicación, que es lo que la gente actual entiende”.

El libro La nueva sociedad (2022) de Durán Barba y Santiago Nieto es lectura de cabecera de Ojeda.  “Durán Barba es el que mejor leyó el cambio de época. Cuando veo que hoy las campañas tradicionales están 30 años atrás, hablan de ciertas cosas, tienen un formato sobre cómo manejarse, una territorialidad vieja, y por esa razón Javier Milei, con todas sus cuestiones, es una persona que entendió el cambio de época, y por eso conecta de otra manera”, dijo en una entrevista el candidato colorado. Y fundamentó: “Todo es fugaz ahora y todo es muy cómico; el humor ha invadido todo. Es mucho más importante tener un buen productor de memes, que alguien que escriba un buen programa de gobierno, porque ‘memes ve toda la gente’”. Las declaraciones de Ojeda alertan sobre la presencia en estas elecciones de elementos novedosos en el electorado uruguayo que a primera vista parecieran ausentes si sólo se tiene en cuenta que el recién formado Partido Libertario, alineado con las ideas del presidente argentino Javier Milei, no superó el umbral de los 500 votos necesarios para competir en las elecciones generales. Con solo 485 votos, el precandidato Nelson Petkovich quedó fuera de la carrera presidencial.

Reforma constitucional del sistema previsional: el impulso y su freno  

Los tres candidatos más populares, presentan visiones diversas sobre temas económicos y sociales, pero han coincidido en un asunto clave: tienen que oponerse entre sí pero pueden oponerse los tres al plebliscito de reforma constitucional del sistema de jubilaciones y pensiones.

El plebiscito sobre la seguridad social fue convocado por la Central sindical uruguaya, Pit-CNT con más de 276.000 firmas. El mismo propone modificar aspectos importantes del sistema jubilatorio a través de una enmienda constitucional. De triunfar el SÍ y aprobarse el plebiscito se modificará el artículo 67 de la carta Magna y se incorporará la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional; la posibilidad que tanto varones como mujeres puedan acceder a la jubilación a los 60 años de edad en vez de 65, es decir, adelantar la edad jubilatoria, y retirar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) de los fondos de jubilaciones y pensiones privados.

Propuesto por la Central Única de Trabajadores de Uruguay, el plebiscito de reforma constitucional del sistema previsional contó en sus orígenes en la población con una aprobación que llegó a superar el 51%. A fines de septiembre, el apoyo que apenas superaba el 30 por ciento, después de que 122 expertos en economía frentaamplistas y el candidato presidencial Yamandú Orsi opinaran en contra. Resultados indicadores de por primera vez se ha producido una división en el interior del mismo FA, que después de su derrota en el 2019 realizó un proceso de autocrítica, amplió sus bases y renovó sus liderazgos manteniendo la unidad.

Un amplio espectro de sectores políticos se han opuesto a referéndum, desde el gobierno que ve amenazada la reforma de seguridad social que propulsó hasta sectores del Frente Amplio, incluyendo al propio Yamandú Orsi y al economista Miguel Oddone que sería su ministro de Economía si este candidato frenteamplista ganara las presidenciales uruguayas. Hay también quienes, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista dentro del FA, respaldan la reforma. La consulta, según los sondeos, contó en sus orígenes en la población con una aprobación que llegó a superar el 51% p pero terminó a fines de septiembre con un apoyo que apenas superaba el 30% según un sondeo de la encuestadora Equipos. Resultados indicadores de por primera vez se ha producido una división en el interior del mismo FA, el cual después de su derrota en el 2019 realizó un proceso de autocrítica, amplió sus bases y renovó sus liderazgos manteniendo la unidad.

La mayor parte de los economistas y del sistema político han advertido que esa reforma constitucional es fiscalmente inaplicable, e implicaría consecuencias en materia económica. Si el referéndum se aprobara, sostienen que el impacto en la economía y en la agenda del próximo gobierno sería enorme. En el corto plazo, vincular la pensión mínima al salario mínimo impondría una carga fiscal de más de 1.500 millones de dólares al Estado, que limitaría el margen de maniobra para la próxima administración y obstaculizaría cualquier esfuerzo de consolidación fiscal, que Uruguay necesita llevar a cabo para reducir su elevada carga de deuda pública y mantener su estatus de grado de inversión. También existe el riesgo de costos legales y de reputación con el fin del sistema privado de pensiones, que ha generado ahorros por más de 20 mil millones de dólares.

Ley de allanamientos nocturnos: una sociedad amortiguadora

El plebiscito de allanamientos nocturnos presentado  por parlamentarios de los cinco partidos de la coalición gobernante busca modificar  el artículo 11 de la Carta Magna: “El hogar es sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Con la papeleta amarilla del SI amarilla, el oficialismo con el argumento de que Uruguay es uno de los pocos países que no cuenta con esta herramienta propone  otorgar a la Policía la autoridad para allanar hogares en horas de la noche con orden judicial. Se trata del segundo intento consecutivo por habilitar estos allanamientos por la vía de consulta popular, incluidos en el plebiscito conocido como “Vivir sin miedo” que obtuvo el 46,8%  de los votos en las elecciones de 2019 y no el 50% +1 que se requiere. Esa propuesta incluía también crear una guardia nacional con 2.000 militares, el cumplimiento efectivo de las penas en determinados delitos, y la cadena perpetua también para ciertos delitos muy graves.

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