El último escalón de la ley trans en España, la norma que abrió una brecha en el Gobierno de coalición y dividió al feminismo

Salvo sorpresa de última hora, el Congreso aprueba este jueves la ley trans. La tramitación de la norma, que consagra la autodeterminación de género, supuso un conflicto político entre los socios de Gobierno que llegó a parecer irreconciliable. Dos años después del primer borrador, el Ejecutivo ha resuelto, al menos en la práctica, sus tensiones al respecto, pero no así el movimiento feminista, que sigue profundamente dividido. Este será el segundo 8M con dos convocatorias diferentes de manifestación, y la división responde, fundamentalmente, al conflicto surgido alrededor de la norma que saldrá hoy adelante definitivamente en el Congreso y también de la disputa política que la ha rodeado.

Era uno de los puntos que PSOE y Unidas Podemos incluyeron en su acuerdo de Gobierno: una ley trans. Los antecedentes no parecían augurar un gran conflicto. Tres años antes de la coalición, en 2017, el grupo socialista presentó una proposición de ley en el Congreso que reconocía la libre autodeterminación del género. Ese era el corazón del texto que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero presentaría ya en 2021.

La autodeterminación de género de las personas trans es el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Desde 2007 ya hay en España una ley sobre identidad de género que permite el cambio en el DNI, pero impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. La llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que se aprueba este jueves establece que entre los 12 y 14 años el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial; entre los 14 y 16, con consentimiento de los progenitores, y a partir de esa edad, sin condiciones. El Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud llevan tiempo insistiendo a los Estados para que despatologicen el proceso de cambio de sexo legal.

En 2020, pocos meses después de la formación del Gobierno de coalición, estalló el conflicto a cuenta del proyecto de ley que preparaba el ministerio de Montero. En junio de ese año, el PSOE lanzaba un argumentario interno “contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” y que criticaba el derecho “a la autodeterminación sexual”.

“Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica”, decía el argumentario, que fue difundido por distintas militantes socialistas en redes sociales. El conflicto se había fraguado de puertas adentro y había sido impulsado por un sector del feminismo tradicionalmente afín al PSOE –algunas de sus integrantes habían ocupado cargos socialistas o aún estaban en posiciones orgánicas– que pedía a su partido que fijara una posición crítica respecto a la autodeterminación de género.

Fue en febrero de 2021 cuando se conoció el primer borrador de la ley que había elaborado Igualdad. Inmediatamente después, el PSOE se desmarcó del texto, que, consideraba, solo reflejaba la posición de su socio de Gobierno y aún no había incluido las aportaciones de otros ministerios, como el de Justicia. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, marcaba la postura de su partido: “Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, dijo en una entrevista en la Cadena SER.

Hasta ese momento, el PSOE había apoyado e impulsado iniciativas similares en diez comunidades autónomas en las que ya regían leyes autonómicas que recogían el principio de autodeterminación de género, aunque sus implicaciones y alcance eran necesariamente diferentes a las que tendrá una ley estatal.

Punto de inflexión

La disputa feminista hizo que reconocidas políticas vinculadas al PSOE y otras veteranas académicas formaran nuevas asociaciones cuya razón de ser giraba en torno a la crítica a la ley trans, como la organización Contra el borrado de las Mujeres y, más tarde, el Movimiento Confluencia Feminista. Los 25N y 8M posteriores a la pandemia sirvieron para escenificar el desencuentro en el movimiento: convocatorias diferentes, lemas muy distintos. Si las posiciones del feminismo siempre fueron diversas, la disputa política, la pelea por la hegemonía en el movimiento y los tiras y aflojas internos de los partidos sirvieron para polarizar el debate y hacer muy difícil el encuentro. Los colectivos LGTBI se mostraron siempre muy críticos con las posiciones del PSOE, al que llegaron a amenazar con expulsarlo del Orgullo.

El punto de inflexión sucedió en verano de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció cambios en su gabinete y uno de ellos era la salida de Carmen Calvo. El PSOE celebró también su congreso, en el que las enmiendas impulsadas por un grupo de militantes que buscaban que el partido fijara una posición crítica con la ley trans no prosperaron. Por el contrario, la postura a favor de la autodeterminación de género ganó fuerza. Carmen Calvo, hasta ese momento secretaria de Igualdad de la formación, fue sustituida por Andrea Fernández, que ha defendido la necesidad de la norma tal cual se aprueba este jueves.

Varias exdirigentes socialistas críticas con la ley impulsaron la creación de la Asociación Española de Feministas Socialistas, mientras que un grupo de activistas e intelectuales formaron la agrupación Feministas al Congreso para configurarse como una alternativa a los partidos progresistas que apoyaban la autodeterminación de género.

En otoño de 2022, el PSOE anunció la presentación de enmiendas a la norma, que finamente se quedaron en una: que los menores de entre 14 y 16 años tuvieran que pedir permiso a un juez para cambiar de sexo. El pasado diciembre, la Comisión de Igualdad aprobaba la norma y rechazaba esa enmienda. Esa última tensión hizo que la histórica militante socialista Carla Antonelli se diera de baja del partido.

La aprobación definitiva de este jueves en el Congreso no cierra por completo ni el conflicto interno abierto en el PSOE ni las divisiones que existen en el movimiento feminista, que han vuelto a recrudecerse por la polémica creada con las revisiones de condenas a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Sí es el punto de llegada de una negociación que en algunos momentos pareció imposible y, sobre todo, el punto de partida para que España empiece a aplicar una norma que converge con las recomendaciones internacionales y que es celebrada por todos los colectivos que agrupan y acompañan a las personas trans, también por una parte del feminismo que la considera una pieza más de la lucha.