La Confederación índígena ecuatoriana, movilizada en pie de guerra por la causa penal abierta contra el líder social Leonidas Iza

Los movimientos indígenas convocan a apoyar a su líder máximo y acusan al gobierno de Guillermo Lasso de criminalizar la protesta social. A partir del lunes se ha activado el curso procesal del juicio penal en el que Leonidas Iza está acusado de supuesta afectación a un servicio público durante las protestas contra el Gobierno en el Complejo Judicial de Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi, cerca de donde el reconocido dirigente fue detenido la madrugada del 14 de junio.  

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases por Twiter a participar en “Plantón de apoyo y solidaridad con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, acusado injustamente por el Gobierno que pretende criminalizar la protesta social”. “Pueblos en alerta en la audiencia de juicio”, añadió la Conaie en su mensaje por la red social, donde otras organizaciones sociales han expresado su temor de una “criminalización de la protesta social”.

En el proceso se prevé que intervengan el presidente de la República, el conservador Guillermo Lasso, y su ministro del Interior, Patricio Carrillo.

 

Crónica del arresto 

El líder indígena fue arrestado en el sector de Pastocalle, donde grupos de campesinos habían cerrado una carretera en el marco del “paro nacional indefinido” convocado por la Conaie, que agrupa 14 comunidades originarias de Ecuador, contra la política económica del Gobierno y la carestía de la vida, una protesta que se extendió durante 18 días hasta el pasado 30 de junio.

La detención de Iza, en el inicio de la protesta, acrecentó  las manifestaciones. De manera inmediata, referentes de la Conaie y otros  dirigentes hicieron un llamamiento a “radicalizar” las protestas y exhortaron a los organismos internacionales a seguir vigilantes lo que consideran una vulneración a los DDHH y al derecho a peticionar a las autoridades.

Pocas horas después una jueza de Latacunga, tras aceptar como válido el arresto, lo dejó en libertad bajo condiciones de presentarse periódicamente ante el tribunal, mientras continuaba el proceso.

En libertad condicional, el decano líder índigena Leonidas Iza se presentó ante una multitud en la provincia andina de Cotopaxi centro. Proclamó que no había  desafiado la Ley, ni había  incurrido en acciones de sabotaje o terrorismo y reiterando la continuidad de las protestas indígenas apeló a la unidad de todos los pueblos.

Las protestas de octubre de 2019, lideradas con eficacia por Iza, acabaron con el futuro político de Lenín Boltaire Moreno, el antecesor de Lasso en la presidencia

Al ser arrestado el líder indígena, Carlos Poveda, el abogado defensor de Iza, había advertido sobre una detención arbitraria y a la fuerza, y que no se le leyeron sus derechos constitucionales al momento del arresto, como dicta la norma. Esta violación de las reglas por la policía es una falsedad, declaró el Ministerio del Interior.

Cuando la  Policía nacional (sin conocimiento previo de la Fiscalía) procedía a detener a Iza, la intervención de Patricio Copara, un dirigente juvenil de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en contra la fuerza pública dio lugar a que el entonces detenido líder pronunciara una frase que se viralizó en las redes sociales e incluso originó un meme :  ‘¡Patricio, déjale! ¡Ve, Patricio!’ 

Poco después de la detención, el presidente Guillermo Lasso justificó los arrestos y denunció actos de vandalismo provocados por los manifestantes. Rompió un proceso de diálogo en el que participaba el mismo Iza, y lo increpó de supuestos intentos desestabilizadores, aunque luego avaló los acuerdos y el “Acta de paz” que puso fin a la movilización social.

“Acta de Paz”

La protesta indígena, apoyada por sindicatos y otros grupos sociales, concluyó el pasado 30 de junio con un “Acta de paz” en la que intervinieron el Ejecutivo, la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), contando en el proceso con la mediación de la Conferencia Episcopal ecuatoriana, que contenía compromisos del Gobierno y soluciones parciales a las demandas sociales. Entre los temas pactados se destacan la reducción de cinco centavos más al precio del galón de la gasolina extra y eco país, así como al diésel. En total se tratará de una reducción de 15 centavos, teniendo en cuenta las disminuciones aprobadas por el gobierno durante el desarrollo de las fuertes protestas. Con las nuevas disposiciones, el costo por galón de los dos tipos de gasolina en el país se ubicará en 2,40 dólares, mientras que el de diésel será de 1,75 dólares.

También el Gobierno se había comprometido a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas. El presidente Lasso anunció la consulta previa e informada sobre estos temas de interés y la Conferencia Episcopal ecuatoriana advirtió que se instalarán mesas de seguimiento de estos acuerdos.

Durante los 18 días de protestas, el Gobierno declaró en dos ocasiones estados de excepción en ciertas provincias, pero sólo se mantiene en vigor en las andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana.  No obstante, el mandatario derogó el toque de queda nocturno que había impuesto en las de Azuay, Sucumbíos y Orellana.

AGB con información de medios y agencias