El caso Loan y los mitos sobre las fronteras

La desaparición de Loan, con todo el drama humano que implica, reabrió el capítulo sobre la Argentina con sus límites internacionales y, específicamente con sus fronteras, entendidas estas como zonas o áreas que vinculan procesos sociales, en este caso hablamos de países, de ciudades, de movilidades, de legalidades y, claro, también de ilegalidades. 

Cuando las fronteras internacionales son habladas en discursos políticos o mediáticos, en general se hace referencia a conceptos como “seguridad” y “control” y a adjetivos como  “porosas”, “colador”, etc. Cada una de estas ideas pone de manifiesto supuestos y percepciones sobre cómo debería ser (o no) una realidad que la mayoría de las veces nos es ajena, principalmente porque esos discursos son construidos desde el centro portuario (Buenos Aires) y la frontera internacional más cercana es con Uruguay.  

Argentina es el octavo país del mundo en superficie. Tiene más de 5.000 kilómetros de fronteras internacionales y comparte límites con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Con todos esos países también existen triples fronteras. A pesar de eso, existe una construcción social y política acerca de “LA” triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay como una zona donde las amenazas a la seguridad nacional son mayores.

De esta forma, cuando se hace referencia a las problemáticas de frontera y a temas de seguridad, en general se habla de las provincias del norte: Misiones con Brasil y Paraguay, Formosa con Paraguay y Bolivia, y Salta y Jujuy con Bolivia. Tanto Chile como Uruguay son excluidos. 

A su vez, Argentina cuenta con 158 Pasos de Frontera Internacionales los cuales, tras el Decreto 68/2017 sólo 14 se encuentran bajo administración de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera, en la órbita del ex Ministerio del Interior. Estos 14 Centros de Frontera son lo que tienen mayor tránsito de personas y volumen de carga. Los restantes 144 son administrados por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad.

A ese entramado institucional se le suman que las fuerzas de seguridad hacen trabajo de seguridad y control en toda la Zona de Seguridad de Fronteras (Ley Nº 15.385/44 y su reciente modificación en el decreto 253/2018), pero se le suman la Dirección Nacional de Migraciones –encargada de las funciones de control migratorio-, el SENASA –control fitozoosanitario-, la ADUANA –control de cargas, con apoyo de las fuerzas de seguridad- y la CNRT –control de transporte para camiones y micros, también con apoyo de la GNA- como otros organismos del Estado Nacional que cumplen funciones de control para el ingreso y egreso de personas y cargas. 

Las zonas de frontera, especialmente la frontera norte de Argentina involucra una variedad de actores sociales y políticos y de intereses y necesidades que coexisten con la “idea pura” del control en sí mismo. Frente al “colador” hay tradiciones, movilidades, cotidianeidad, familias, comercio. En ese marco es que se superponen ordenamientos políticos, necesidades locales y problemáticas globales. 

Así como muchas veces las Fuerzas de Seguridad reemplazan la falta de otros organismos y hacen de policía, de garantes de la seguridad frente a las dificultades de las provincias y ciudades, los contextos socioeconómicos favorecen el surgimiento de actividades ilegales como fuente de empleo y subsistencia. Y, sobre estas estructuras sociales debilitadas y empobrecidas donde se superponen las competencias y capacidades de ciudades, provincias, del país vecino y el Estado Nacional, también aparecen las grandes organizaciones criminales que importan y exportan bienes de forma ilegal, desde armamento y estupefacientes hasta soja y personas. 

Una pregunta que siempre surge cuando se piensan en estos temas es si la solución a esos problemas va de la mano de mayor inversión en recursos para las fuerzas de seguridad, mayor presencia y capacitación, modernización de los dispositivos de control tecnológicos, etc. o si hay que priorizar los aspectos económicos y sociales, ya que sólo a partir de la mejora de las condiciones de vida, empleo, vivienda, salud, educación, las conflictividades que surgen en los territorios fronterizos disminuirían. 

En todo caso, así como los últimos gobiernos oscilaron entre estos dos polos sin punto medio, una política de frontera a mediano plazo debiera involucrar ambos aspectos en una mirada federal, moderna y científica.  

¿Tenemos que pensar los límites internacionales como fronteras inexpugnables? ¿Protegernos de lo maligno que estaría de un lado o del otro de la frontera? ¿La frontera como epidermis del país, según la metáfora biologicista heredada del siglo XIX con la formación de los Estados Nacionales?  

Acercándonos al cuarto del Siglo XXI y, habiendo transcurrido más de 30 años de la creación del MERCOSUR, es importante preguntarse sobre qué política no sólo nacional, sino provincial y local, en vínculo con los países vecinos, se van a fortalecer desde el Estado, para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo en las fronteras, así como cuáles van a ser las capacidades operativas y las expectativas sobre las fuerzas de seguridad en un contexto de proliferación de grandes grupos criminales. 

Es decir, las problemáticas en las diferentes zonas de fronteras del país tienen sus particularidades en el contacto con un país vecino, en formas de la vida social y comercial que muchas veces funcional por fuera de la legalidad. Pero también, existen similitudes con el resto de las dificultades socio-económicas y de seguridad que atraviesa la Argentina de norte a sur y de este a oeste y que requieren una mejor presencia de los estados nacional-provinciales y municipales con todos sus organismos. 

La realidad es compleja pero no inabordable si sumamos sentido nacional, proyecto, coordinación e inteligencia colectiva.  

El autor es doctor en Ciencias Sociales y Profesor Seguridad Internacional EPyG-UNSAM