Deuda y compensación ambiental: ¿quién le debe a quién?

“Marca la cancha, Argentina

La deuda ya no es contigo

Es con tu tierra, es con tus ríos

Con el futuro, con tu pueblo“

Evita, adaptación de la ONG Avaaz

Una mujer con vestido de gala blanco y un imponente rodete rubio invadió las puertas del Fondo Monetario Internacional en la 19th Street de Washington. Fue en el contexto de la apertura (virtual) de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM). La Evita activista interpretó versiones de No llores por mí, Argentina, en las que resignificaba el rol de Argentina por su condición de acreedora en materia ambiental. Dos voluntarios de la organización Avaaz, con base en Nueva York, sostenían a sus costados una bandera con la inscripción “Marca la cancha, Argentina: que los países ricos paguen la deuda ecológica”.

Esta protesta golpeó el corazón de las instituciones financieras que fueron las responsables de los programas de ajuste estructural que, de la mano de las recetas de austeridad, hundieron a los países de la periferia en un espiral que les impidió ampliar derechos sociales y protecciones ambientales. El director de programas de Avaaz, el santiagueño Oscar Soria, consideró que “la renegociación perpetua de la deuda soberana entre países ricos y pobres es una característica cruel de una mentalidad colonial que cree que está bien que los ricos se beneficien de las riquezas naturales y los recursos de los pobres, con poca preocupación por ayudarlos a salir de la pobreza”. 

Es que incluso esta “ayuda” no es suficiente. Según los datos del antropólogo suazi Jason Hickel, el Norte Global transfiere unos 130 mil millones de dólares anuales en ayuda financiera a los países del sur. Sin embargo, sólo por gastos de propiedad intelectual bajo el discutido acuerdo TRIPS que hoy restringe las patentes de las vacunas contra el Covid-19, el sur pierde 60 mil millones. Y se pone peor: sólo en intereses de deuda, el sur paga unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan (y giran a sus países de origen) a partir de la explotación de los recursos naturales. Los gastos siguen hasta el punto tal que, por cada dólar que el sur recibe de ayuda, salen 24 dólares netos de sus arcas. La ayuda es un fraude de diseño que mantiene al sistema en movimiento.

Sólo en intereses de deuda, los países de sur pagan unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan a partir de la explotación de los recursos naturales.

¿Por qué pasa esto? En principio, porque si bien el sur tiene 85% de la población, en las dos instituciones que gobiernan la economía global (el FMI y el BM) sólo tienen el 40% de los votos. En el caso de América Latina y el Caribe, sólo tenemos un cuarto por cada voto de los países del norte global. Esto sin contar el poder de veto que tiene Estados Unidos, que también lo ejerce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Esta inequidad en el control de la gobernanza global es fundamental para sostener el desequilibrio en los flujos financieros. 

Sólo en un sistema con esos niveles de inequidad es que se pueden tolerar situaciones como la que atravesamos con las vacunas. Sólo aceptando esas reglas de juego nos podemos seguir considerando deudores en un mundo en llamas por las políticas de desarrollo y acumulación de los más privilegiados. No nos confundamos: el norte es responsable del 92% de la crisis climática. Este enfoque analiza el exceso de las 350 partículas por millón de CO2 en la atmósfera (umbral “seguro”) desde un análisis que considera un acceso equitativo per cápita a los bienes comunes atmosféricos. Si cada ciudadano tuviera el mismo acceso, sólo el G8 sería responsable por el 85% de la crisis climática actual. No es excusa para seguir contaminando, pero sí para “revisar profundamente”, como dice Soria, “quién le debe a quién”.

Avaaz consideró un reciente estudio de la Universidad de Cambridge que reveló que Argentina estaría entre los únicos tres países con un superávit positivo si se incluyera la variable climática al análisis de las deudas soberanas. No obstante, la autora Patryjca Klusak reconoce que “no se deben sobreinterpretar estos hallazgos contraintuitivos, porque la capacidad predictiva del modelo para esos países [se refiere también a Irak y Ecuador] es relativamente baja”. Por otro lado, un estudio de la Academias China de las Ciencias, concluye que el país tiene un “PBI verde” —integración de la valoración ecosistémica a la contabilidad económica tradicional— más de cien veces superior al saldo total de la deuda externa con el FMI (cinco billones y medio de dólares sobre 46 mil millones, sin contar los intereses). Esto habilitaría al país un escenario muy razonable para plantear la suspensión de pagos por criterios ecológicos. Por los niveles europeos de nuestras emisiones per cápita y nuestra “huella material” (cantidad de materia prima extraída sobre necesidades finales de consumo), estamos en una situación compleja que demanda un compromiso adicional para avanzar en una rápida descarbonización de nuestra economía sin la presión de los vencimientos de pago.

El planteo de Avaaz da en el clavo en una situación única: la triple crisis climática, sanitaria y económica requiere acciones inéditas. La propuesta de suspender las deudas a cambio de garantizar la regeneración ecológica podría abordar todos estos problemas a la vez. Lo que urge es una estrategia conjunta de los países del G77 para presionar a las principales economías en este sentido. Así como el mundo exige la liberación de las patentes, puede exigir la suspensión de pagos y correr el umbral de lo posible para hacerlo realidad.

Ahora bien: ¿es la condonación un reconocimiento por los servicios ecosistémicos prestados en el pasado? ¿Supondría un compromiso de los deudores financieros a invertir esos recursos en la conservación futura, como empiezan a considerar el FMI y el Banco Mundial? Por otro lado, ¿cómo pagan los países del norte el saldo por el daño histórico que causaron? 

En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco lo dice claro: “conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos”. Por esos niveles insostenibles, la humanidad consume hoy recursos equivalentes a más de un planeta y medio. El decrecimiento del norte es imperioso. Una vía para empezar a transitar esa senda, podría ser la suspensión de pago de las deudas con estas instituciones financieras que podrían aliviar la carga sobre el extractivismo del sur y ralentizar el crecimiento de las economías desarrolladas. Un abordaje integral para avanzar hacia la justicia social y ecológica, como exigió la Evita militante en la capital del poder central.

MF