Impuesto PAIS y barrios populares: no destruyamos lo poco que construimos entre todos

En tiempos de todos contra todos, aún subsiste una política pública que logró trascender la grieta y mejorar la vida a cientos de miles de personas que viven en los barrios más pobres de nuestro país. En tiempos donde nadie escucha a nadie, vale la pena tomarse unos minutos para descubrir esta experiencia, insuficiente pero necesaria, que en pocas horas puede ser objeto de la pulsión destructiva que se dispersa en la sociedad y la política. Lo que pido es que cuidemos una obra bien hecha de la que todos fuimos parte y que funciona desde la Córdoba de Llaryora a la Formosa de Insfrán: la política política nacional de integración sociourbana.

Contraintuitivamente, la mayor política pública de regularización y mejoramiento de barrios populares comenzó durante el macrismo. Fue jalonada por los reclamos históricos de los vecinos y vecinas más postergados y negociada de buena fe entre personas de pensamiento político diametralmente opuesto. Los interlocutores por parte del gobierno eran Rodriguez Simón, Quintana, Stanley y Torello, con la supervisión del propio Marcos Peña y supongo que también de Mauricio Macri. 

Esta negociación —de la que estamos orgullosos— nos valió agrias acusaciones de los que no entienden que la democracia constitucional implica, precisamente, salir de la mentalidad bélica amigo-enemigo y construir acuerdos por el bien común, tan distintos a los pactos de poder que muchos críticos realizan a la sombra del secretismo palaciego. 

El primer paso fue en el 2017, con la creación del ReNaBaP por un decreto presidencial. Un registro que, incorporando tecnología de punta, realizaron técnicos y relevadores en todo el territorio nacional. Fueron más de trece mil personas que detectaron, georeferenciaron y relevaron manzana por manzana, casa por casa, más de 4000 barrios populares. Este ejército de voluntarios de movimientos sociales, la ONG TECHO de mucho prestigio en el sector empresario y Cáritas Argentina construyó la cartografía de un espacio invisibilizado por el rojo-peligro. 

Se consolidó en el 2018 con la Ley de Integración Socio Urbana, presentada por Carrió, Massot y Negri, que cuando parecía naufragar por dudas del Gobierno Nacional en torno a la expropiación de los lotes donde se asientan los barrios —expropiación que finalmente se realizó en los marcos constitucionales sin una sóla reclamación sobre la sacrosanta propiedad—, obtuvimos el apoyo indispensable de Cristina Fernandez de Kirchner que la defendió frente a los propios que no comprendían la trascendencia de la norma. Luego, fue votada por unanimidad en ambas cámaras y tuvo a Silvia Lospennato y Fabio Quetglas en Diputados y en el Senado a Miguel Ángel Pichetto como impulsores del acuerdo pluripartidario. 

En esos años se pudo establecer un piso de acuerdos políticos, que se acompañó con un trabajo técnico ejemplar. Lograron algo tan básico y necesario para el Estado como es delimitar un problema complejo y planificar su resolución a corto, mediano y largo plazo. Por primera vez el Estado Nacional pudo identificar todas las villas y asentamientos del país, la cantidad de familias, suspender allí los desalojos, garantizar seguridad jurídica para habitantes y dueños de las tierras, saber qué servicios faltaban y cuánto costaba realizar las obras básicas necesarias para garantizar lo mínimo. 

En tiempos egoístas y mezquinos, un objetivo común logró unir a todas las fuerzas políticas en el Congreso y a todas las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. 

Pero también es cierto que durante el gobierno macrista no se pudo poner ni un foquito de luz, porque faltaba el presupuesto. Se había avanzado en objetivos nobles, trazados por las propias Naciones Unidas, como la seguridad en la tenencia y el reconocimiento de la vivienda familiar, pero las obras de integración verdadera faltaban porque no se destinaba el presupuesto suficiente. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández —por impulso del propio Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán— se destinó el 9% del impuesto PAIS, y luego —por impulso de Máximo Kirchner— el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Toda la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables. Cualquier gobierno provincial o municipal, del color político que sea, puede hacer uso de esos fondos, siempre y cuando se trate de proyectos de integración socio urbana o nuevos loteos para familias sin vivienda propia, priorizando a las que están en situación de hacinamiento extremo. Esta fue la práctica de la SISU —con la villera y catequista Fernanda Miño a la cabeza— durante el período 2019-2023. Hubo obras en distritos azules, amarillos, provincialistas, del color que fueran, en las 23 provincias + CABA , y en 241 municipios. 

Hubo una cantidad impresionante de obras, por ejemplo, en la Córdoba de Martín Llaryora. Porque en Córdoba hay 37.000 familias viviendo en barrios populares, el 59% de los barrios cuenta con conexión irregular a las redes de servicios. A partir de la inversión con el impuesto PAIS, se logró alcanzar al 10% de estos hogares, con la creación de miles de lotes con servicios, mejoramiento de viviendas y la ejecución de obras integrales 

La experiencia de Córdoba se replicó, en mayor o menor medida y con mayor o menor eficiencia, por parte de los gobiernos provinciales y locales, en todos los distritos y provincias: desde la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta, hasta la Salta de Gustavo Sáenz, desde la Quilmes de Mayra Mendoza hasta el San Isidro de Gustavo Posse, hoy gobernado por Ramón Lanús, también impulsor de la ley en 2018. 

Tanto los gobiernos provinciales como locales, tanto los movimientos sociales como las organizaciones eclesiales podían presentar sus proyectos que eran perfeccionados técnicamente en la SISU y elevados al Directorio del Fondo de Integración Socio Urbana para su aprobación. No hubo una sola denuncia de corrupción o discrecionalidad. 

Del mismo modo, el programa Mi Pieza —que resolvió la situación de hacinamiento crítico de viviendas muy precarias de los barrios populares para trescientos mil hogares— abordó el problema de la discrecionalidad que genera escasez de recursos en relación a la demanda de personas en idéntica situación mediante el único mecanismo justo que inventó la humanidad ya en la antigua Atenas: el sorteo público y transparente.

Con el programa ARCAS y Lotear —que debería masificarse hasta cubrir la demanda del millón de lotes de familias inscriptas en el Registro Único de Solicitantes— se logró la creación de suelo urbano legal y con servicios para decenas de miles de familias que, de otro modo, posiblemente hubieran terminado en asentamientos precarios o estafados por loteadores como los de González Catán, arriesgando su vida y la de sus hijos, poniéndose sin desearlo en situación de ilegalidad por la imposibilidad de encontrar una vía legal de resolución de ésta necesidad básica. 

Un ejemplo de la integralidad de este trabajo lo podemos encontrar en Mar del Plata dónde se realizaron 48 obras, algunas de gran envergadura, en un municipio gobernado por Montenegro, un alto dirigente del PRO que no tiene particular simpatía con los movimientos. Es lindo el ejemplo porque a pesar de los conflictos entre las organizaciones y la intendencia —algunos incluso escalaron nacionalmente— se pudo trabajar normalmente en relación a las obras concretas. Cerca del 90% de los barrios de Mar del Plata cuenta con una obra financiada por el FISU, ya sea a través de un proyecto de integración socio urbana ejecutado por la Provincia, el Municipio o alguna de las 18 entidades de la sociedad civil presentes en el territorio o a través del programa Mi Pieza. La Ciudad también es conocida por el alto déficit habitacional que impacta de lleno en las dinámicas de la Ciudad, para revertirlo desde el FISU se financiaron seis proyectos de lotes con servicios que generaron 600 lotes con servicios, brindando acceso a la tierra a más de 2.400 personas.

En los 3 años que el Fondo tuvo presupuesto disponible se hicieron 180.000 conexiones domiciliarias a los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad y gas), 2.000 kilómetros de redes, 300.000 mejoramientos de viviendas, polideportivos, luminarias, mobiliario urbano y más de 24.000 nuevos lotes con servicios. Se generaron 188.829 puestos de trabajo adecuadamente remunerados, gran parte en manos de los mismos vecinos y vecinas de los barrios. Todo ello fue merecedor de premios internacionales y está descrito con claridad en los informes de gestión y catálogo de obras. 

Entre hoy y mañana se va a discutir si se le quita o no el financiamiento a esta política, la continuidad de las obras en ejecución, la realización de obras nuevas. Hay personas de todos los partidos y bloques que quieren defenderla. Lo hablamos con Negri, Lousteau y Massot, lo hablamos con Martín Llaryora que lidera el scrum de gobernadores que piden la coparticipación de parte del impuesto PAIS y, desde luego, también con el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos acuerdan la importancia de dejar el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana. 

Lamentablemente, en el proyecto original, su autor (Sturzenegger tal vez) proyecta su desprecio a los pobres eliminando el porcentaje del impuesto PAIS que tiene asignación específica para la urbanización de los barrios. El financiamiento del FISU, dice la Ley Ómnibus en su redacción original, será exclusivamente a partir de las multas a las protestas sociales. ¿No es una cínica burla clasista? Afortunadamente, otros interlocutores dicen que van a defender el presupuesto para las obras de integración urbana, algunos en off y otros lo plantearon en sus disidencias al dictamen de mayoría (UCR y Coalición Cívica). 

Lo cierto es que si no hay acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, el artículo del impuesto PAIS debe modificarse para que al menos el 9% siga vigente. Si hay acuerdo con los gobernadores, que no se haga a costa de dejar a los barrios populares sin financiamiento. Dejarlo como en su redacción original o eliminarlo para incrementar la coparticipación son dos formas de traicionar a los humildes. 

Hay un dato curioso que señaló Sebastián Welisiejko, economista y empresario, secretario de integración urbana bajo el gobierno de Macri. Welisiejko decidió construir en la Quinta de Olivos una vivienda social sustentable prototipo con la técnica de mi querido hermano el padre Mariano Oberlin. La idea —más que buena— era que todos los funcionarios vean lo que se podía hacer para mejorar la situación habitacional de millones de argentinos. Una técnica local desarrollada en conjunto por cooperativas, empresas e iglesias. ¿Qué función cumple ahora? Es la casa de los perros de Milei. No acuso a nadie, es una triste metáfora. 

Este acto simbólico nos muestra lo que va a pasar en la Argentina si no defendemos las cosas que hicimos bien, sean de la gestión que sean: los perros de Milei —o de Alberto— van a vivir y comer mejor que el 65% de los niños de este país. Y no es una metáfora, ya está pasando.

JG/DTC