Opinión/ Fuego en la Patagonia

Todo incendio es político

La pregunta es: ¿cómo creen que se puede arreglar

un mundo donde todos llevan la razón?

Fito Páez, La canción de las bestias

Quiero escribir sobre los incendios de la Patagonia. Por favor, ténganme paciencia. No me resulta fácil escribir sobre los incendios. Uno me ahogó hace dieciséis años. Gracias al azar, a la salud pública, a mi familia y amigxs, acá estoy. Pasaron muchos años: Greta Thunberg tenía un año, el dólar valía tres pesos y el boleto del colectivo, 75 centavos. Parte de la juventud que, sin darme cuenta, ya dejé atrás, ni sabe que en Cromañón murieron 194 pibes. Que una generación quedó rota por el fuego que nació un 30 de diciembre de 2004 en un recital de Callejeros. Que nos extinguimos los rolingas, se extinguió el rock barrial, se empezó a consolidar el macrismo en la ciudad y que, aunque algunos antros cerraron por un rato sin protocolo ni razón, el valor de la coima creció sólo para hacer depurar la vuelta a la normalidad más rápido que lo que se pudre un cuerpo. 

Que el fuego crezca sigue teniendo la misma matriz. Así como el incendio de Cromañón no fue azaroso, casi ningún otro lo es. En ese momento, por lealtades políticas o miserias humanas quisieron culparnos a nosotros, pibas y pibes de 15 años, de haber llevado un arsenal de pirotecnia. “Busquen al de la bengala”, decían algunos. Otros querían cargar la exclusiva responsabilidad sobre la banda. Era lo más fácil. “Negros de mierda, se van a morir”, nos gritaba el gerenciador del lugar, que ahorraba unos pesos por no protegernos.

Pocos querían mirar lo evidente: el gerenciador corrupto, Omar Chabán, pagó coimas a los organismos de control para no poner el techo ignífugo que hubiese evitado las llamas y la estampida. Le pagó también a la policía para dejar entrar a casi seis mil personas donde entraban cinco veces menos. Cerraron puertas de emergencia para que no entre nadie sin entrada. La banda se hizo cargo de la producción y de la seguridad sin saber hacerlo y se cargó una responsabilidad innecesaria, que luego padecieron. El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, desoyó las consecutivas advertencias de que una catástrofe podía ocurrir. Cuando lo evidente ocurrió, todo voló por los aires. En especial, casi doscientas familias. La matriz sigue intacta. La complicidad entre el poder económico y los organismos de control, junto con la necesaria anuencia del Estado, es recurrente detrás de estos desastres.

Los incendios en la Comarca Andina, que ya cuentan con una persona muerta, más de doscientas casas incendiadas y miles de hectáreas arrasadas, no son inesperados. La crisis climática deja cada vez más claro que eventos como los que ocurrieron esta semana en la Patagonia se van a intensificar tanto en frecuencia como en intensidad. Aún en el 95% de los casos que son intencionales, sus efectos serán mayores por las sequías cada vez peores que propagarán su expansión. El gobierno nacional dice reconocer esta situación, pero actúa como si no existiera. La negligencia ante advertencias de todo calibre, llevaron a Aníbal Ibarra a su destitución. ¿Qué es una catástrofe que justifique una medida tan extrema? ¿Cuál es el umbral del dolor y de la pérdida? ¿Quién lo cuantifica? Espero que nunca volvamos a vivirlo. Para eso hace falta que el Estado actúe decisivamente con la información disponible, protegiendo la vida humana y natural de su territorio, y que no permita, ni por acción ni por omisión, crimenes sociales y ambientales como los que ya mencionamos.

La crisis climática deja cada vez más claro que incendios como los de esta semana en la Patagonia se van a intensificar tanto en frecuencia como en intensidad. Aún en el 95% de los casos que son intencionales, sus efectos serán mayores por las sequías

Veamos su área de competencia directa. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego no sólo viene siendo absolutamente desfinanciado, sino que además su magro presupuesto es sistemáticamente subejecutado. De acuerdo a los datos compilados por María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de 2017 a 2021, el promedio del financiamiento en el presupuesto nacional fue de 270 millones de pesos. Lo que el Estado invierte anualmente en el manejo del fuego a nivel nacional es equivalente a que los followers de Santi Maratea en Instagram pusieran 350 pesos cada uno.

Pero claro: en el Estado existen reasignaciones de recursos, llevando el monto total promedio (2017-2020, porque las de este año aún no se conocen) a 412 millones. Sin embargo, se ejecutó sólo un 70% de lo presupuestado (286 millones). ¿No veníamos tan mal? En términos reales, aunque el año pasado se quemaron más de un millón de hectáreas y se destinaron 727 millones de pesos, se ejecutó sólo un 54% (396 millones). En 2021, el presupuesto asignó sólo 282 millones para esta área del Ministerio de Ambiente: un 0,003% del presupuesto nacional. Una reducción significativa en términos nominales.

Lo que el Estado invierte anualmente en el manejo del fuego a nivel nacional es equivalente a que los followers de Santi Maratea en Instagram pusieran 350 pesos cada uno.

Siempre según datos de FARN, se espera que lleguen fondos de la demorada creación del Fondo Nacional para el Manejo del Fuego, postergado desde la sanción, hace nueve años, de la ley 26.815. De ocurrir, dotaría de, por lo menos, 1.200 millones más, un presupuesto equivalente al que recibe la ley de bosques, también desfinanciada, que recibe sólo el 5% de lo que corresponde. Esto totalizaría casi 1.500 millones de pesos para el manejo del fuego: ahí sí, casi el doble que lo que recibió el área el año pasado. Pero al ponerlo en perspectiva, no parece tan prioritario. Los subsidios del Estado a los combustibles fósiles en 2021 serán de 78.702 millones de pesos. Apagar el fuego le importa al Estado cincuenta veces menos de lo que le importa financiar la crisis climática y ecológica.

El Estado tiene que estar para prevenir. Una vez que ocurrió el incendio, no queda más que el horror. Las declaraciones rimbombantes y las campañas de solidaridad. Pero, como se pregunta Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace: “¿qué capacidad tiene el Estado para responder a varios focos al mismo tiempo?”. Hoy hay brigadistas catamarqueños desplegados en Chubut. ¿Y si arde Catamarca? Cómo, dónde y por qué ocurren las llamas, aún cuando sean accidentales, también es político. Sea por la negligencia de algunos, por la acción dolosa de otros o por la imprudencia de algún tercero.

¿Qué capacidad tiene el Estado para responder a varios focos al mismo tiempo?”. Hoy hay brigadistas catamarqueños desplegados en Chubut. ¿Y si arde Catamarca? Cómo, dónde y por qué ocurren las llamas, aún cuando sean accidentales, también es político

El argumento simplista de la intencionalidad de los incendios no hace otra cosa que fuenteovejunar la conversación. Y cuando no lo hace, la ubica en una inconducente grieta moral. Y quizás tengamos que hacernos cargo. Tal vez debamos exigir más Estado: nacional y provinciales, con jurisdicción directa sobre sus recursos naturales. Decir más Estado, pero mejor. A la altura de los desafíos que enfrentamos. La indignación con la otredad, aunque logra notables muestras de solidaridad y de visibilización, termina siendo compleja. ¿Qué es esa otredad? ¿A quién se nos quiere imponer cómo otro?

Los incendios en la Comarca Andina volvieron a hacer estallar las redes con indignación y solidaridad. Los medios acompañaron y cubrieron la noticia insoslayable (¡por fin!) de la Patagonia en llamas. Pero ni bien terminamos de ver al fuego devorar bosques, carbonizar animales o incendiar casas, empezaron las acusaciones cruzadas. “Fueron los mapuches de la RAM”, acusaron, primero, medios de la zona. Luego se expresaron en ese sentido referentes como el exintendente de El Hoyo, Mario Breide, o la abogada Florencia Arietto, vinculada a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Del otro lado, algunos militantes intentaron enmarcar el desastre en la “responsabilidad del poder judicial”, dotando al fuego de simbolismo argumental para abonar el objetivo de la mentada reforma para la que todo vale. Unos buscan encontrar “al de la bengala”, para no ir a fondo con las causas; otros, correr el eje del poder que sostiene la matriz inalterada.

Yo no sé. Puedo especular e imaginar que hay intereses inmobiliarios detrás en esas tierras de ensueño donde habitan personas que no es precisamente con las que tomarían el té los dueños de Eidico y otros de los grandes grupos detrás de esos emprendimientos. Que algunos ganan capital político demonizando a las comunidades mapuche, y otros (en realidad, los mismos) poder económico privatizando los bienes comunes para incrementar la riqueza privada de pocos privilegiados. Pero no es más que eso: mi construcción, la unión de cabos posibles. Tal vez, como se cree en un caso, haya comenzado por un cortocircuito. ¿Y si fue así, qué pasa? ¿Nadie es responsable?

Es sano construir debates sin caretas; poner sobre la mesa los intereses que pueden estar detrás del ecocidio. Sin embargo, la especulación y el usufructo del daño para abonar intereses partidarios, no augura una solución próxima al problema de fondo por el que se incendiaron más de un millón de hectáreas en 2020 y que ya arrasó con más de cuarenta mil en los dos primeros meses de este año. 

La especulación y el usufructo del daño para abonar intereses partidarios, no augura una solución al problema de fondo por el que se incendiaron más de un millón de hectáreas en 2020 y más de cuarenta mil en los dos primeros meses de este año

Esto no supone una lectura apolítica del desastre —tampoco creo que algo así exista—.  Todo incendio es político. Tanto las acciones como las omisiones por su origen, sus consecuencias, su ubicación, sus sobrevivientes y sus muertos. El origen de estos incendios tiene que ser denunciado, como hizo el ministro Cabandié. Pero con eso no alcanza; las multas son irrisorias y que aún no se considere un delito penal la destrucción de los bosques nativos, no colabora. Giardini, uno de los principales promotores de esta medida, lo ejemplifica: “en Argentina te pueden abrir una causa por robar una manzana, pero no por destruir un bosque”. La posible reforma de la ley de bosques podría dar lugar a esta modificación, así como a eliminar las áreas verdes para terminar definitivamente con los desmontes.

La situación requiere de la acción decidida y transformadora de los tres poderes del Estado. La apropiación simplificada de algunos sectores mediáticos o partidarios para abonar sus propias narrativas de confrontación, empantanan las soluciones necesarias para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Como hace dieciséis años, cuando abundan las advertencias, retacean los recursos y deambulan los carroñeros, la catástrofe no es trágica: el incendio es un crimen social.

MF

La Fundación Sí recibe alimentos no perecederos para ayudar a las víctimas del incendio de esta semana en su sede de Ángel Carranza 1962 (CABA) de lunes a sábados de 10 a 19, así como donaciones con tarjeta de crédito o débito en este enlace.