Legalizar el abandono

Me pregunto a quién se dirige una candidata a diputada nacional que sostiene que impulsará un proyecto de ley para que los hombres puedan desligarse de toda responsabilidad parental dentro de los 15 días de notificados de un embarazo. Me pregunto a quiénes interpela ese mensaje que con toda claridad promueve legalizar la desprotección de niños y niñas que nacerían sin derecho a contar con el apoyo emocional y económico de las dos personas que algo tuvieron que ver para generar su existencia.

La respuesta llega pronto a través de los datos: un estudio realizado por UNICEF muestra que a junio de 2023 el 56% de las mujeres no recibe el pago de la cuota alimentaria a la que tienen derecho sus hijos e hijas, y ese número sube al 67% si se incluyen aquellas que la reciben de manera irregular. Los motivos para ese incumplimiento no es tanto la falta de ingresos (sólo en el 14% de los casos el motivo es la falta de trabajo) como el desinterés: no se cumple con el pago por la ausencia o mala relación del padre con sus hijos e hijas (en el 37% de los casos) o con la madre (en el 39% de los casos).

Entonces la propuesta no es tan novedosa: promueve la legalización de un abandono que sucede en los hechos y sería instrumental para consolidar la situación de pobreza de niñas y niñas: según el estudio de UNICEF, a lo largo de la niñez 2 de cada 3 experimentan carencias ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de alguno de sus derechos a la alimentación, la educación, la salud, el cuidado, la protección frente a las violencias.  

Tan preocupante es la situación en nuestro país que se ha desarrollado de manera reciente una herramienta reconocida en la región por UNICEF para contribuir a mitigar el impacto de ese abandono a partir de intervenciones más acertadas desde la Justicia. El Índice de Crianza (IDC) ya se empezó a aplicar en los juzgados de familia de todo el país para brindar parámetros objetivos que permitan determinar la obligación alimentaria frente a los incumplimientos. Esos reclamos dan cuenta de la realidad de más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares monomarentales y en donde la tasa de pobreza infantil es 10 puntos más alta que el promedio de hogares con niños en nuestro país, según el mismo informe de UNICEF. 

La propuesta de ley que impulsaría la candidata de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine como una de sus prioridades al llegar a la Cámara de Diputados no podrá prosperar porque contradice no solo todo el marco normativo nacional, internacional y constitucional, sino porque además ofende el sentido más profundo de responsabilidad social.

Hace más de 15 años que la Educación Sexual Integral es ley en Argentina. Vale la pena reflexionar qué significa esto: no es solo el derecho a recibir información sobre los procesos reproductivos sino también formación para la igualdad, para el respeto por otras personas, para la protección de la integridad física, sexual y emocional propia y ajena. Es una oportunidad, también, para clarificar los propios valores y reflexionar si se desea ser madre o ser padre. Para quien no tenga la paternidad entre sus deseos y proyectos de vida, puede tomar distintas medidas preventivas, algunas con alto grado de efectividad a través de una vasectomía. Se trata de una cirugía sencilla, reversible y disponible en el sistema de salud público, un ámbito que el espacio político de la candidata a diputada también apunta desmantelar. 

Todos los proyectos de vida pueden ser respetables y valiosos. Pero la verdadera libertad no se construye pisoteando los derechos de otros ni promoviendo la falta de responsabilidad por los propios actos.

NG