¿Quién paga la cuenta de los medios en la era digital?

Una certeza recorre los medios y el periodismo: la crisis del modelo que reinó durante el último siglo sólo puede conjurarse con la inyección de recursos desde otros espacios. El yacimiento de un negocio que monopolizaba la atención masiva con productos generalistas realizado en grandes organizaciones que, a su vez, controlaban todo el proceso productivo de los flujos cotidianos de información y opinión, está casi seco y no es renovable. Los futuros recursos para que la maquinaria funcione –si es que eso es posible- saldrán de otro lado. Pero hoy, como en el tango “¿Dónde hay un mango?” de Pelay y Canaro inmortalizado por Tita Merello, por más que se arremanguen, ni “los financistas, ni los periodistas, ni perros ni gatos, noticias ni datos” pueden salir del apuro.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas y opinadores que anida en la cumbre del sistema cuesta abajo. Como es lógico, dada la centralidad que tiene la comunicación en la estructuración de la agenda pública, la preocupación trascendió las fronteras corporativas y hoy involucra a presidentes y congresistas y también a las plataformas tecnológicas y a las compañías de telecomunicaciones, en estos casos por tratarse de actividades colindantes y convergentes con los medios. Pero, aunque es una pregunta medular, es incompleta.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas

En efecto, ya asoman algunas ideas que compiten por dar respuesta al interrogante sobre el financiamiento de los medios: Francia y Australia tomaron la delantera al obligar a Google y Facebook a negociar con las empresas periodísticas para que la renta publicitaria digital que estas plataformas capturan gracias –en parte- al interés que despiertan los contenidos de los medios y las conversaciones motivadas por ellos, sea compartida con la industria de la información. Los resultados de estas iniciativas son recientes y controvertidos. Facebook, por ejemplo, decretó un apagón noticioso en Australia como represalia por la nueva imposición regulatoria, un extremo que le permitió moderar su impacto y que a la vez despertó la alarma mundial por la exhibición del poder del conglomerado de Mark Zuckerberg. En paralelo, la Comisión Europea está forzando a las big tech a amoldarse a su nueva regulación sobre derechos de autor, no sin controversia.

Por otro lado, con buen olfato y billetera abultada, Google lanzó el programa News Showcase como estrategia de control de daños y escudo ante el severo escrutinio con que Silicon Valley es observado en un mundo que hasta hace poco tiempo festejaba la autorregulación de las plataformas digitales y se hacía el distraído con sus efectos de monopolización de mercados, abuso en el tratamiento de datos personales y opacidad algorítmica.

Mecenazgo 2.0, la insignia de Google News Showcase ya ondea en varios países, entre ellos Brasil y la Argentina como primeras experiencias latinoamericanas de un programa corporativo que es celebrado públicamente por los medios que reciben financiamiento y pueden editar parte de sus contenidos sin que estos sean fagocitados en la sala de máquinas de la plataforma. Sin embargo, también hay críticas por lo bajo de los beneficiados y de la constelación de organizaciones periodísticas que quedan afuera del radar de Google.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo. Curiosamente, el Congreso colombiano tramita un proyecto de ley promovido por las empresas periodísticas y apoyado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MinTIC) para dotar de financiamiento público a los medios privados. La regulación propuesta busca lograr “la estabilidad económica y la operación de los medios de información” en ese país.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo.

En paralelo al proyecto de ley, el MinTIC colombiano anunció la disposición de US$ 23 millones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para financiar “la transformación digital de los medios de comunicación”. Los fondos tienen un propósito definido, no hay que confundirlos con los subsidios encubiertos que en toda América Latina se canalizan a través de la publicidad oficial a niveles nacionales, provinciales y municipales. Este subsidio encubierto de la pauta estatal suele ser una forma de mecenazgo político-partidario.

Pero los subsidios encubiertos ya no alcanzan y los anunciantes privados migran hacia las plataformas. Por eso los reclamos de asistencia pública a los medios privados se multiplican. En la Argentina, por ejemplo, las cámaras empresariales de medios pidieron “financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales” en un comunicado conjunto de hace dos años de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA); la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER); la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Durante la pandemia, las empresas integrantes de estas asociaciones recibieron socorro público sin reparar en la contradicción de que muchos de sus cuadros directivos y profesionales (editores, columnistas y conductores estrella en tv y radio) predican el ajuste del Estado y vilipendian a otros sectores sociales acusándolos de querer vivir del apoyo público. 

Las opciones existentes de abrir negociaciones por la renta publicitaria digital, confiar en el criterio de las plataformas con sus donativos corporativos a algunos medios, ejecutar subsidios encubiertos para las empresas periodísticas y definir un esquema de ayudas directas del Estado a los medios no son perfectas ni completas. Además de estos paliativos coyunturales e inestables, el catálogo de ideas superadoras podría enriquecerse si, por ejemplo, la OCDE avanzara en alguna de las líneas de tributación de las plataformas en las que trabaja desde hace dos años.

Aun si hubiese un fondeo específico que no restara capacidad de sostenimiento de otras funciones estatales (salud, educación, jubilaciones y pensiones, vivienda, seguridad pública, etcétera), surgen preguntas que el investigador Germán Rey plantea en relación a Colombia: “¿Es la información un bien de carácter esencial? ¿Se ha hecho una evaluación rigurosa del funcionamiento y manejo económico de los medios de comunicación y cuáles son sus resultados concretos? ¿En puntos específicos está amenazada su sostenibilidad? ¿Se ha verificado cuáles han sido las inversiones realizadas por los medios en este periodo, el valor y rentabilidad de las ventas de los medios y a quiénes han favorecido, la ruta de la distribución de sus dividendos, el proceso de compra de otros medios, la participación y utilización de los medios en negocios diferentes a la información, el presupuesto destinado a las redacciones y la evolución de los montos de salario de los periodistas por años? ¿Se conocen con certeza las diferencias entre los salarios de los directivos de los medios y los salarios de sus periodistas, o la realidad de la situación laboral de las mujeres periodistas en los diferentes medios de comunicación del país? ¿Se han aumentado los mecanismos de evaluación social y rendición de cuentas de su labor?”. Por lo infrecuente de este tipo de preguntas que hace Rey es que es lícito proyectarlas al resto de América Latina. 

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad?

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos que producen son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad, o sea que haya criterios de distribución democráticos del financiamiento y, correspondientemente, de evaluación del interés relevante de sus contenidos por parte de la sociedad? Entre las condiciones que se debaten en otros países para asistir con dinero público a los medios como contraprestaciones de bien público, se destacan la producción de contenidos locales con periodistas locales, sobre todo en regiones, ciudades y pueblos donde ya no hay medios funcionando; la cesión de espacios para campañas de interés relevante (salud, educación); la habilitación de espacios de respeto a audiencias y públicos tales como el derecho de réplica en los numerosos casos en que difaman sin siquiera consultar al/a difamado/a; la garantía de tratamiento responsable de contenidos sensibles evitando operaciones de desinformación sobre vacunas, cuidando especialmente la identidad, privacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes y otros sectores vulnerables; la observación de reglas de no discriminación; o el empleo registrado de periodistas. En todo caso, los medios tienen libre albedrío para eludir estas contraprestaciones de bien público, tal y como viene ocurriendo, pero entonces la pretensión de financiamiento público decae.

La decadencia de los grandes medios de comunicación es ya un género de la literatura especializada en el auge y ocaso de distintas generaciones de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, hay vacancia de opciones superadoras al mecenazgo corporativo o partidario. Los billetes ya no están en la industria de medios, que no venden ni tienen anunciantes. Como dice el tango, todos, “del seco hasta el bacán, llevan la cartera con cartel de defunción”. Para que eludir ese destino hace falta creatividad en la búsqueda de nuevas fuentes de sostenimiento y una transparencia inédita sobre los métodos y funciones de las organizaciones periodísticas.

MB