Si no hay pan, que haya circo, palos y diputados atentos a ofertas
La democracia argentina se ve forzada a convivir con la noción de que, cuando Patricia Bullrich ocupa un puesto en el gabinete nacional, manifestantes mueren a manos de las fuerzas de seguridad, cientos son detenidos en protestas, otros pierden un ojo por el disparo a mansalva de balas de goma y una niña de 10 años sucumbe a los efectos de una mano policial artera que le arroja gas pimienta en la cara.
El patrimonio de la violencia institucional no es exclusivo de Bullrich —ministros de Seguridad de todos los signos gobernantes tienen antecedentes al respecto—, pero su presencia en el Ejecutivo, sea con Fernando de la Rúa, Mauricio Macri o Javier Milei, parece una garantía de que las prácticas ilegales serán exacerbadas y se normalizarán. Incorporada al estamento autoritario de la ultraderecha, Bullrich actúa con las manos liberadas.
Este tipo de delitos en manos del Estado tiene una pata imprescindible en los medios de comunicación. En la era Milei, esa complicidad tiene nombre y apellido: Clarín y La Nación. El seguidismo de buena parte del resto es una característica intrínseca del sistema de medios.
La celebración del gatillo fácil y la demonización de la protesta forman parte del menú fijo de las pantallas de esos poderosos multimedios. Sus canales de noticias ofrecen un festival en continuado, pero el aliento a la represión y el ocultamiento de la ilegalidad estatal tienen un correlato algo matizado en sus portales, tapas de diarios y editoriales.
Pistas falsas
Hace no mucho, durante el tiempo en que estuvo desaparecido Santiago Maldonado, el Grupo Clarín sembró pistas falsas metódicamente. Desde un barrio de Gualeguaychú en el que todos se le parecían, a la presencia del artesano en una fiesta en El Bolsón, el paso a la clandestinidad en Chile, la peluquera que lo atendió en San Luis, un enfrentamiento con un puestero… Esa acción desinformativa fue un eslabón de una cadena coronada por el título “La crisis causó dos nuevas muertes”, en ocasión del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002, 22 años atrás.
La televisión promedio exalta la ejecución sumaria de un presunto delincuente y hasta justifica la tortura del sospechoso en manos de la turba. Todo es reportado como derecho a la defensa y la letanía del hartazgo de la población. Si finalmente se descubre que la víctima del gatillo fácil policial o del justiciero era un adolescente desarmado o un transeúnte ajeno al hecho, el expediente pasa rápidamente al olvido.
Nunca un medio de comunicación debe confiar acríticamente en la información suministrada por la Policía sospechada de cometer abusos
No siempre sale bien.
El miércoles por la noche, luego de la confirmación del veto al aumento a los jubilados, los canales LN+ y TN y los portales asociados se volcaron con pasión a informar que el gas pimienta que afectó a una niña de 10 años había sido arrojado por una manifestante y no por la Policía. El canal de Clarín adornó la información con la denuncia de que el ministerio de Bullrich había detectado la presencia de revoltosos camuflados como personal de auxilio a las víctimas de la represión.
Ningún criterio periodístico honesto habilitaba dar por cierta esa versión. Primero, porque el video presentado como prueba irrefutable no demostraba nada. La imagen era borrosa y no había ningún indicio de la presencia de una niña cerca de un polvo arrojado con la mano por una mujer. Segundo y principal, porque nunca un medio de comunicación debe confiar acríticamente en la información suministrada por la Policía sospechada de cometer abusos. Prestarse a actuar como correa de transmisión del Ministerio de Seguridad es una decisión periodística y política.
Fuego amigo
Desde los estudios de TN, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad desde julio pasado, fue la encargada de hacer oficial la información de que la niña había sido víctima de una manifestante. Lo dio por corroborado tras –dijo– un análisis exhaustivo de las imágenes.
La farsa montada por Bullrich, Monteoliva y las pantallas de Clarín y La Nación quedó definitivamente desbaratada cuando Mauro Fulco, cronista de C5N, consiguió el video de un manifestante que mostró con nitidez que una formación policial arremetió contra manifestantes, y uno de los agentes disparó gas pimienta en el rostro de la niña, que estaba siendo protegida por su madre.
A la hora del control de daños, Bullrich calificó como “excelente funcionaria” a Monteoliva, aunque le atribuyó falta de experiencia para lidiar con los medios.
Si es por experiencias de otro tipo, la segunda de Bullrich las tiene, y no son la mejores.
Monteoliva fue designada ministra de Seguridad de Córdoba en septiembre de 2013. En un raro rapto garantista, su primera declaración fue para defender la inocencia de la cúpula policial antidrogas que acababa de ser detenida en la causa denominada “narcoescándalo”.
En particular, salió a la luz el vínculo de Monteoliva con algunos de los imputados que luego serían condenados, como Gustavo “el Huevo” González, exjefe de la División Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.
La cercanía de este exalto jefe policial con Monteoliva se había forjado en un curso brindado en 2009 por la Policía Nacional de Colombia, una plaza excepcional para conocer el vínculo entre fuerzas de seguridad, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Con el tiempo, González estudió derecho, transicionó a la identidad femenina de Lourdes y fue condenada en instancia de Casación Federal por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Monteoliva se transformó en consultora, y con ese paraguas se presentó como experta para replicar las políticas del salvadoreño Nayib Bukele, otra joyita.
La situación en que quedaron Bullrich y Monteoliva al constatarse que habían mentido es atribuida por algunos a la interna con Mauricio Macri.
La emisora que muchos atribuyen a capitales próximos a Macri pasó en 24 horas de alimentar la fábula de un Congreso acechado por violentos a pedir la cabeza de Bullrich
La actual secretaria de Seguridad fue designada en reemplazo de Vicente Ventura Barreiro, un allegado a Cristian Ritondo expulsado por Bullrich con bombos y platillos en junio pasado, por supuestamente intentar direccionar una licitación para la provisión de comida a las cárceles a cambio de un retorno.
Ese impulso irrefrenable contra la corrupción que llevó a Bullrich a despedir a quien oficiaba como su segundo coincidió con el momento en que eclosionó la disputa con Macri por la conducción del PRO y por la imbricación de ese partido con el Gobierno de Milei. Ritondo quedó en la vereda de enfrente.
En ese marco, cercanos a Bullrich leyeron el giro copernicano en la pantalla de La Nación + como un aprovechamiento oportunista para saldar cuentas. La emisora que muchos atribuyen a capitales próximos a Macri pasó en 24 horas de alimentar la fábula de un Congreso acechado por violentos a pedir la cabeza de Bullrich, Monteoliva y el jefe de la Policía Federal por la brutalidad de sus agentes.
Milei y sus partidarios se vanaglorian del “fin de los piquetes” como uno de los dos principales activos alcanzados (el otro es la inflación, 4,2%) en los nueve meses de Gobierno ultra.
Mirado desde una perspectiva democrática, el logro enarbolado es en realidad el cercenamiento liso y llano del derecho a la protesta, pilar de la Constitución.
En la Argentina de Milei, asistir a una manifestación implica asumir el riesgo de arresto y/o de terminar en el hospital. Privarse de la changa para conseguir el pan del día, exponerse a palos y gases lacrimógenos a una edad en la que los golpes duelen el doble o someterse a que un energúmeno rocíe gas en el rostro de una niña son factores desalentadores que no utilizan los gobiernos democráticos, sino las dictaduras.
Bullrich redactó un protocolo restrictivo que muchas veces es vulnerado porque resulta imposible que decenas de miles de manifestantes se amontonen en las veredas sin bajar a la calle, pero sirve como excusa para que la Policía, en lugar de prevenir incidentes, los provoque. Caen los más vulnerables, los manifestantes sueltos, los jóvenes inexpertos, los desarropados y los que empujados por los siempre presentes servicios de Inteligencia.
En una democracia liberal, cada padre decide si lleva a su hijo a una protesta, una instancia que incluso puede ser formativa en la noción de la defensa de los derechos
Allí entra a jugar la otra gran pata de la complicidad: Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli ya intentó encausar por graves delitos a más de treinta detenidos en la manifestación contra la ley Bases. La precariedad de la acusación y las imágenes aportadas por las defensas desarticularon el intento. El último de los detenidos salió en libertad días atrás, y varios de ellos todavía luchan para que Comodoro Py les saque las garras de encima.
No conformes con la represión abusiva de las manifestaciones, Bullrich y sus amigos se erigen en tutores morales. Resulta que entró en debate el derecho de acudir con niños a una manifestación.
En una democracia liberal, cada padre decide si lleva a su hijo a una protesta, una instancia que incluso puede ser formativa para la defensa de los derechos. Lo demostró Fabrizia, la niña gaseada, que con mayor fluidez de palabra que algunos de quienes condenaban a su madre explicó en entrevistas que la prohibición de asistir con menores a una manifestación no existe en la ley. “No le alcanza la plata a mi mamá. Es comer o tener techo”, dijo la niña en diálogo con Crónica TV.
El hecho de que quien acuse de irresponsabilidad a la madre que asistió a la plaza del Congreso con su hija sea la misma ministra que lanza los lobos a cazar manifestantes es un acto de hipocresía muy propio de esta época.
Los números del dream team
El Gobierno transmite estar en luna de miel con sus votantes. Sin embargo, debe reprimir marchas de jubilados en un contexto en el que los números dicen más que las palabras. Las manifestaciones masivas (sindicales, feministas, universitaria, de derechos humanos) fueron varias en la primera mitad del año. En cambio, el suceso espontáneo que generaba la presencia de Milei en campaña no se reproduce este año.
El cuadro de la semana:
- La inflación de agosto informada por el Indec llegó a 4,2%, una leve alza en la comparación intermensual y corroboración de que parece estacionarse en ese porcentaje, similar a los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández y los cuatro de Mauricio Macri.
- Entre lunes y viernes, el Banco Central vendió US$338 millones de sus reservas líquidas, que se ubican en terreno negativo por US$6.000 millones. A este ritmo, según estimaciones de economistas que no están en las antípodas del Gobierno, no sería improbable que, hacia diciembre, las reservas terminen en una posición cercana a la que dejaron los Fernández y Sergio Massa un año antes (-US$11.000 millones). Se llegaría a ese puerto con 15 puntos porcentuales más de pobreza y una profunda recesión inducida con el objetivo de contener la inflación.
- El Gobierno logró corroborar el veto al aumento jubilatorio de unos $15.000 mensuales gracias al apoyo de 87 diputados, suficientes para que los 153 opositores no alcanzaran los dos tercios necesarios para ratificar el alza. Unos cinco radicales se dejaron convencer para votar en sentido contrario al que lo habían hecho en junio, y otro tanto ocurrió con representantes de partidos provinciales de Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro, que se abstuvieron. Un sexto radical de perfil crítico trocó su renuncia a cambio de un puesto en dólares en la Comisión de Salto Grande, una maniobra coordinada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Los tres diputados peronistas vendidos de Tucumán aportaron lo suyo.
- En el Senado, una abrumadora mayoría volteó el DNU con el que los hermanos Milei intentaban a asignarse $100.000 millones en fondos secretos, y otro tanto votó una ley de financiamiento universitario para reparar parte de la pérdida ocasionada por el Gobierno ultra.
Milei anunció que vetará la ley universitaria, lo que probablemente activará la insistencia del Congreso. Habrá que crear nuevas sortijas, por usar un término de Stornelli. Las sillas en la Comisión de Salto Grande o en las embajadas en Europa son finitas, y los gobernadores con ganas de ayudar no encontrarán mucho más espacio para dar la cara ante su población para rebajar jubilaciones y asfixiar a las universidades, encima, en favor de un Presidente que los llama “ratas”. La causa universitaria demostró en abril pasado que es capaz de movilizar a un millón de personas, por lo que habilitar la cacería de la Policía no sería una tarea recomendable.
Es curioso que el dream team conformado por “uno de los dos políticos más relevantes del planeta”, el “Coloso” Federico Sturzenegger y el “Gigante” Luis Caputo estén tan lejos de las metas que ellos mismos se encargaron de anunciar como hechos prácticamente consumados: el levantamiento del cepo en junio, el frenesí de los inversores financieros para prestarle fondos a Argentina, el abrupto rebote de la economía en abril y la extinción de la inflación.
SL/DTC
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