Panorama Económico

Subsidios, tarifas y expectativas de devaluación: en la vida hay que elegir

La semana económica terminó enredada en idas y vueltas, rumores y desmentidas, sobre la salida del gobierno del Subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Más allá de un eventual trasfondo político de la cuestión, también hay un contrapunto económico. Mientras que el ministro Martín Guzmán quiere una actualización de tarifas más agresiva, que permita un mayor ahorro fiscal, su subordinado es menos averso al gasto en subsidios.

En el primer trimestre de 2021 los fondos de esta partida aumentaron casi 80% en términos interanuales, más que duplicando la suba del resto de las erogaciones primarias (+38%). Considerando que la inflación promedió poco más de 45% en el período, podemos afirmar que los subsidios crecieron ampliamente en términos reales, mientras que el resto del gasto se redujo. Como resultado, la “línea” en cuestión pasó de representar el 8% del gasto primario total a casi el 10,5% de este.

En un contexto donde cada peso emitido puede costar muy caro por su impacto sobre el dólar, y donde la segunda ola de coronavirus obliga cada vez a mayores restricciones que pueden exigir un aumento del gasto social, esta discusión se torna fundamental. Desde un lado, se argumenta que los subsidios son un gasto pro-rico, en tanto se concentran principalmente en los deciles de mayores ingresos, a la vez que son ineficientes. Desde el otro, se hace foco en el impacto en el humor social de un potencial ajuste de tarifas: su congelamiento podría impulsar el poder adquisitivo “para consumo” en un año electoral de mejoras salariales acotadas.

Entrado el fin de semana, se anunció un incremento del 9% en las boletas energéticas desde mayo. Sin embargo, este ajuste está lejos de recuperar una parte significativa del terreno perdido: las tarifas están congeladas desde abril de 2019, momento desde el que la inflación acumuló 105% y el dólar oficial, variable fundamental para explicar la dinámica de estas transferencias, saltó 115%. Si el objetivo de Guzmán era que el gasto en subsidios no aumentara por encima del PBI nominal en 2021, con estos porcentajes sigue muy lejos de lograrlo.

Ahora bien, el “subsidiosgate” no solo tiene implicancias sobre la brecha fiscal: también impacta en la otra brecha de nuestra economía, la externa. Por un lado, porque las tarifas excesivamente baratas alientan las importaciones energéticas, profundizando el déficit en esta variable. A modo de ejemplo, mientras que los subsidios pasaron de representar 3,5% del PBI en 2016 a 1,6% en 2019, el rojo en combustibles y lubricantes pasó de casi US$ 3.000 millones a cero en el mismo período -vale destacar, deterioro de la actividad económica y de la demanda energética mediante, no solo por una “mayor eficiencia”. Por el otro lado, porque podría ayudar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que suele criticar abiertamente este tipo de “distorsiones”. Al momento, el Tesoro Nacional tiene que pagarle casi US$ 5.000 millones al organismo multilateral en lo que resta de 2021 -concentrados en septiembre y diciembre-, que, de no mediar un nuevo acuerdo, habría que cancelarlos en efectivo. A la vez, en mayo y con dos meses de gracia, el Palacio de Hacienda tendría que girarle US$ 2.500 millones al Club de París.

Considerando que las reservas netas apenas superan los US$ 6.000 millones, una corrección tarifaria que ayudase a destrabar las negociaciones calmaría las expectativas de devaluación. Si bien el ingreso de US$ 4.400 millones en agosto, producto del giro de “utilidades” que realizará el FMI a sus países miembros permitirá cumplir con estos compromisos sin mayores contratiempos, un segundo semestre con menores liquidaciones de agrodólares por razones estacionales y mayores presiones cambiarias en el mercado oficial y paralelo por motivos electorales alentaría las expectativas de devaluación -y con ellas la compra de divisas-. Una reestructuración rápida con los organismos multilaterales que descomprima los vencimientos en el corto plazo permitiría evitar un ajuste cambiario pasadas las elecciones -siempre que no traiga “sorpresas” acerca de la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado, gran error de los acuerdos de 2018.

La llegada de la segunda ola de coronavirus ya obligó a reforzar las restricciones sanitarias, por ahora con un impacto moderado sobre las finanzas públicas y la actividad económica. Sin embargo, si el proceso de vacunación no acelera sensiblemente, algo que parece casi imposible dado el escenario global, y los contagios y el uso de camas de terapia intensiva no ceden, es probable que las limitaciones se estiren o hasta se endurezcan, obligando al Estado a expandir algunos rubros del gasto y afectando su recaudación. Peor que llegar a las elecciones con un tarifazo -segmentado- es hacerlo con expectativas de devaluación y un dólar financiero desbocado. Como decía la campaña del Frente Para la Victoria de 2013, en la vida hay que elegir.

WC