Con la aprobación de una ley de juegos on line Schiaretti abre un nuevo conflicto en Juntos
Córdoba- El 20 de diciembre de 1998, el peronista José de la Sota le ganó las elecciones provinciales al radical Ramón Bautista Mestre, en una alianza que llevó como vicegobernador a Germán Kammerath, líder de la UCeDé cordobesa y funcionario del gobierno de Carlos Menem. Casi un cuarto de siglo después, el gobernador Juan Schiaretti mantiene viva esa alianza con la derecha nacional, como quedó demostrado el pasado miércoles 29 de diciembre, cuando el grueso de los 51 legisladores de su frente Hacemos por Córdoba convirtió en ley un proyecto para legalizar el juego a través de plataformas digitales presentado por cuatro legisladores del PRO y un radical.
La sanción de esta ley fue durante la última sesión ordinaria de la Legislatura de Córdoba y mostró un quiebre subterráneo en la alianza opositora y un reagrupamiento de fuerzas con vistas al 2023 tanto en Córdoba como a nivel nacional. A principios de diciembre, el presidente del bloque de Juntos por Córdoba, el radical Orlando Arduh y su compañera del PRO, Silvia Paleo fueron los voceros del proyecto de ley que ingresaron a la Legislatura para regular el juego online en Córdoba. Inmediatamente, el schiarettismo de Hacemos por Córdoba, le dio trámite parlamentario a la propuesta. Los cordobeses, principalmente los compañeros de la bancada radical-macrista, se enteraron de este acuerdo entre el PRO y el peronismo cordobesista cuando la noticia se publicó en el diario La Voz del Interior.
Entre los beneficios que destacan el macrismo y el schiarettismo es que se regulará el juego clandestino y que a las arcas provinciales ingresarán aproximadamente unos $ 30.000 millones anuales en concepto de canon e impuestos. Toda la oposición, desde Juntos por el Cambio hasta la izquierda y el vecinalismo; y la Iglesia Católica a través de la Pastoral Social rechazaron la nueva ley que habilita los juegos en línea a través de plataformas virtuales porque fomenta aún más la pobreza. Los organismos defensores de los DDHH, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también advirtieron sobre el peligro del juego en la sociedad. En el Gran Córdoba, las últimas mediciones del INDEC revelaron que la pobreza llega al 46%.
Daniela Gudiño, legisladora radical y compañera de bancada de Arduh, criticó la legalización del juego clandestino desde el el incio: “El proyecto de legalizar el juego presentado por legisladores de JxC es a título personal de los firmantes y no del bloque en su conjunto. Estoy en contra de fomentar el juego”, aseguró a través de su cuenta de Twitter. El miércoles, después de la sesión donde se aprobó el proyecto del PRO, Gudiño y su correligionaria Patricia de Ferrari renunciaron al bloque de Juntos por Córdoba y podrían pasar al de la Unión Cívica Radical, que tiene cinco escaños.
El legislador radical y ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure también cruzó al PRO: “El proyecto presentado no expresa mi opinión, ni es la opinión unánime del bloque de Juntos por el Cambio. Cuando fui intendente de Río Cuarto dimos una agotadora pelea contra el juego y sus dolorosas consecuencias económicas y sociales. No voy a ser cómplice de fomentarlo ahora”.
Marcos Carasso, presidente del Comité Provincia de la UCR y hombre de Mario Negri, se pronució contra el proyecto del juego: “Ni en la Unión Cívica Radical, ni en Juntos por el Cambio de Córdoba se ha analizado o avalado legalizar las apuestas on line. El radicalismo tiene una posición histórica contraria a fomentar el juego. Es un proyecto presentado a título personal y nada tiene que ver el partido”. Esta semana, la UCR le suspendió la afiliación a Orlando Arduh.
Macri, Angelici y De Achával
El miércoles, cuando se llevaba adelante el debate por esta ley, el ex presidente Mauricio Macri fue entrevistado por la señal local de Radio Mitre y avaló el proyecto presentado por sus legisladores: “¿Acá cuál es el problema? ¿El juego online que ya existe y uno lo puede hacer por Internet jugando en plataformas del exterior, o la falta de credibilidad acerca de cómo se licita?”. Y agregó: “Ahora el problema es que la tecnología ha universalizado el juego, que existe en el exterior por internet y ahí claramente no queda ningún recurso para la Provincia, que es lo que debe haber buscado. Lo que digo, es imparable por el hecho de que ya existen plataformas en Internet y que no tributan en Argentina. Lo que creo es que tiene que haber una absoluta transparencia en la competencia para conseguir esa licencia”.
La legisladora macrista Silvia Paleo ya había adelantado lo mismo cuando se conoció que el proyecto ya estaba en la Legislatura: “Este es un proyecto que a nivel nacional viene impulsando Juntos por el Cambio, al que hemos dedicado mucho tiempo de estudio y que, por las elecciones de noviembre pasado, decidimos presentar a posteriori. Estamos ante un mundo digital que avanza cada vez más y es necesario regular algo que existe, que hay que hacerlo porque esto no puede estar fuera de control”.
El proyecto de 26 artículos presentado por el PRO y convertido en la Ley Nº 34270 por el schiarettismo es una copia de la ley sancionada en 2017 cuando María Eugenia Vidal gobernaba Buenos Aires, que habilita a siete compañías a participar de la explotación de las plataformas virtuales de apuestas. El legislador del PRO Darío Capitani que responde a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio fue quién trajo el proyecto a Córdoba; y el radical Arduh, fue quien operó con el Gobierno provincial para que la ley saliera antes de fin de año y con sólo dos debates en Comisión.
El Artículo 5 referido a los usuarios de las licencias dice: “La organización y explotación de las actividades objeto de la presente Ley puede ser efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas con domicilio constituido en la Provincia de Córdoba. La Autoridad de Aplicación, de manera individual o asociada, puede ser titular de una licencia.
Son requisitos para ser titular de una licencia:
-Acreditar domicilio en la Provincia de Córdoba;
-Acreditar solvencia técnica, económica y financiera, en los términos que reglamentariamente se establezcan, y
-Poseer objeto social y/o actividad que tenga vinculación directa con la actividad regulada en el artículo 1º de la presente Ley.
-En caso de tratarse de personas jurídicas extranjeras, las mismas deben estar constituidas con base en el artículo 118 de la Ley Nacional de Sociedades Comerciales Nº 19550 y sólo pueden presentare bajo la modalidad de Unión Transitoria (UT) con otra persona jurídica nacional y siempre que esta última posea una participación social no inferior al quince por ciento (15%) respecto a la primera“.
Y en el Artículo 6 aclara que se licitarán “hasta 10 licencias” y que tendrán permiso de explotación durante 15 años. Inmediatamente desde el propio bloque PRO y desde la oposición revelaron que las compañías que tenían más chances eran las mismas que ya hacen juego en la Provincia de Buenos Aires: William Hill-ArgentBingo -opera el bingo de Moreno-; Bet365 -el bingo de Berezategui y Bet365-; Playtech –es la explotadora del casino de Tandil y Dynamo Tyche-; Bplay –a cargo de Boldt y 888-; BetWarrior –dueña de Binbaires e Intralot-; Betsson –en el casino Victoria y Grupo Bettson- y Pokerstars –con el nombre de fantasía Atlántica de Juego, a cargo de bingo de Chivilcoy y Stars Interactive Limited-.
En estas empresas explotadoras del juego físico y virtual destacan los nombres del operador judicial macrista Daniel “El Tano” Angelici, a cargo de Atlántica de Juegos y Federico de Achával de Binbaires, de aceitadas relaciones con Nicolás Caputo y el senador José Torello, reemplazante de Esteban Bullrich.
2023 a la cabeza
En 2023 se vence el mandato de Juan Schiaretti como gobernador y no tiene reelección. Su refugio político será el Congreso, donde su esposa Alejandra Vigo, le arrebató a fuerza de votos, la banca de senador que puso en juego el albertista Carlos Caserio. En Diputados, Schiaretti tiene un bloque pequeño, pero necesario a la hora de dar quórum o votar leyes claves: Natalia de la Sota -hija menor del ex gobernador-; Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, uno de los dos armadores territoriales y políticos que tiene el gobernador.
El miércoles 29 de diciembre, mientras le Legislatura votaba el juego, en el Senado, se debatían los cambios en Bienes Personales. La senadora cordobesa Vigo votó en contra del proyecto del Frente de Todos en general y a favor del artículo 1, que sube el mínimo no imponible de $ 2 millones a $ 6 millones. Además, votó a favor en general y en contra del artículo 3 y 4. Antes, en plena negociación por el quórum -el senador fueguino Guillermo Andrade estaba ausente por Covid-; la esposa de Schiaretti se había negado a bajar al recinto hasta que no estuviera conformada una mayoría. Recién cuando la riojana Clara Vega se sentó a su banca, lo hizo la senadora del peronismo cordobesista.
Schiaretti deja correr las versiones que lo ponen como candidato a vicepresidente de jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en un armado mayor que incluya los retazos de los peronistas republicanos que alguna vez armaron Alternativa Federal en las oficinas del operador Guillermo Seita. La nueva aventura electoral que ilusiona a Schiaretti podría ser Hacemos por Argentina, la versión nacional del experimento provincial que contiene al peronismo cordobesista, democristianos, ex kirchneristas, socialistas y al GEN de Stolbizer. Por caso, cuando la diputada nacional macrista Soher El Sukaria fue legisladora provincial, apoyó todas las leyes enviadas por el gobernador: “Durante cuatro años de legisladora opositora, a Soher El Sukaría se le escuchó poco la voz, y mucho menos esa agresividad exacerbada con la que se la observa en la Cámara de Diputados”, confió a elDiarioAR un ex compañero de bancada.
Las PASO y las generales de noviembre de 2021 mostraron que en Córdoba, una vez más, Cambiemos y/o el sello Juntos por el Cambio es imbatible en las elecciones legislativas: Luis Juez cosechó 55% como senador y el radical Rodrigo de Loredo, otro tanto para diputado. Hacemos por Córdoba quedó lejos con 25%, pese a que las mujeres más importantes de la coalición schiarettista encabezaron las boletas: Vigo y De la Sota. El Frente de Todos arañó 13% y sólo coló un diputado.
El miércoles pasado, con la ley del juego, Schiaretti consiguió cerrar al peronismo, aliarse con el macrismo y romper la versión cordobesa de Juntos por el Cambio.
El legislador schiarettista Oscar González y el ex presidente Macri coincidieron y le apuntaron a la Iglesia por sus críticas a la nueva ley de juegos: “La Iglesia tiene una postura dogmática con el juego, como la tiene con el aborto”, dijo el cordobés; mientras que el ex Presidente apuntó: “Ésta siempre ha sido una posición de la Iglesia, ¿no?”.
Luis Juez se metió en el debate: “Este es un error de Schiaretti, no puede fomentar el juego, con los altísimos niveles de pobreza que hay en la provincia” y advirtió sobre el peso de la Iglesia: “El 17 de diciembre asumió el nuevo arzobispo de Córdoba, Angel Rossi, al gobernador le va a costar mantener una relación en buenos términos si le da la bienvenida con una ley que esquilma a los pobres y ataca los valores cristianos”. También le apuntó a Macri: “Mauricio Macri se equivoca, éste no es un problema de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Nosotros desde el Frente Cívico nos opusimos siempre al juego”.
De los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba, 41 votaron a favor, seis se ausentaron, tres votaron en contra y uno se abstuvo. Y en la ciudad de Córdoba, el intendente Martín Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini se limitaron a decir que en la Capital el juego está prohibido. Schiaretti alambró al peronismo cordobés.
Schiaretti no la tiene fácil para 2023: sin reelección y con Llaryora como el peronista que más mide en las encuestas, debe enfrentar a un Juez parado en la rotunda victoria que lo llevó nuevamente al Senado, plantándose contra Mauricio Macri, que apoyó al radical Mario Negri. En la ciudad tampoco la tiene fácil el gobernador: el candidato más taquillero del PJ es el viceintendente Passerini, que viene del delasotismo y podría jugar con todo el peronismo detrás: delasotistas, schiarettistas y hasta cristinistas y albertistas. El radical De Loredo, aliado nacionalmente con el senador Martín Lousteau y enfrentado en Córdoba a Negri y Mestre quiere llegar al Palacio 6 de Julio.
No al juego en la Capital
En 2005, cuando Luis Juez era intendente de Córdoba, el empresario kirchnerista Cristóbal López quiso desembarcar en la Capital de la mano del gobernador José de la Sota. El intendente se opuso a que en la ciudad se instalara un complejo hotelero y de casino como querían López con el guiño de De la Sota. En 2002, el gobernador había habilitado la instalación de 1.320 máquinas tragamonedas a Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), una UTE entre el Grupo Roggio y el empresario Miguel Angel Caruso. Esa cifra trepó a 3.000 máquinas en 2005 y actualmente hay 4.000 tragamonedas en 17 ciudades del interior.
En febrero de 2005, el Concejo Deliberante cordobés, a instancias del intendente Juez aprobó la Ordenanza 10.840 que en su Artículo 16 prohibió la instalación de casinos, bingos, loterías, slots y otros tipos de juegos de azar.
Y en febrero de 2017, el intendente radical Ramón Javier Mestre avanzó en el mismo sentido y ordenó clausurar agencias de la Lotería de Córdoba donde se jugaba Quiniela Ya, un juego de azar igual a la quiniela tradicional, pero de resultados instantáneos, que generaba adicción y problemas de ludopatía.
El miércoles en una sesión especial del Concejo Deliberante, el concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros llevó al recinto un proyecto para prohibir los juegos en línea en el ámbito capitalino. Se apoyaba en las ordenanzas sancionadas durante los gobiernos de Juez y Mestre. La votación para el tratamiento la ganó el oficialismo de Hacemos por Córdoba: 16 a 15. “Lo que se acaba de hacer en Córdoba es muy peligroso, abrieron la puerta y legalizaron el juego clandestino; porque todas estas plataformas están prohibidas, incluso la Lotería de Córdoba denunció a estas empresas y hubo operativos de la Justicia con detenciones y allanamientos, además del bloqueo de IP”.
GM
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