Capital Humano dice que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes: hubo allanamientos y denuncias de extorsiones

El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” y la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor “Gauchito Gil”, estaba registrado en la dirección de un barrio privado.

Este programa, creado en 2020, tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría por lo que consideraron falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

Casos

El comedor “Gauchito Gil”, de acuerdo a la auditoría, está registrado en la dirección de un barrio privado y no habría existido nunca. Otro ejemplo es el comedor “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia penal que busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Allanamientos en la denuncia por extorsión: qué dijo Bullrich

En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron este lunes como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

La acusación de la Fiscalía

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado. 

“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía. 

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de supuesta extorsión apunta a diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los “beneficiarios comunes”, que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los “delegados”, que recibían doble o triple ayuda; y los “referentes”, responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Para el Gobierno de Javier Milei, “los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y de la Justicia para desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley”.

Qué dijo Belliboni, del Polo Obrero

Tras las denuncias y los resultados difundidos por el ministerio de Capital Humano, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero admitió no poder “negar que hay algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no voy a decir 'No, es imposible'. Puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente, pero veamos el contexto”, se explicó.

Según Belliboni, los dirigentes sociales “dimos la cara, no somos Rodríguez Simón, Pepín, que se va afuera, dimos la cara en una conferencia de prensa” y reclamó que la Justicia “debería haber llamado a Patricia Bullrich y preguntarle por qué, por ejemplo, pone parlantes en las estaciones de Constitución para decirle a la gente que no se puede movilizar”.

“¿Una persona que tiene un programa social tiene prohibido los derechos constitucionales? Eso también existió y fue público. Venimos denunciando a este Gobierno porque vació los comedores populares de comida, y eso no hay forma de probar que sea equivocado o que estemos mintiendo, la que miente es la ministra”, remarcó el dirigente en diálogo con Radio con Vos.

Belliboni consideró que lo expuesto por el gobierno es “un operativo político para perseguir a los dirigentes que están luchando con este gobierno”. Además, alertó que los allanamientos fueron “totalmente ilegales” porque se hicieron “de madrugada cuando no había luz del sol” y que “lo primero que hizo la policía de Bullrich fue apagar las cámaras”.

Asimismo, el líder del Polo Obrero reiteró en claro que los dirigentes “van a dar la cara” y “no se van a fugar como lo hicieron otros”, y calificó a la reciente denuncia en su contra como “falsa, política e ilegal”.

Con información de agencias.

IG