Antes del cierre de listas, Fernández apura un aumento del salario mínimo y en las jubilaciones

Alberto Fernández no quiere prometer que este segundo semestre que acaba de comenzar será mejor que el primer año y medio de su gobierno, pero sabe que lo necesita para transitar mejor 2022 y 2023. Vendrán meses de campaña electoral, en los que su gobierno intentará revertir cuatro años del salario a la baja y controlar los dólares financieros, mientras empiezan a correr fuertes vencimientos del megapréstamo que su antecesor, Mauricio Macri, contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, analizan por estas horas, antes del cierre de listas para las elecciones de medio término, el costo fiscal de una medida para compensar la nueva pérdida del poder de compra de los jubilados en el segundo trimestre. Una opción es repararlos con bonos por única vez, como los que se usaron para aliviar la caída de la capacidad adquisitiva del primer trimestre. Pero otra alternativa en estudio consiste en otorgar un aumento extra del haber, que sirva como base para el del tercer cuarto del año. La nueva movilidad jubilatoria se basa en la variación de salarios, que por ahora corren por detrás de la inflación, y la recaudación, que está volando por la reactivación económica respecto de 2020 y los altos precios internacionales de la soja y el maíz. Gracias a la mejora de la recolección de impuestos, la movilidad permitirá que en septiembre, mes de las primarias, las jubilaciones por fin se recompongan sin medidas extraordinarias como las que ahora se analizan. 

El Gobierno también prevé esta semana mejorar el salario mínimo, lo que impactará también en el millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que cobran medio sueldo básico por media jornada laboral. Además de la revisión anticipada de las paritarias, dada la inflación mayor a la prevista, se agregarán medidas para financiar compras, como los planes Ahora 3, 6, 12 y 18. 

La pregunta es cómo evitará el Ejecutivo que los nuevos aumentos de salarios y jubilaciones se licúen con otra ronda de incrementos de precios.

La pregunta es cómo evitará el Ejecutivo que los nuevos aumentos de salarios y jubilaciones se licúen con otra ronda de incrementos de precios. ¿De qué manera impedirá que los empresarios aduzcan que los sueldos elevan sus costos o que busquen aprovechar la mayor demanda para seguir recomponiendo los márgenes? En la Casa Rosada se quejan de lo que ganan Arcor, Molinos o las empresas de medicina prepaga y prometen aplicar la ley de defensa de la competencia contra quienes la incumplan. También amenazan con multas y sanciones.

“Los empresarios tienen que hacer su parte”, repite Fernández a los hombres de negocios con los que se encuentra. En la última reunión de la Mesa contra el Hambre en la que se anunció que la tarjeta Alimentar también incluiría a los niños de 7 a 14 años, Daniel Funes de Rioja, antes de asumir como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), le sugirió que además se bajara el IVA. El jefe de Estado se irritó porque consideraba que el Estado ya estaba poniendo de su parte al ampliar la cobertura de la tarjeta. “¿Y vos qué ponés?”, le respondió a Funes de Rioja, también jefe de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Este abogado laboralista le ha pedido audiencia ahora que preside la UIA, pero Fernández aún no lo ha recibido. Igual mantienen diálogo por Whatsapp, la misma vía de comunicación que sostiene el Presidente con el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, más allá de la nueva discusión por comisiones con el Banco Central. En otro encuentro, el jefe de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, también le sugirió que redujera el IVA a la carne vacuna. “Pero ustedes la aumentaron 70%”, le contestó Fernández.

Más allá de las diferencias, el jefe de Estado pretende mantener una buena relación con los empresarios. Planea organizar un acto de agradecimiento a aquella mayoría de millonarios que pagaron sin chistar el aporte solidario. Será un evento en el que quiere rendirles cuentas del destino de lo recaudado. A diferencia de Claudio Lozano, director del Banco Nación, Fernández considera que no debe reeditarse el tributo extraordinario a los ricos. Al contrario, este jueves la Cámara de Diputados dio media sanción no sólo al alivio del desaguisado cometido con los monotributistas sino también a una desgravación de ciertas inversiones financieras, de modo tal de ampliar el diminuto mercado de capitales local.

Más allá de las diferencias, el Presidente pretende mantener una buena relación con los empresarios. Planea organizar un acto de agradecimiento a aquella mayoría de millonarios que pagaron sin chistar el aporte solidario.

En la Casa Rosada están conformes con la evolución de las exportaciones, la construcción y la industria -por ejemplo, Antonio Caló les contó que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ahora tiene 18.000 afiliados más que en 2019, pero también mejoran sectores como el automotor y el textil-. Analizan que la economía formal vuelve a ordenarse tras la primera ola de Covid-19 en 2020, salvo los sectores afectados por el segundo vendaval, aunque a los trabajadores informales les cuesta reinsertarse. Por eso, reforzaron la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar. 

Guzmán ya ha anticipado a los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que también preside Funes de Rioja, que este año el gasto público aumentará más que la inflación, es decir, no se ajustará. Claro que crecerá menos que la recaudación y por eso bancos privados prevén que el déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) resultará menor al 4,5% del PBI presupuestado. Lo que sí se duplica es la obra pública, ya sea en rutas, trenes, aeropuertos, puertos, bicisendas, terminales de ómnibus, paradas de colectivos y viviendas. Pero en el Gobierno admiten que estas inversiones está encontrando un techo porque se demoran desembolsos de organismos multilaterales, como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID). Lo atribuyen a cuestiones burocráticas y no a trabas políticas, como las que en su momento impuso el gobierno de Barack Obama al de Cristina Fernández de Kirchner. El de Alberto Fernández destaca su buen entendimiento con el de Joe Biden, incluso cuando disienten sobre la condena contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la Casa Rosada esperan que la mejor relación con el presidente demócrata de Estados Unidos allane el camino para una postergación de los dos vencimientos del capital de la deuda con el FMI de US$ 1.868 millones cada uno en septiembre y diciembre próximos. Además vencen US$ 396 millones de intereses en agosto y otros tantos en noviembre. En total, US$4.588 millones. Sin un acuerdo de por medio, esos pagos se llevarían todo lo que el Fondo enviará en agosto por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG), recursos con los que el organismo pretende asistir a todos los países del mundo ante la pandemia. No sólo Cristina Kirchner y sus senadores se resisten a usar los DEG para pagar la deuda. Fernández está de acuerdo con ella e intentará pactar un aplazamiento de pagos hasta 2022, como logró Guzmán con el Club de París o como consiguió el gobierno de Eduardo Duhalde con el propio FMI en la crisis de 2002 y hasta después de las elecciones presidenciales de 2003.

El Presidente busca ese plazo de gracia, pero aclara a sus interlocutores que ni él ni la vicepresidenta quieren un default con el Fondo. Pretende que el acuerdo para renegociar la deuda que dejó Macri implique la eliminación de sobrecargos que triplican los intereses, reclamo que la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, prometió analizar. El Gobierno propone además que si a futuro el FMI amplía el periodo de devolución de sus créditos más allá de los 10 años actuales, se incorpore ese beneficio también al acuerdo que ahora negocia la Argentina. En la Casa Rosada admiten que este pedido encuentra menos eco. Opinan que en el FMI hay quienes ponen trabas a un pacto por supuestas cuestiones políticas: “Los que le dieron el crédito a Macri ahora no quieren darnos un acuerdo antes de las elecciones (legislativas de septiembre y noviembre)”.

No sólo Cristina Kirchner y sus senadores se resisten a usar los DEG para pagar la deuda. Fernández está de acuerdo con ella e intentará pactar un aplazamiento de pagos hasta 2022.

Pero diplomáticos de países del G7, el grupo de las siete economías más ricas del mundo, que dominan el directorio del Fondo, disienten y abonan la hipótesis de que es Cristina Kirchner quien se resiste a acordar antes de los comicios, la misma tesis que abonan en el Ministerio de Economía: “La sensación en el FMI es que la pelota está del lado argentino. El Fondo trata de acompañar lo más posible los tiempos de la Argentina, tomando en cuenta tanto la situación de la pandemia como la cuestión electoral. Quizás en otros momentos no sería tan comprensivo. Pero lo que quiere es que sea la Argentina la que avance y le ponga contenido al plan, especificando sus propias metas y plazos. O sea, que sea un plan diseñado y propuesto por la Argentina para que no se vuelva a ver como si fuera algo impuesto por el FMI y después se le eche la culpa si las cosas no salen bien”. El jueves, en un acto con Axel Kicillof, la vicepresidenta advirtió: “En 2015 éramos más felices que lo que vino después, con esta deuda y esta restricción terrible que este organismo, como el FMI, cuando hace acuerdos, quiere condicionar las políticas públicas del país”. Pero Cristina Kirchner manifestó la voluntad de pago: “Debemos hacer un esfuerzo para superar esto a través de números reales y qué vamos a hacer para pagar este endeudamiento que nosotros no contrajimos”. Hay quienes especulan dentro del Frente de Todos con que la vicepresidenta tomará una decisión sobre el Fondo una vez que pasen las elecciones, cuyo resultado reforzará su poder, según las mismas fuentes, porque si gana, le adjudicará el mérito a Kicillof y si pierde, a Fernández.

Los diplomáticos del G7 confían en que la Argentina esquivará un default con el FMI: “En general, no es una preocupación inmediata que no pague los vencimientos que tiene con el Fondo, ya que nunca dejó de pagar y hoy hay reservas. Y además va a tener los DEG, que son como un back-up de las reservas”. Claro que el Frente de Todos no quiere usar los DEG para abonar deudas sino para atender la pandemia. En el G7 se muestran comprensivos y abordan uno de los temas que se discutirán este viernes en Venecia en la reunión de ministros de Economía del G20 (las veinte mayores economías del mundo), a la que asistirá Guzmán: “Es interesante que a nivel G20 se está viendo qué hacer con los países de renta media, como México, la Argentina, etc. Porque al principio de la pandemia hubo mucha ayuda inmediata para países de ingresos bajos, pero quedaron afuera los intermedios y ahora se quiere evitar crear un mayor riesgo en esas economías”.

Una postergación consesuada de los pagos al FMI contribuiría a la estabilidad cambiaria en la campaña electoral, justo cuando suelen intranquilizarse los ánimos de los inversores especulativos. No por nada esta semana, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, citó a fondos comunes de inversión y agentes de liquidación y compensación (ALYC), incluidos Allaria Ledesma y Balanz, para que ralentizaran operaciones en el contado con liquidación. No se descartan nuevos controles. 

AR