Cómo contribuyó la Argentina a la Operación Colombo, un montaje para encubrir desapariciones y asesinatos

El 11 de septiembre de 1973, hace exactamente medio siglo, Augusto Pinochet encabezó en Chile un golpe de Estado militar que sacó del poder al gobierno democrático del presidente Salvador Allende, quien lo había designado comandante en jefe del Ejército. El mandatario se suicidó el mismo día. El cuartelazo contó con el apoyo de Estados Unidos, que veía en Allende una amenaza marxista, en plena Guerra Fría. Pinochet asumió como presidente de la Junta Militar y gobernó el país durante 17 años. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las víctimas de esa tiranía superan las 40.000 personas.

En 1975, la dictadura pinochetista llevó a cabo la llamada Operación Colombo, un montaje comunicacional de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de ese país, que tuvo como objetivo hacer creer a la opinión pública y al mundo que 119 militantes de diversas organizaciones sociales y políticas se habían matado entre ellos fuera de Chile, en Brasil y Argentina.

Sin embargo, según el Informe Rettig, como se conoce en Chile al informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, publicado en 1991, un año después de la salida del poder de Pinochet por parte del gobierno democrático de Patricio Aylwin, estas personas no se habían matado entre ellas sino que fueron detenidas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer dentro del país.

Para hacer creer que se trató de un enfrentamiento entre facciones ajeno a la dictadura chilena, el montaje contó con el apoyo de un gobierno democrático de la región: el de María Estela Martínez de Perón.

La colaboración del gobierno de “Isabel” Perón fue a través del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Además contó con el apoyo de parte de la prensa de la época, que se encargó de difundir falsas informaciones sobre las muertes de este centenar de personas.

Durante los meses de junio y julio de 1975, aparecieron los nombres de los 119 militantes en dos listas: una, de 59 personas, en el diario brasileño O’Dia de Curitiba, y la otra, en la revista argentina Lea, que incluyó 60 nombres. Ambos medios de comunicación circularon con estas únicas ediciones.

Prontamente, estas nóminas fueron reproducidas por la prensa chilena. Medios como El Mercurio y La Segunda difundieron esta desinformación con mayor agresividad. Esta fue una de las noticias falsas que inventó la dictadura de Augusto Pinochet. 

El plan tuvo como propósito convencer a la ciudadanía y al mundo que los 119 detenidos desaparecidos habían huido del país y que habían muerto en el extranjero producto de disputas al interior de las organizaciones políticas a las que pertenecían. 

Este montaje comunicacional fue también una forma de responder ante la presión internacional por las reiteradas denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en Chile, desacreditar la idoneidad de la militancia marxista chilena, y humillar a los familiares de las víctimas que exigían justicia.

“Lo que hace es extender la represión más allá de los detenidos desaparecidos, sino que también a sus familiares y a todo aquel que se sienta opositor al gobierno. Extiende la violencia a la sociedad a un nivel simbólico y material”, explica Claudio Barrientos, director del Observatorio en Historia Reciente de Chile y América Latina de la Universidad Diego Portales (UDP).

¿Quiénes eran las víctimas? 

Según constata Londres 38, “la mayoría de las personas mencionadas en la lista de los 119 tenía menos de 25 años al momento de su detención, y diez de ellos eran menores de edad”. 

Además, entre las 20 mujeres estaba Jacqueline Drouilly, de 25 años, y tres meses de embarazo. Hasta hoy se desconoce si ese embarazo pudo llegar a término.

Casi todas las víctimas fueron dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales o militantes de diversas organizaciones sociales y políticas. 94 de ellas pertenecían al MIR, nueve al Partido Socialista, siete al Partido Comunista, uno al MAPU, y uno a la Liga Comunista. 

¿Se procesaron a los culpables? 

Ante la insistencia de los familiares, en 1979 se designó al juez Servando Jordan como ministro para esclarecer los casos de los detenidos desaparecidos. Sin embargo las causas fueron enviadas a la justicia militar donde permanecieron por años y luego se le aplicó la prescripción o la Ley de Amnistía. 

Según el Poder Judicial, recién en agosto de 2018 la sala penal de la Corte Suprema condenó a 22 ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de alguna de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Entre ellos se encuentran Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga con penas que van de los cuatro a los diez años de presidio. 

Augusto Pinochet fue sometido a procesos, sin embargo no pasó ni un solo día en la cárcel.

Este artículo fue producido y publicado originalmente por el sitio chileno Mala Espina, dedicado a luchar contra la desinformación.

JJD