Dársela en la pera

Hace más de 10 años, conversamos con monseñor Jorge Bergoglio, ya que en los barrios nos encontrábamos con curas, militantes católicos y pastores evangélicos que compartían la preocupación por la falta de oportunidades y la problemática de violencia y adicciones. “¿Qué podemos hacer?”, le preguntamos cuando ni imaginábamos que se convertiría en Papa Francisco. “¿Y por qué no crean un ámbito para estudiar con seriedad el problema?”, nos sugirió. Esa fue la idea primigenia que dio origen a IJóvenes, un Instituto de Investigación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con participación de todos los bloques, desde el cual desarrollamos una tarea de investigación que quedó plasmada en dos libros: Dársela en la Pera y ATR.

En mi recorrido  como dirigente territorial y luego con mi  vinculación a las organizaciones sociales y como presidente del bloque oficialista  de la cámara  de diputados de la provincia de Buenos Aires he acompañado los esfuerzos de agrupaciones que asisten a los adictos y las víctimas de la violencia engendrada por el narcodelito. También he impulsado y coordinado investigaciones que me han hecho comprender las dimensiones del problema que enfrentamos y el tipo de esfuerzo que deben encarar el estado y la sociedad civil.

Desde el primer momento acompañé la lucha de uno de los grupos de las Madres contra el paco que encabezaban Isabel Vázquez y Alicia Romero. En el esfuerzo por contener y “sacar” a sus hijos de la profunda adicción, ellas lucharon contra todo el sistema que sostenía la comercialización de drogas en los barrios. Así es como en esa batalla contra uno de los peores males que sufrían sus hijos, Isabel lo perdió en manos del narcodelito. Es un ejemplo más de la complejidad del problema que estamos tratando de explicar y resolver. No podemos quedarnos en la mirada fácil y simple que encapsula al narcodelito a la comercialización de drogas sin señalar que muchos de los inmuebles ostentosos que se construyen tanto en Rosario como en el Gran Buenos Aires son producto del lavado de dinero de esa actividad delictiva. Esto también nos interpela como sociedad y como Estado, no debemos mirar para otro lado ni quedar atrapados en discusiones estériles

Con esa experiencia puedo decir que si hay algo que revela el hecho dramático que hemos vivido en los últimos días con las muertes por el consumo de cocaína adulterada es que el uso de drogas, el poder del narcotráfico y la violencia ligada a ese poder son realidades crecientes que atraviesan generaciones, clases, posiciones políticas e ideológicas. Hay varias razones por las cuales se puede señalar que las cuestiones relativas al consumo problemático de sustancias, su producción y tráfico ilegal y la existencia de poderosos y violentos mecanismos vinculados adquirieron una escala que obliga al estado y la sociedad civil a sumar y coordinar esfuerzos múltiples. 

Los hechos de estos días nos mostraron que entre los fallecidos no solo se encuentran jóvenes, que el padecer de los consumos tóxicos se extiende y se agrava a través del tiempo: las drogas ya no son cuestiones de jóvenes como lo supone un extendido sentido común lleno de prejuicios.

Pero tampoco se trata solo de clases o ideologías. En es preciso rechazar una imagen simplificada de la circulación y usos mortales de sustancias. No se puede decirle a la sociedad que porque las víctimas son pobres el culpable es el peronismo como lo hacen algunos dirigentes opositores. Y también es inadmisible que se le diga a la sociedad que porque las víctimas son de clases medias o altas la responsabilidad es del macrismo. Las adicciones están en todas las músicas, pero sobre todo en la desesperación en que puede llegar a aislarse un adicto. El cruce oportunista y superficial de acusaciones entre dirigentes políticos derivado de presunciones sobre la pertenencia social de las víctimas es parte del problema y no de la solución.

Y tampoco se trata, exclusivamente, de lo que sucede con sustancias ilegales sino también de lo que acontece con usos problemáticos e ilegales de medicación legal o con el que sigue siendo el principal consumo problemático en el país: el alcohol. Son fenómenos extendidos a lo largo de toda la sociedad y que con el correr del tiempo se han agravado e incluso intensificado durante el periodo de la pandemia

También es necesario decir que el problema es de larga data y supera a las administraciones de forma independiente de su signo: peronistas, radicales, macristas. Y asimismo es un problema que supera la escala de las administraciones municipales, provinciales, o nacionales. No se trata sólo de lo que ocurre en Rosario o en el Gran Buenos Aires.

La pandemia ha incrementado el poder del narcotráfico. El sufrimiento psíquico generado por la pandemia, la recesión y los aislamientos determinaron la agudización del recurso a todo tipos de sustancias que permitan sobrellevar la depresión, la ansiedad, el vacío de sentido que arrasó a nuestra sociedad y a buena parte del planeta. Pero el poder del narcotráfico también se incrementó porque en las zonas más pobres del país fue un ordenador económico y social violento. El narcotráfico ofrece “empleos” y “créditos” de última instancia que emergen de una matriz de ilegalismos y violencias y se extienden a nuevos territorios y prácticas con ese sello.

El problema abarca a las fuerzas policiales pero las excede. Ellas deben estar para impedir el delito y esto significa que es absolutamente necesario que otros actores realicen conjuntamente tareas de sensibilización, contención y prevención en términos de salud pública. Especialistas en trabajado social, salud y educación deben estar en los distintos territorios en que la sociedad padece el problema de las adicciones. Pero esto también significa que necesitamos reconocer que las fuerzas de seguridad son sensibles y porosos al poder de cooptación del narcotráfico que se ha incrementado en los últimos tiempos.

Señalar las villas o las fuerzas policiales como principales responsables es ignorar que el narcotráfico es muchísimo más que la apariencia inmediata de repartidores, soldaditos y bunkers. Se trata de una realidad de cultivos, logísticas transnacional, capitales, instituciones financieras que se nutren de ganancias ilegales, y que son capaces de sofisticadísimas maniobras de blanqueamiento de capitales. No podemos dejar que la punta del iceberg oculte un bloque de profundidad enorme contra el que choca la sociedad. Frente a esto debemos decir que es uno de los principales problemas de la sociedad argentina y que es a esta altura el problema que debemos abordar con una política de estado y con una estrategia de largo plazo que surja del compromiso de los principales actores político partidarios incluyendo las diversas agencias estatales.  

La vida social contemporánea, por circunstancias contrapuestas entre sí, ofrece oportunidades regulares para el consumo autodestructivo de todo tipo de sustancias. La sobreocupación, la desocupación y las exigencias laborales, los conflictos relacionales, los mandatos de “disfrutar sin límite”, la oferta compulsiva de experiencias son parte del ejercicio de una violencia contra sí mismos de miles de personas.  

La política requiere de un salto cualitativo en la acción coordinada del estado, las dirigencias políticas y sociales.  En primer lugar de las organizaciones de familiares que asisten a  sujetos en riesgo y que conocen como pocas el padecimiento de las adicciones y los circuitos en que este se engendra. En segundo lugar las organizaciones de la sociedad civil que tienen presencia territorial y/o cercanía existencial con quienes necesitan apoyo para liberarse del compulsión.

 LFN