Estudiantes y docentes universitarios buscan sostener la protesta, pero los rectores apuestan a la negociación política
El conflicto universitario entró en una nueva etapa. El paro de transportes de este miércoles 30 marcará otro hito en la disputa que los estudiantes y los gremios docentes y no docentes llevan adelante frente al Gobierno, aunque el desafío de extender la pelea choca con la negociación subterránea que el oficialismo abrió con el radicalismo –que tiene preponderancia entre los rectores–. Ya comenzó a notarse un desfase en la estrategia que cada sector en disputa busca llevar adelante. Por eso, a más de dos semanas del veto de Javier Milei y pese a las bravuconadas que el subsecretario de Política Universitaria nacional, Alejandro “Galleguito” Álvarez, lanzó en su exposición en Diputados, aún no hay acuerdo tripartito para convocar a una tercera marcha federal, aunque los sindicatos y las federaciones estudiantiles más combativas quieren que sea antes del 15 de noviembre.
El ajuste libertario provocó un inédito frente de lucha conformado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos y las federaciones de estudiantes. Pero en esa entente ya no hay homogeneidad sobre las tomas y paros como herramientas efectivas en la protesta. Mientras las autoridades bregan por acotar la discusión en el ámbito del Congreso –donde se discute el presupuesto 2025–, las agrupaciones de alumnos tienen discusiones sobre qué acciones de visibilización emprender. Y, a su vez, el Ejecutivo oficializó un aumento unilateral de 6,8% a partir de noviembre para los trabajadores, junto con la cláusula de la garantía salarial, buscando descomprimir el reclamo puntual sobre los sueldos.
Sigue pendiente, sin embargo, la definición más importante: el financiamiento universitario para todo el año que viene. Los libertarios aún no se movieron de su propuesta original de $3,8 billones, la mitad de lo que reclaman los rectores –$7,2 billones–. Una propuesta de la oposición que está en el aire es echar mano a los llamados gastos tributarios, es decir los regímenes especiales que contemplan exenciones impositivas. Desde el lado del mostrador oficial no hubo, hasta ahora, contraoferta concreta. Milei juega al tiempismo: el fin del cuatrimestre hacia diciembre puede jugar a favor del Presidente.
El paro del 30 y más allá
La huelga que frenará el transporte terrestre y aéreo en todo el país tendrá el apoyo de estudiantes, docentes y no docentes. La definición de esos sectores llegó en cascada entre el jueves y el sábado, luego de diferentes reuniones gremiales y asambleas tanto en facultades como en la Plaza de Mayo.
Los sindicatos se plegaron al reclamo que tiene a la cabeza al camionero Pablo Moyano. Si bien temprano el viernes se conoció la adhesión los trabajadores nucleados en la Federación de Docentes de la Universidades (Fedun), que forma parte de la CGT, el apoyo más importante se conoció durante la tarde con la participación de la Conadu Histórica y la Conadu, que responden a las dos ramas de la CTA y representan la mayor parte de la población de educadores.
Dependiendo el lugar del país, este miércoles habrá clases públicas, cortes, semaforazos y perfomances (cómo la que hubo en la terminal Once del tren Sarmiento). “Depende antes que nada de la existencia de transportes para llegar a las unidades académicas”, plantearon en la Conadu Histórica a elDiarioAR. El sindicato votó también que todas la semana haya actos, clases públicas y ferias de ciencias en plazas o lugares emblemáticos de las distintas ciudades. Y para presionar hacia una tercera marcha federal en Buenos Aires, buscarán realizar marchas regionales como paso previo.
Los estudiantes también protestarán con acciones de visibilización, pero hay diferencias en la extracción de las agrupaciones. La FUA (Federación Universitaria Argentina), dominada por la Franja Morada, no se pronunció hasta ahora. Pero la federación estudiantil más ligada al peronismo-kirchnerismo –el Frente Malvinas Argentinas– tiene pensado participar de los cortes de calles en Capital Federal y de la olla popular en Constitución que impulsa el gremio de la economía popular UTEP, alineado con Moyano. Hoy habrá una gran asamblea interfacultades en la Universidad Nacional de Quilmes, a la que fueron invitados el camionero y el resto de los sindicalistas de la Mesa de Transporte.
A su vez, las agrupaciones de izquierda ligadas al FIT tuvieron este sábado una asamblea interestudiantil con alumnos de distintas facultades de la UBA, la UTN y de universidades del conurbano bonaerense, junto con algunos secundarios. Además de apoyar el paro del 30 –sin movilización–, buscan ir más allá: presionar para una nueva manifestación el viernes 1 de noviembre y ya plantearon una fecha concreta para una tercera marcha: el 12 de noviembre.
Una problemática que se vislumbra es que la radicalización que propone el trotskismo no es compartida por las demás banderas estudiantiles. En las últimas asambleas no consiguieron la misma adhesión a nuevas tomas como semanas atrás, donde se dio el fenómeno de que las bases desbordaran a los centros de estudiantes dominados por la Franja Morada, como ocurrió en Derecho de la UBA. “Lo de la toma por tiempo indeterminado ya no cala, y menos sin clases. En general lo que se está definiendo son más las clases públicas”, admitió a este medio un dirigente estudiantil que forma parte de las conversaciones más sensibles en el conflicto.
Desde la izquierda, por caso, denunciaron una estrategia oficial para hacer una cuña en el estudiantado: “El Gobierno está con una campaña deliberada tratando de dividir al movimiento estudiantil del resto de la sociedad”, cuestionó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Una asamblea en la sede de Puán votó el jueves por unanimidad repudiar los dichos del titular del CIN, Victor Moriñigo, que entre semana cuestionó las tomas en diálogo con elDiarioAR y hasta admitió el efecto de la motosierra mileísta: “Les hicimos pagar el ajuste a los trabajadores”.
La negociación de los rectores
Las acciones de visibilización de los gremios y el estudiantado chocan de frente con el juego más político al que se prestaron los rectores del CIN, principalmente el ala radical, que es la que encabeza su presidente, Moriñigo. Al calor de la visita del titular del bloque de la UCR en la Casa Rosada, Rodrigo de Loredo, las autoridades de las universidades quieren acotar el reclamo ante el Gobierno en el ámbito parlamentario.
Como un gesto, Moriñigo –rector de la Universidad de San Luis– evitó confrontar con los dichos de Álvarez, que el jueves en la comisión de Presupuesto acusó a los rectores de hacer lobby en el Congreso para conseguir más fondos. “Hemos aprendido que los funcionarios declaran una cosa en la prensa y después en privado con más amables y conversamos sin problemas”, señaló el rector.
Esta semana Moriñigo buscará encontrarse con los distintos bloques de la oposición para alinear una estrategia de negociación para que los libertarios acepten modificaciones en las partidas presupuestarias. En el CIN ya reconocen como casi imposible que puedan recibir los $7,2 billones que estimaron para 2025 –calculando salarios para los trabajadores por encima de la inflación–, por lo que admiten que el objetivo es elevar todo lo que se pueda la cifra de $3,8 billones que estipula el Gobierno en su proyecto.
Una de las alternativas que propone la UCR es que se redirigan fondos de los llamados gastos tributarios, aquellos regímenes específicos que implican beneficios impositivos. Es un planteo que tiene consenso con otros sectores opositores. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, especialista en temas educativos, le puso números a esa propuesta el jueves pasado, cuando frente a Álvarez y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, se preguntó: “¿De dónde podemos reasignar los recursos?”.
La oposición dialoguista propone reasignar para las universidades parte de los gastos tributarios, que alcanzan los $27 billones, el 3,54% del PBI
Los cálculos opositores estiman que los gastos tributarios alcanzan los $27 billones, que representan el 3,54% del PBI. Los regímenes de promoción económica suman $3,3 billones, o sea el 0,43% del PBI. Ese renglón se disgrega en: promoción industrial, $83 mil millones; promoción económica de Tierra del Fuego, $1,3 mil millones; promoción de economía del conocimiento, $466 mil millones; promoción de la actividad minera, $540 mil millones.
Ferraro también detalló otros ítems del Presupuesto 2025 que Milei podría acortar para fondear la educación, no solo terciaria, sino de todos los niveles, por caso: Inteligencia, $198 mil millones; Defensa, maquinaria y equipo militar, $105 mil millones; y Construcciones, $14 mil millones. Entre el gasto tributario de los regímenes de promoción y el gasto de inteligencia y el gasto militar suman $2,7 billones, lo que representa el 45% del total del gasto de educación y el 136% del total de la inversión educativa, sin contar las universidades. “Se disponen los mismos recursos para bienes de uso militar y defensa que para educación. Es idéntico el gasto en construcciones y equipamiento militar que el de los programas de construcción de jardines, maternales, equipamiento e infraestructura educativa”, le espetó Ferraro a los funcionarios nacionales.
Tanto Álvarez como Torrendell evitaron públicamente dar señales de aceptar esas sugerencias. Por ahora, el Gobierno y el oficialismo en Diputados se manejan con reserva, aunque sí hubo conversaciones subterráneas, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias radicales. Milei no quiere ceder antes de que los opositores que podrían acompañar su Presupuesto de déficit cero confirmen su apoyo. Mientras tanto, apostará a seguir dividiendo un espacio multisectorial como es el universitario para superar un conflicto que entró en una nueva etapa, pero aún está lejos de terminar.
MC
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