Por falta de acuerdo e inacción política, el 40% de la Justicia federal de Rosario está vacante hace años
La Justicia federal de Rosario, encargada de investigar y juzgar el narcotráfico y la criminalidad organizada en la ciudad más afectada por la violencia narco, tiene actualmente 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Es decir, más del 40% de los cargos están vacantes, de acuerdo a las estadísticas públicas y las consultas oficiales realizadas por elDiarioAR. La parálisis no tiene un año ni dos, lleva varios años y descansa en las espaldas de opositores, jueces, abogados, académicos y oficialistas, incluido el presidente Alberto Fernández y el Senado, presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Ganaron los narcos”, dijo este jueves el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en declaraciones a Todo Noticias (TN).
A la falta de jueces y fiscales titulares, se suma otra parálisis: el gobierno de Fernández (a través del Ministerio de Justicia), el Congreso Nacional y la Procuración General de la Nación debían implementar juntos el sistema acusatorio en la Justicia federal de la provincia de Santa Fe a partir de 2020.
El sistema acusatorio es el mismo que utilizan Estados Unidos y toda Latinoamerica. Fue votado por las distintas fuerzas políticas en el Congreso y cambia el procedimiento: los fiscales pasan a estar a cargo de las investigaciones, los tiempos se acortan, se agilizan los juicios y se aplican herramientas que permiten multiplicar los recursos humanos, como la figura de los fiscales auxiliares.
Se creó una comisión bicameral en el Congreso especialmente dedicada a implementar este sistema en tandas de dos provincias. El acusatorio ya funciona en Salta y Jujuy y la Bicameral, presidida por el Frente de Todos, debía ponerlo a funcionar en Santa Fe y Mendoza a partir de diciembre de 2019, sin éxito.
En la Asamblea Legislativa del miércoles, el Presidente dijo en su discurso: “Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.
Ni la reforma judicial de Fernández ni las propuestas para crear nuevos cargos judiciales suenan a soluciones posibles en Rosario. “No se necesita que se creen más juzgados ni más fiscalías. Con que se completen las vacantes actuales y se implemente el acusatorio, avanzaremos mucho. Pero el problema de Rosario es multicausal: no sólo faltan jueces y fiscales federales. Se trabaja con una policía mal paga, mal capacitada y corrupta. Gran parte de la clase política está cooptada por el narco y el crimen organizado ha cooptado grandes sectores sociales, financieros y económicos”, explicó a elDiarioAR uno de los hombres que mejor conoce la problemática de esta ciudad y trabaja día a día en contacto con jueces, fiscales, funcionarios y policías en territorio rosarino.
Quién elige a los jueces
Los jueces federales de todo el país se designan por concurso en el Consejo de la Magistratura, presidido por presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, desde hace un año. El organismo está integrado por diputados y senadores de la oposición y el Frente de Todos (FdT), además de jueces que representan a sus pares, abogados y académicos.
Además de realizar los concursos, los consejeros deben elaborar las ternas (tres candidatos) para enviar a los elegidos al Ejecutivo. Para ello, se requiere del consenso y la negociación entre todos los sectores que conforman el organismo. De allí, que el Consejo de la Magistratura se convirtió en el escenario de pujas, acuerdos y disputas entre la política y los jueces por el diseño del poder Judicial: quien tiene más poder en este organismo, tiene más jueces en el sistema.
Tras recibir la terna, el Presidente debe elegir a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura y enviar el pliego del posible juez al Senado. Luego, los senadores deben evaluar y votar el pliego o rechazarlo. En el caso de los jueces y fiscales federales y nacionales sólo se requiere una mayoría simple en la votación.
El procedimiento para nombrar fiscales federales es similar pero lo realiza otro organismo: la Procuración General de la Nación. Es por concurso y también se elabora una terna que se envía al Presidente. Luego el Senado, evalúa y vota al candidato enviado por el Ejecutivo.
¿Y en Rosario?
Rosario tiene cuatro juzgados federales de primera instancia. De los cuatro, uno no tiene juez titular. Es decir, el 25% de la Justicia federal de primera instancia, que debe iniciar las investigaciones por narcotráfico, está vacante. Al menos desde principios de 2022, El Presidente envió el pliego de su candidato al Senado en los últimos meses, según el sitio del Consejo de la Magistratura.
La Cámara Federal de Apelaciones debería tener otros seis jueces. Su función es revisar las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. En junio de 2022, Fernández envió al Senado el pliego de su candidata a camarista de la Sala B. También envió otro cargo para la Sala A del tribunal. El Senado votó a la jueza propuesta por el Presidente y ya está en funciones. El otro cargo permanece vacante, de acuerdo al sitio del Consejo de la Magistratura.
La ciudad tiene dos tribunales orales federales, que son los encargados de llevar adelante los juicios por narcotráfico y dictar sentencias. Uno de los tribunales está totalmente vacante. El Ejecutivo envió dos pliegos al Senado y aún debe enviar el tercero para completar los cargos del tribunal número 2.
De las siete fiscalías federales de Rosario, sólo tres tienen fiscales titulares. El resto se cubre con fiscales subrogantes: faltan dos fiscales titulares de primera instancia; además de un fiscal general de Cámara que mantenga las apelaciones de los fiscales contra los planteos de las defensas de los acusados de narcotráfico; y un fiscal titular de tribunal oral para llevar adelante los juicios, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público Fiscal a las que accedió este diario.
Sólo por caso, en mayo último el procurador Eduardo Casal envió una terna de candidatos para cubrir la fiscalía federal número 2 de Rosario, pero el presidente todavía no eligió a su candidato para enviar el pliego al Senado.
ED
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