El fiscal Ramiro González rechazó el pedido de incompetencia que había presentado la defensa de Alberto Fernández

El fiscal Ramiro González rechazó el pedido de incompetencia que había presentado la defensa del expresidente Alberto Fernández, quien pretendía que la causa tramite en San Isidro.

El exmandatario había pedido, a través de su abogada Silvina Carreira, que la denuncia de su expareja Fabiola Yañez, por violencia y otros delitos, salga de los tribunales Comodoro Py y se traslade a la justicia federal de San Isidro, donde tramita la causa por la Fiesta de Olivos.

Fernández es investigado por la Justicia a raíz de la denuncia por violencia de género presentada por Yañez y que se tramita en el despacho de Julián Ercolini.

Por otra parte, Fernández pidió al fuero civil y comercial en las últimas horas una medida cautelar para que se prohíba a medios de comunicación y sitios de internet, así como Google, Facebook, X y Yahoo publicar, difundir y reproducir sus fotos y videos íntimos porque se estaría afectando su derecho al honor y la intimidad.

El exmandatario solicitó también por medio de un escrito que se eliminen los registros con las imágenes publicadas hasta el momento, tanto en los buscadores y sitios mencionados, como en portales de internet y otros soportes tecnológicos.

Fernández hizo el planteo “por derecho propio”, con el argumento de que las imágenes que se publicaron y las que eventualmente se podrían difundir afectan su honor e imagen y dañan a sus hijos, Tani Fernández Luchetti y Francisco Fernández. Asimismo, advirtió que es una situación de “urgencia extrema” e impulsó una “acción preventiva de daños” contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas mencionadas.

De acuerdo a Fernández, y más aún cuando días atrás la Justicia allanara su domicilio y sustrajera dispositivos varios para investigar si el expresidente se había contactado con Yañez a pesar de la prohibición que rige por parte de la Justicia desde el 6 de agosto, “hay una flagrante amenaza” de difundir supuestas imágenes o videos que tienen como única finalidad “ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad”, tanto suyas como de sus hijos y familiares.

En la presentación, el imputado asegura que se le atribuyen imágenes y videos “falazmente por parte de diversos medios y figuras públicas”, al tiempo que considera que esas divulgaciones de material íntimo al público “desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos” y que aparece otra gente “en situaciones incómodas”.

“Estas afirmaciones y la difusión de dichos videos pretenden generar un daño a mi persona, a mis hijos, a nuestra privacidad y reputación familiar”, argumenta Fernández, quien alude en su escrito a la “protección del derecho a la privacidad y a la integridad de los derechos del niño, contemplado por la legislación nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos” porque “se están afectando derechos personalísimos”.

Entre otros argumentos, el expresidente afirma que la libertad de expresión “es una garantía”, que el derecho a la intimidad es un derecho “inclusive para las personas célebres” y que “la libertad de prensa no es un derecho absoluto”.

Por eso, para concluir, pide a la Justicia que, ante “una innegable urgencia en desarrollar una ética de los medios de comunicación social que les posibilite encontrar sus propios límites sin avanzar sobre derechos personalísimos, quiere, solicita, implora, se protejan sus derechos personalísimos, se establezca que la libertad de expresión no es libertad de pregonar el odio e incitar a la violencia”.

IG/CRM