VACUNATORIO VIP

Ginés González García reapareció a un año del Vacunatorio VIP, con críticas al Presidente y una justificación: “No hice nada incorrecto, capaz cometí alguna estupidez”

A poco de cumplirse un año del estallido en el seno del Gobierno de un “vacunatorio de privilegio” durante la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud, en épocas donde la llegada de vacunas a la Argentina era incipiente e incierta, y que derivó en su renuncia a pedido del presidente Alberto Fernández, el exfuncionario relató este miércoles “el dolor grande” que le provocó su salida del Ejecutivo y cargó la tintas contra el mandatario: “No me pareció justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Es difícil de superar. No hice nada incorrecto, capaz cometí alguna estupidez”, sostuvo.

Ginés mostró su disgusto con Alberto Fernández cuando decidió su renuncia casi de inmediato tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky del 19 de febrero de 2021 en las que reconocía por radio que había accedido a la vacuna contra el coronavirus tras llamar “a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, relató el periodista. Para el ex ministro, el Presidente tomó la decisión de su salida “en base a un comentario y sin escuchar” su versión de los hechos.

“Hubiera querido hablar yo (con Fernández), me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”, sostuvo el exfuncionario que fue reemplazado por Carla Vizzotti, en declaraciones a FM Delta.

Asimismo, González García manifestó que tiene allegados que creen que “fue una emboscada”, aunque aclaró no tener “pruebas al respecto”. Y agregó: “Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”. 

Qué había pasado

El escándalo por las “vacunaciones VIP” estalló el viernes 19 de febrero cuando el periodista Horacio Verbitsky relató que se había dado la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, siguió su relato Verbitsky.

El periodista, de 79 años, había afirmado tiempo atrás que no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de Covid-19, cambió de opinión.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer (18 de febrero de 2021) me vacuné”, remarcó.

En la provincia de Buenos Aires había comenzado esa semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezaría a inmunizar a los mayores de 80 años recién la semana siguiente.

Poco después de las declaraciones de Verbitsky trascendió que al menos de 10 funcionarios del Gobierno saltearon también el esquema de turnos para la vacunación y fueron inoculados, entre ellos el canciller Felipe Solá y el diputado Eduardo Valdés, que iban a acompañar al Presidente en un viaje oficial a México la semana próxima, como también el senador Jorge Taiana.

También trascendió que el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, de 77 años, recibió la vacuna junto a su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años, que convive con la pareja.

En los días previos se había conocido que el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no revestir la condición de personal esencial de la Salud ni adulto mayor de 70 años para ser vacunado.

En el listado original también figuraban varios integrantes de la familia Aldrey, el titular del grupo económico, Florencio Aldrey, propietarios del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles, y colegas amigos de Ginés, como el traumatólogo Salomón Schächter, de 84 años.

El mismo día de los dichos de Verbitsky, Fernández le pidió la renuncia a Ginés.

La causa judicial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó en julio pasado el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

Pero en agosto de 2021, la Justicia determinó que se vuelva a investigar el tramo de la causa del vacunatorio VIP por coronavirus que se había archivado. La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I del tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular, al “saltarse la fila”. Entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, que fue el que reveló la maniobra que le costó el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens plantearon que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”. Consideró que “ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”. Determinaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Mencionaron que la investigación “deberá enfocarse sobre estos últimos”.

Al poner la lupa sobre las personas que se “saltaron la fila” para recibir la vacuna, entre los que funcionarios, plantearon: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Destacaron que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”. Consideraron que “recién en ese momento corresponderá a la jueza conciliar la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. Aclararon que “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

IG