Gobernadores fugitivos, la mano que redactó el juicio y el llamado de Massa

Alberto Fernández sondeó, en persona, a varios gobernadores sobre su plan para iniciarle juicio político a Horacio Rosatti. La idea había sido conversada, a propuesta de varios mandatarios, en la reunión que mantuvieron el 22 de diciembre pasado en el salón Eva Perón de Casa Rosada, aquella de la que surgió el texto que, con la firma de 14 gobernadores, declaró “imposible de cumplir” el fallo de la Corte Suprema que ordenó incrementar en 183 mil millones de pesos los fondos que Nación le debe girar a CABA.

En aquel encuentro, se analizó la instancia del juicio político a partir de una serie de “comportamientos” considerados inadecuados del tribunal. El primero de todos, el que reestableció la integración del Consejo de la Magistratura según una ley derogada una década y media atrás. En medio, varios rechazos a planteos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y, por último, el fallo sobre los fondos para CABA que, en la lectura inicial, tenía error de confección y se tomaba, la Corte, atribuciones excesivas que avanzaban sobre facultades de otros poderes.

Sobre eso apareció otro hecho: tras la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro con, entre otros funcionarios, Silvio Robles, operador todo terreno de Rosatti, Fernández terminó de precipitar la decisión y resolvió que su primera medida del año 2023 sería anunciar el inicio del juicio político al presidente de la Corte y, en paralelo, a los otros tres integrantes del tribunal.

Al trascender las comunicaciones, producto de un hackeo, en los que D'alessandro habla de fallos y recibe recomendaciones de Robles, el Gobierno decidió avanzar con el pedido de juicio político. No hubo, dicen en casa Rosada, consultas con los gobernadores pero se les informó sobre la decisión que el Presidente anunció en las primeras horas del 2023

“Se habló con todos los gobernadores, con algunos el Presidente, con otros sus colaboradores. Se les contó la decisión y se los invitó a la reunión en Casa Rosada”, explicó una fuente oficial a elDiarioAR. En paralelo, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabajó en la redacción del escrito que difundió este martes el Gobierno con los argumentos y las mecánicas sobre la denuncia contra Rosatti y los demás cortesanos.

La funcionaria es señalada en el Gobierno como la redactora, con su equipo de Legal y Técnica, de la presentación que será enviada al Congreso para iniciar el proceso de juicio político. En Diputados, dan por hecho que tienen número suficiente para aprobar el pedido en comisión e iniciar el proceso de investigación. “Una vez abierto la investigación van a empezar a desfilar los testigos y a demostrarse cada vez más cosas. Ahí no va a ser tan fácil bancar a los supremos. El clima político va a ir in crescendo”, dicen en el oficialismo.

Bajas

Luego del anuncio del Presidente, hecho el 1° de enero a la mañana, surgieron los primeros indicios de que el número de catorce mandatarios, que en diciembre firmaron el documento contra el fallo de la Corte, empezaba a tener bajas. En la previa, desde algunas provincias se deslizaron planteos sobre la inconveniencia de avanzar en esa dirección.

La más notable, confirmada este martes, fue la de Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Uñac, que había sido muy enfático contra el fallo cortesano que favoreció a CABA, no estuvo en Casa Rosada ni participó por Zoom. Luego dejó trascender, vía voceros, que no compartía la decisión del juicio político. “No cree que sea la forma”, explicaron a su lado.

En el Frente de Todos (Fdt) hicieron otra lectura. “Uñac quiere reelegir en la provincia como gobernador y sabe que ese conflicto va a terminar en la Corte. Por eso no quiere apoyar el juicio a Rosatti, indicó un dirigente del FDT. En la provincia no refutan ese planteo. En el oficialismo entienden que el sanjuanino no quiere generar una tensión con la Corte porque imagina que el tribunal deberá resolver, eventualmente, un planteo sobre su reelección.

Hasta acá, cada vez que el máximo tribunal intervino en planteos sobre “interpretaciones” de constituciones provinciales referidas a intentos de reelección, falló en contra de los gobernadores. Gerardo Zamora en Santiago del Estero, Alberto Weretilneck en Río Negro y Sergio Casas en La Rioja son tres antecedentes de los últimos años.

Uñac lleva dos mandatos como gobernador y uno como vice de José Luis GIoja. Un tercer mandato aparece objetado por distintos sectores, desde JxC y, quizá, desde el peronismo judicialicen su candidatura, en caso que se presente. El gobernador anticipó su deseo pero hasta que no haya una candidatura anotada, el tema no puede discutirse en la Justicia porque sería una abstracción. Uñac convocó a elecciones para el 14 de mayo. Las listas cierran a fines de marzo. “El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a Gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa”, dijo días atrás.

El movimiento de Uñac se coló en la interna peronista. José Luis Gioja, ex gobernador que aparece como posible candidato rival de Uñac, cuestionó la actitud del mandatario. “Se dio vuelta como una media”, lo cruzó en Twitter.

La firma difusa

Al atardecer aparecieron dudas sobre otros mandatarios. Uno es Gustavo Bordet, de Entre Rïos, que aunque figura en la lista de firmas del juicio político, no habría acompañado la iniciativa. Desde el gobierno de Entre Rios plantearon a elDiarioAR que Bordet no acompaña el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte. No aclaran, sin embargo, sobre porque figura entre los gobernadores firmantes.Hablan que pudo haber un error. Bordet participó, por Zoom, durante un tramo de la reunión. En Casa Rosada dicen que el entrerriano le anticipó su apoyo a Fernández.

En torno a Bordet hay otra presunción: la Corte tiene en análisis un recurso presentado por Cecilia Goyeneche, la ex fiscal anti corrupción, que fue removida por un jury que ella objetó. Según se interpreta, el recelo de Bordet a apoyar el juicio político contra Rosatti y lo demás cortesanos, tendría que ver con el expediente Goyeneche.

Había otro interrogante abierto: Alberto Rodríguez Saa, el gobernador de San Luis. El mandatario puntano, que firmó el documento contra el fallo de la Corte días atrás, no había sumado su firma. Fuentes oficiales dijeron que no había podido ubicar al gobernador para conocer su postura. A su vez, no descartaban que con las horas pueda sumarse a la lista de mandatarios que avalan el pedido de juicio político.

En tanto, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, está de vacaciones y no participó aunque sí lo hizo su vicegobernador. Aunque su firma está en el documento, se generaron algunas dudas respecto a si Arcioni acompañaba o no. En Gobierno se dijo que el mandatario patagónico apoya la decisión y dijeron que para sumar su apoyo fue determinante un llamado del ministro de Economía, Sergio Massa, el funcionario nacional con mayor ascendencia sobre Arcioni.

La intervención de Massa habría sido sigilosa porque, hasta acá, el ministro casi no se involucró en la pelea política y mediática en torno al fallo de la Corte y, menos aun, en el planteo empujado por Fernández para iniciarle juicio político a los cortesanos. “A Sergio no se le pide que opine públicamente: su tarea es otra, ser ministro de Economía, así que no tiene necesidad de meterse en estas discusiones”, apuntó una fuente oficial.

Con las horas se despejarán las dudas sobre Rodríguez Saá y Arcioni y terminará de aclararse el panorama sobre el nivel de adhesión de los gobernadores del FdT que ya en el planteo por el fallo de la Corte Suprema con los fondos tuvieron una baja: la de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que aunque pidió el texto para sumar su firma, nunca lo hizo ni tampoco expuso una posición oficial de la provincia sobre el conflicto por la coparticipación aunque inicialmente participó en la demanda hecha por las provincias.

PI/MG