El Grupo Clarín en la mira: las nuevas medidas de Milei que amagan con tensionar aún más la relación con la prensa

Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Dardos casi siempre dirigidos a personas, que en contadas ocasiones —como en el caso de la eliminación de la pauta oficial o, más simbólicamente, en el regocijo del Presidente ante la crisis de Perfil— llegaron a traducirse en acciones contra los intereses concretos de los grupos mediáticos. Sin embargo, algo de eso parece haber comenzado a cambiar esta semana.

Todo arrancó el domingo pasado, cuando Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios. Durante una entrevista con el canal TN, el mandatario cargó contra el periodista de esa misma señal Marcelo Bonelli, a quien acusó de mentiroso por haber aventurado en una de sus columnas del diario Clarín que la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud no había tenido que ver con un tema de gestión, sino con una supuesta denuncia de corrupción. “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”, lanzó el Presidente, visiblemente enfurecido.

Pero lo que puede ser intepretado como un cruce más de Milei con un periodista, terminó yendo más allá. Al día siguiente, el Gobierno dio a conocer una medida que puso en la mira a los medios, entre ellos al Grupo Clarín: la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y medios digitales, con la pretensión oficial de aumentar la recaudación en aproximadamente $264 mil millones. En un principio, se especuló acerca de una pronta judicialización de la medida, ya que se trata de una potestad que corresponde al Congreso. Sin embargo, este viernes, el oficialismo confirmó que incluirá el tema en la discusión del Presupuesto 2025.

“Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA, sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes pasado, durante la misma conferencia en que informó también la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la reducción de más de 3100 cargos públicos, a partir de la creación de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los críticos más duros de la movida del Gobierno contra los medios estuvo el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. “Milei, el alumno de Néstor Kirchner, ataca a los medios y privilegia a los empresarios amigos”, escribió en su cuenta de X, en donde abrió un “hilo” en el que detalló otros sectores que tienen exenciones que podrían eliminarse. Entre ellos, mencionó al régimen de Tierra del Fuego y su “escandaloso” costo fiscal.

Pero la mojada de oreja de Milei a Clarín no se quedó ahí. Durante su conferencia del lunes pasado, Adorni también informó que se detectaron irregularidades en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU), un mecanismo destinado a reducir las brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet en el país. Sostuvo que las empresas Telecom (mayoritariamente propiedad del Grupo Clarín) y Telefónica deben más de $3.000 millones. Además, se derogaron varias regulaciones de obligatoriedad en la provisión de canales en la televisión paga, que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV.

Así y todo, el gesto más simbólico fue otro: la designación en la nueva Dirección General de Impositiva (DGI) de Andrés Edgardo Vázquez, un controvertido funcionario que trabajó en la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray y que es recordado por un megaoperativo que realizó el ente recaudador, ahora extinto, en 2009 frente a la sede central del Grupo. De fluidos lazos con el submundo de la inteligencia, Vázquez estuvo al frente de esa inspección, en plena pulseada del gobierno kirchnerista con Héctor Magnetto. Ahora, llegó a la cúspide de la flamante DGI con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo. 

Arsat y 5G

El Gobierno tomó también esta semana una decisión vinculada al negocio de las telecomunicaciones: poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando, además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que serán destinados al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explica desde el Gobierno, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

“Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados en ARSAT hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio: la fibra, el espectro, el data center y el satélite”, dijo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, una figura clave en las pretenciones privatizadoras del gobierno de La Libertad Avanza. “Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”, añadió.

Desde el comienzo de su gestión, el Presidente busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G, un terreno en el que ya pisan fuerte Claro, Telecom y Telefónica. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención del Enacom, encabezado desde enero por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk, a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

PL/DTC