Hidrovía: el Gobierno se vuelca en favor de la belga Jan De Nul y choca con un gigante chino que denuncia arbitrariedades en la licitación

Como en el juego de la oca, dos años después, el Gobierno del Frente de Todos regresa al punto de partida. Después de idas y vueltas, fuertísimos debates internos y prórrogas que postergaron la definición hasta hoy, la Administración General de Puertos (AGP) se encamina a elegir en la licitación corta del dragado y el balizamiento de la Hidrovía a las dos empresas que tienen la concesión del canal troncal desde hace 27 años: la argentina Emepa, del empresario Gabriel Romero, y la belga Jan De Nul, dueña de la Compañía Sudamericana de Dragados. La principal diferencia es que durante más de un cuarto de siglo las dos empresas funcionaron como socias directas bajo el paraguas de Hidrovía Sociedad Anónima y ahora trabajan por separado, producto de una ruptura que se precipitó en los últimos años.    

Otorgada por Carlos Menem y prorrogada por decreto durante un período de 25 años por presidentes como Eduardo Duhalde y Cristina Fernández, el contrato venció finalmente el 30 de abril de 2021 y, en esa oportunidad, Alberto Fernández hizo por primera vez lo que dijo que no iba a hacer: extender todavía más la concesión, primero hasta septiembre y después hasta marzo, aunque con una intervención mayor del Estado.

A cargo del santacruceño José Beni, la Administración de Puertos dio a conocer un dictamen de precalificación el 11 de febrero pasado en el que eligió a Jan De Nul en la oferta técnica del dragado de la vía fluvial por la que salen rumbo al exterior entre el 75% y el 80% de las exportaciones argentinas por un período adicional de seis meses. Lo hizo al descalificar a los otros tres consorcios que pretendían competir ahora, como paso previo a la licitación que abrirá paso a 10 años de concesión. 

Las compañías que quedaron afuera de competencia tienen experiencia sobrada y se distinguen por ser las más grandes del mundo en el rubro: el consorcio que integraban la CCCC Shanghai Dredging (SDC), la belga Dredging International (DEME Group) y la argentina Servimagnus; la danesa Rhode Nielsen asociada con Emepa de Romero; y la holandesa Boskalis International. 

Lo particular fue que el dictamen descalificó a las empresas por no cumplir los requisitos técnicos y les impidió pasar a la compulsa económica, lo que desató críticas y sospechas por parte de los derrotados. El domingo último, en una solicitada de página entera en el diario La Nación, el consorcio de DEME Group, Shangai Dredging y ServiMagnus cuestionaron en muy duros términos el dictamen de la AGP. Afirmaron que habían sido descalificados “de manera insólita” en base a “formalidades e interpretaciones arbitrarias” por parte del organismo estatal. 

“La AGP llega a la conclusión de que un consorcio del que participan en un 90% dos de las cinco mayores contratistas de dragado del mundo carece de experiencia técnica para este proyecto”, dijeron. El texto afirmaba que el consorcio cumple y excede los requerimientos técnicos exigidos en la licitación y que la forma en que resolvió el ente que el Gobierno designó para llevar a cabo la licitación, después de un cuarto de siglo, anticipa que la ganadora del contrato largo de 10 años será la misma compañía, propiedad de Jan De Nul. 

Por último, en la solicitada aparecen dos cuestionamientos: primero, que la AGP fue concesiva en exceso con la Compañía Sudamericana de Dragados y le permitió que “adelantara los términos de su oferta económica en su oferta técnica, violando las disposiciones expresas y desnaturalizando el proceso”. Segundo, que esa “injustificada inadmisibilidad de la oferta podría dar lugar a la adjudicación de las obras al contratista actual a un precio 40% más alto del que se podría obtener”. Así, para el consorcio que reúne al gigante chino y el gigante belga, el Estado elige a Jan de Nul pese a la “abismal diferencias de precios” y a riesgo de perder “la oportunidad de mejorar la competitividad” con la licitación. 

“Errores insalvables”

Ante la consulta de elDiarioAR, en el Gobierno afirman que Shangai Dredging, DEME Group y ServiMagnus fueron descalificados porque cometieron al menos dos “errores administrativos y técnicos insalvables” a la hora de presentar su proyecto: el primero y más importante, está relacionado con los antecedentes de dragado que las empresas debían acreditar. Eran 26 millones de metros cúbicos entre todas las compañías que integraban el consorcio -de manera proporcional a su participación accionaria- y en el período de los últimos cinco años, con obras finalizadas y certificadas. A la argentina ServiMagnus, que tenía el 10% de la UTE donde la mayoría se reparte entre chinos y belgas, no le daban los antecedentes de dragado. El otro punto, según afirman desde el Estado, tenía que ver con las lanchas y la disponibilidad de equipos que fue presentada con los plazos vencidos. 

En la solicitada, Shangai Dredging, Deme Group y ServiMagnus reclaman que la AGP acepte las objeciones al dictamen de precalificación. Sin embargo, en el Gobierno afirman que los miembros del consorcio deberían haber pagado un canon para formalizar la impugnación y no lo hicieron. En la AGP guardan silencio y no salen a responder, pero en las oficinas del Gobierno que trabajan el tema apuntan contra “los chinos”, en una muestra más de un gobierno partido al medio. No solo porque hace apenas unas semanas, el presidente Fernández y su comitiva fueron recibidos con todos los honores en Beijing y firmaron el ingreso a la Ruta de la Seda, sino porque además los chinos de Shangai Dredging están asociados con los belgas de Deme Group, otro de los grandes jugadores en el negocio global del dragado, y los argentinos de ServiMagnus. “Saben que la oferta tenía errores administrativos y técnicos. Quieren hacer una campaña de posicionamiento de cara a la licitación larga”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial que conoce el detalle de los pliegos. 

Por un carril paralelo aunque complementario al del dragado, marcha la licitación del balizamiento de la vía fluvial que se extiende a lo largo de 820 kilómetros dentro de las fronteras de Argentina y atraviesa siete provincias. En ese caso, la AGP decidió que el proceso licitatorio conste de un sobre único que se presentó a fines de diciembre. Según publicó Página 12, Emepa -la empresa que se encarga del tema desde 1995- ofertó una cotización que era 15% inferior a la de sus competidores, una UTE formada por Pentamar y Sade Electromecánica: 13,5 millones de dólares más IVA, casi 1,7 millones de dólares menos que sus rivales.

Aunque todavía no está dicha la última palabra, en el mercado ya advierten sobre la capacidad de resiliencia de la compañía firmada por el a esta altura legendario Gabriel Romero. El empresario que fue anfitrión de las reuniones en las que se amasó el Pacto de Olivos y poco después salió beneficiado en el contrato de concesión del canal troncal conocido como Hidrovía declaró en 2018 como arrepentido en la Causa Cuadernos y desató un tembladeral. Ante el juez Claudio Bonadio, afirmó haber pagado 600 mil dólares por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner que le extendió la concesión. Esa declaración precipitó la ruptura con los belgas de Jan De Nul y lo puso en la mira de los sectores del cristinismo que cuestionaron como nunca el contrato desde que Fernández asumió la presidencia. Se suponía que su caso estaba perdido y que no iba a poder continuar a cargo del negocio, pero Romero ya dio muestras de que puede sobrevivir a la adversidad. 

Según anticiparon a este diario desde el Gobierno, esta semana o a más tardar la próxima se daría a conocer la adjudicación del balizamiento y sería inminente también la apertura del sobre 2 de dragado, donde solo compite la firma de Jan De Nul. En ese momento, se sabrá si los belgas y el empresario arrepentido continúan al frente del negocio. Pese a la ruptura de un matrimonio redituable que se extendió durante un cuarto de siglo, tal vez Emepa y Jan De Nul puedan dormir en camas separadas.

DG