Human Rights Watch apuntó contra Lijo y denunció que el gobierno de Milei recorta el derecho a la protesta

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió este jueves un informe crítico sobre el primer año de gestión del presidente Javier Milei. Según el documento, durante este periodo se promovieron regulaciones “excesivas” contra las protestas sociales, se implementaron políticas exteriores que socavaron los derechos de mujeres y minorías, y se comprometió la independencia de la Corte Suprema al nominar al controvertido juez Ariel Lijo.

A pesar de estabilizar la economía, HRW advierte sobre un deterioro social en el país. “El plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto público, lo que tuvo consecuencias en la financiación de varios programas sociales”, afirma la organización en su comunicado. “Un estudio mostró que, durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron recortes de entre el 70 % y el 100 %. Los recortes también afectaron a programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad. El presidente Milei también vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones y la financiación de universidades públicas”, agrega.

El reporte, presentado desde su sede en Nueva York, analiza la situación de los derechos humanos a nivel global en 2024. En el capítulo dedicado a Argentina, se señala que las políticas de Milei incluyeron “recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil hacia periodistas y personas LGBT+”.

HRW también cuestionó el protocolo antipiquetes implementado por el gobierno, calificándolo como una medida que criminaliza el derecho a la protesta pacífica: “En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó un protocolo que, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación. También otorga a la policía amplios poderes para dispersar protestas”.

En este contexto, el informe se suma a las denuncias recientes de la sección argentina de Amnistía Internacional, que también advirtió sobre “el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza” en protestas sociales. Estas críticas fueron desestimadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien declaró: “Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes”.

Críticas a la nominación de Lijo

Una de las mayores preocupaciones expresadas en el informe es la nominación de Ariel Lijo para ocupar un puesto en la Corte Suprema. “Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal. A octubre, Lijo tenía cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Según un estudio, se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción”, señala el texto de la organización.

Según el reporte, esta decisión pone en riesgo la independencia del máximo tribunal y refuerza los temores de un deterioro institucional bajo la administración de Milei.