Jorge Julio López, la causa eterna

A López sus compañeros sobrevivientes de la dictadura le decían “El Viejo”. Era maestro mayor de obra, había construido su casa en Los Hornos, y los fines de semana militaba en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre que la Juventud Peronista había montado en ese barrio de la periferia de La Plata. Iba a colaborar con la merienda de los pibes y a jugar carrera de embolsados. 

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por la patota que encabezaba el torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del genocida Ramón Camps. Pasó por cuatro campos de exterminio hasta que lo ‘blanquearon’ en la Unidad 9 de La Plata. Fue torturado y presenció varios asesinatos. Guardó en silencio los recuerdos de la muerte porque en su familia no querían saber nada. Hasta que tomó contacto con otros ex detenidos e hizo catarsis con ellos, con dibujos y escritos. Puso nombre a sus fantasmas. Y se convirtió en testigo, primero en el Juicio por la Verdad y luego en el proceso oral y público contra Etchecolatz, el primero concretado tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Aquel 18 de septiembre de 2006 en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata tenía lugar la audiencia de alegatos, donde sus abogadas Myriam Bregman, Guadalupe Godoy, Verónica Bogliano y Liliana Mazea, integrantes de Justicia Ya!, iban a pedir la condena de Etchecolatz por los asesinatos de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio de Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Sahores, Nora Formiga y Margarita Delgado; y por la privación ilegal de la libertad de López y de Nilda Eloy, delitos cometidos en el marco de un genocidio. Julio López tenía muchas ganas de estar ahí para verle la cara a su verdugo. Pero no pudo.

Pasaron las horas y la atmósfera se empezó a enrarecer en el salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Las sobrevivientes Adriana Calvo y Eloy no dudaron: “Al viejo lo chuparon”. Los demás estaban estupefactos, los funcionarios las tildaron de exageradas. De no haber mediado una excepción del tribunal que presidía el juez Carlos Rozanski el juicio se hubiera caído.

“Desde entonces hubo un plan de encubrimiento para impedir que se llegara a la verdad sobre los responsables de su desaparición, y la causa es un monumento a la impunidad”, dijeron el último jueves en Plaza de Mayo los militantes de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), en un acto para evocar su memoria y denunciar que sus dos secuestros “muestran la continuidad y permanencia del accionar represivo del Estado a través del tiempo y de los gobiernos”. 

Cincuenta cuerpos de expediente y sumando

“No hay nada” en la causa López nunca fue sinónimo de ausencia de pistas sino de resultados. Quienes recorrieron los despachos de los funcionarios judiciales durante una década y media aseguran que tenían casi todo para dar con El Viejo, pero se dedicaron a encubrir con el método de arruinar todas las líneas que tuvieran olor a uniforme, al mismo tiempo que daban despliegue a las más banales como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. Por eso Adriana Calvo definió ese proceso como “una mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento”. 

Una de las pistas más interesantes tenía que ver con grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, integrados por los policías del circuito represivo Camps y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios, pero terminaron condenados en 2010. López identificó a 34 de ellos. “Cuando decimos que las Fuerzas Armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”, dijo Myriam Bregman, junto con Godoy, abogadas de López. 

Se trabaja en dos ejes: el relevamiento de cuerpos NN y los cruces telefónicos, donde intervienen el Sistema de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal

Un botón de muestra: Marcelo Sain –creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria– se fue del caso diciendo que todas esas líneas fueron boicoteadas. “Todo lo que pedimos con la PSA el juez no lo hizo. Los policías tienen lazos, no personales sino corporativos, y están defendiendo negocios actuales, su motivación no es la defensa de la dictadura sino la tarasca”, dijo Sain con su habitual estilo lunfardo.

Cuando se busca a un desaparecido, en teoría, la causa no se cierra jamás. El año pasado el diario Página12 informó que las “nuevas pruebas” del expediente –que luego de pasar por muchas manos ahora está en la Unidad de procesos de Lesa Humanidad a cargo de los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda– estaban basadas en el análisis de 10 millones de llamadas telefónicas y su geolocalización. Pasados 365 días, la única conclusión obtenida fue negativa. 

“En cuanto al trabajo relacionado con los cruces telefónicos, hemos descartado pistas que surgieron en base a los nombres de titulares de líneas telefónicas que se correspondían con personal de centros clandestinos de detención”, dijo a elDiarioAr una fuente del caso. “Es decir, había líneas activas de presuntos represores en el horario crítico en cercanías del domicilio de López, a los cuales investigamos y descartamos, pues no se trataba de represores sino de homónimos”, agregó.

El otro eje tiene que ver con una labor del SIFEBU, en particular el relevamiento de información sobre los NN enterrados en el cementerio de La Plata. Es la línea que tiene que ver con la posibilidad de localizar el cuerpo de López entre restos inhumados sin identificación. Además, están analizando la base de datos telefónicos que lograron reconstruir con la DATIP, que tiene como finalidad establecer parámetros para la identificación de sospechosos, según explicó la fuente. 

Los “amigos” del barrio

López tenía contacto, aunque fuera mínimo, con represores que eran sus vecinos. En sus testimonios él lo contó así, y en un posterior relevamiento que hizo la Policía Federal en 2007 en los alrededores de su domicilio aparecieron integrantes de la Policía bonaerense.

La noche previa a su segunda desaparición, López se quedó mirando el Fútbol de primera. Cuando su hijo Gustavo se levantó para ir a trabajar él ya no estaba. Nadie escuchó si sonó el teléfono y las perras Lupita y Violeta no ladraron. En el hogar no había puertas forzadas, faltaba un cuchillo de cocina y las llaves de Tito, que aparecerían durante la investigación tiradas entre los pastos altos y las ortigas del jardín delantero. ¿Las habrá tirado él porque pensaba volver para acudir a la audiencia que había esperado por años? ¿Lo abordó alguien que él conocía, lo secuestraron para apretarlo con el objetivo de que se desdijese en el juicio y López se negó? ¿Fue una banda mixta integrada por uniformados retirados y en actividad, o los policías exonerados ‘sin gorra’ del ministro León Arslanián? En cualquier caso, el mensaje era para el Gobierno y para la sociedad, en democracia también se puede desaparecer.

El pasado que vuelve

“Siento que este año está muy presente López, luego del atentado a Cristina (Fernández de Kirchner), muchos resignifican lo que sucedió con él también, como un quiebre del pacto democrático. Acá en La Plata decíamos ‘sin López no hay nunca más’, claro que en ese caso el quiebre no venía desde la política porque no estaba la derecha azuzando ni celebrando”, dice la abogada Godoy sobre el aniversario. 

Las dificultades que aún hoy detallan los investigadores judiciales son la radiografía de las carencias sistémicas e institucionales a la hora de encontrar a las víctimas de desapariciones forzadas y de ubicar a los autores de tal crimen.

“Se fueron salvando algunos problemas, por ejemplo, en cuanto a los NN se complicó la localización de información relacionada a los cuerpos inhumados sin identificación en el registro provincial de las personas, lo cual hizo que los profesionales del SIFEBU tuvieran que ir oficina por oficina”, describió uno de los actuales investigadores de la causa.

El ADN de la familia López está guardado en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense. Cada vez que aparece un cuerpo sin identificar, como ya sucedió años atrás, se los coteja. Las muestras fueron aportadas por sus hijos y su esposa una semana después de la desaparición. En el país de los 30 mil detenidos-desaparecidos, los expertos se preguntan si faltan herramientas, voluntad política o ambas. -En cualquier caso el diagnóstico lo tiene Maco Somigliana, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en diálogo con Ximena Tordini (revista Crisis, octubre 2020). “El síntoma más claro de la inexistencia de un sistema se ve en los casos conocidos. En la medida en que se recolecta a una persona que apareció en determinadas circunstancias, y esto ya es azaroso, se define que no es López, o no es (María) Cash, y queda ahí porque el funcionario que lleva ese caso no tiene forma de decir: ‘si no es López, ¿entonces quién es?‘. Hay que hacer un sistema en el que la pregunta no sea ‘¿es Julio López?’, ‘¿es María Cash?’, sino que la pregunta sea ‘¿quién es?’”.

CC