Presiones, lobbistas y el objetivo de operar a toda costa y no pagar impuestos: así fue el desembarco de Uber en Argentina
Con el objetivo de desembarcar en Argentina a cualquier costo, la empresa Uber comenzó en 2016 a aplicar su particular manual definido incluso por sus propios operadores como un estilo de startup guerrilla y que queda en evidencia en la nueva filtración de documentos, The Uber Files (los Archivos de Uber), obtenidos por The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación global, que en Argentina realizó elDiarioAR junto con La Nación e Infobae, confirma los intentos del co-fundador y entonces CEO de la compañía, Travis Kalanick, para llegar hasta Mauricio Macri, el lobby para presionar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para evitar el pago de impuestos y cargas patronales.
Presiones, amenazas y estrategias agresivas fueron las opciones discutidas internamente en Uber para lograr convencer a funcionarios públicos de modificar las regulaciones y leyes a conveniencia de la empresa. En 2019, Uber logró un dictamen del Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, y de la AFIP, que le permitió reducir el pago del impuesto a las ganancias, pero la empresa ni siquiera tiene CUIT por un supuesto incumplimiento formal.
No fue hasta 2021 que la compañía fue denunciada penalmente por las autoridades argentinas por el presunto delito de evasión de las cargas patronales de los conductores, a quienes se rehúsa a reconocer como empleados en relación de dependencia, cuestión que también llevó a Uber a tocar las puertas de la AFIP y recurrir a la Justicia. Actualmente, el fisco le reclama $165,6 millones por cargas patronales sólo por el período 2016-2018.
Los registros que salen a la luz este domingo en The Uber Files incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos producidos por ejecutivos de la empresa, incluido el entonces CEO, entre 2013 y 2017, cuando Uber irrumpía en las ciudades desafiando las leyes y regulaciones locales, eludiendo impuestos y tratando de ganarle la pulseada a la industria del taxi, principalmente, pero también a los activistas laborales.
Mientras en Argentina y otros países, los conductores de Uber, e incluso los pasajeros, eran blanco de los ataques violentos de grupos de taxistas enfurecidos, denominados “caza Uber”, Kalanick sostenía en comunicaciones privadas, ahora reveladas por The Uber Files, que “la violencia es garantía de éxito”. El portavoz del exCEO, Devon Spurgeon, respondió a ICIJ que el consorcio de periodistas “presiona” con su “agenda falsa de que el señor Kalanick dirigió una conducta ilegal o impropia” y “afirma tener documentos en los que el señor Kalanick estuvo o incluso fue autor, algunos de los cuales tienen casi una década”. Además, se quejó de que ICIJ rechazara “las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales”.
Actualmente, la empresa continúa operando en Argentina -está disponible en unas quince ciudades-, con varios litigios cruzados con autoridades y sindicatos de taxistas. Uber dijo al equipo argentino* de ICIJ que “la operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas”. “En la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, agregó la compañía.
La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de Uber se centró en la carencia de controles, regulaciones y licencias de los conductores y vehículos a los que sí están sometidos remises y taxis que prestan el mismo servicio, pero fue mucho más allá. La compañía tiene una denuncia penal de la AFIP por presunta evasión de cargas patronales y trabajo no registrado de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, según pudo corroborar el equipo argentino de The Uber Files.
Uber contrarrestó la decisión del fisco con otros dos reclamos judiciales, basados en su principal escudo: una red de sociedades offshore para eludir el pago de ganancias, de IVA y de cargas sociales, a pesar de que, según la propia compañía, cobra una comisión del 25% a los choferes por cada viaje realizado en el país. Sólo en América Latina, durante el primer trimestre de 2022, Uber Technologies INC. registró ingresos por US$432 millones.
Quemando embrague
“Nosotros pensamos que la llegada del gobierno de Macri iba a generar un contexto más abierto al comercio, más pro mercado, y que eso nos permitiría saltar los problemas con los sindicatos, los taxis y remises. Teníamos órdenes del CEO de avanzar como fuera necesario porque consideraba que Buenos Aires era la única gran capital e incluso gran ciudad del mundo donde no operaba Uber”, explicó al equipo argentino de ICIJ una persona que conoció de primera mano cómo operó Uber en Argentina y que pidió reservar su identidad.
“Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros. Al igual que en otros países, entramos buscando el apoyo popular para que ese apoyo ejerciera presión sobre los gobiernos y se vieran obligados a modificar las regulaciones”, afirmó la misma fuente.
Uber había dado sus primeros pasos sobre el gobierno argentino, apegado a su manual. Los registros obtenidos en esta nueva filtración demuestran un modus operandi que se repitió en varios países: gestar lazos con el poder político local para lograr inmunidad en el desembarco.
La operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas
“Alguna vez en el ministerio de Pancho Cabrera pidieron a la Ciudad que los escucharan, que eran una empresa moderna. Buscaban entrar por todos lados”, advirtió una fuente del gobierno porteño. Francisco Cabrera, exministro de Producción de Macri, se excusó de responder las consultas del equipo argentino.
Uber Argentina SRL se creó el 17 de diciembre de 2015, sin tener la certeza de si podría operar legalmente en el país. Ese mismo día, representantes de la empresa tuvieron un primer encuentro oficial con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según publicó entonces La Nación. Los ejecutivos fueron recibidos por el entonces secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y dos de sus asesores.
“El abordaje de Uber era siempre muy agresivo”, contó la fuente que conoció bien cómo operó Uber en Argentina. “Durante la primera reunión con Méndez planteamos que el Gobierno estaba en contra de la innovación. Él respondió que el Gobierno (porteño) debía respetar la legislación vigente y nos dijo que si queríamos operar, podíamos hacerlo como remises, con un número limitado de autos. Pero eso va en contra del modelo de negocios de Uber, que necesita el mayor flujo de autos posible, todo el tiempo”, agregó la fuente.
El gobierno porteño también debía contener a viejos aliados: los sindicatos de taxistas y remiseros.
Dos Uber
A partir de allí se abrió una discusión interna dentro de la empresa entre quienes plantearon que había que adaptarse a las reglas locales y funcionar como remises durante un tiempo y “quienes querían ir a la guerra con el Gobierno”, informó la fuente. Llegaron a promover una campaña publicitaria con solicitadas en los diarios que iba a decir: “¿Cambiemos qué?”.
“Venían cada tres semanas a insistir. Tenían un doble juego. La División Corporativa de Uber decía que querían adecuarse a la normativa y la División de Operaciones bajaba la orden de avanzar igual”, aseguró una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Además, aseguró, “extorsionaban diciendo que iban a publicar listas de funcionarios que usaban Uber”, información a la que podían acceder a través de GreyBall, un software que le permitía recolectar información de los pasajeros para identificar si se trataba de funcionarios públicos, como por ejemplo, datos de la tarjeta de crédito utilizada para pagar el viaje.
“Al final, Uber decidió ir al choque”. Poco antes del lanzamiento de la aplicación en Argentina y en medio de las negociaciones con la Ciudad, la plana mayor de Uber se dio cita en la cena de Cippec y el CARI (Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales, en mayo de 2016) y con Macri presente anunciaron el desembarco a pesar de que no cumplían con la reglamentación porteña. Los funcionarios de la Ciudad se enteraron allí mismo.
La violencia es garantía de éxito
“El señor Kalanick nunca autorizó ni dirigió el programa llamado Greyball para ningún propósito ilegal. El programa fue diseñado y utilizado para proteger a los conductores de Uber del acoso y las agresiones de los taxistas, un hecho desafortunado durante los primeros días de Uber”, respondió a ICIJ el portavoz del exCEO.
En los últimos años, la empresa ha sido objeto de numerosos fallos judiciales con marchas y contramarchas: jueces que se inclinaron por la legalidad de su operación local y otros que la declararon ilegal. “Los más altos tribunales de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia de la Provincia de Mendoza, como así también la Justicia de la Provincia de Córdoba, han dictado sentencias en favor de la legalidad de Uber y su modelo. De hecho, en la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, afirmó la sede local, que aseguró que “más de 8,4 millones de personas han realizado viajes con la aplicación y más de 460.000 personas han generado ganancias” con Uber en Argentina.
Macri
Uber había retrasado su desembarco en Argentina por el cepo al dólar. Temían no poder girar sus ganancias al exterior y la asunción de Macri les dio esperanzas.
El 18 de diciembre de 2015, un día después de la primera reunión de los ejecutivos de Uber con autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta, Juan de Dios Batiz, méxicano, director de Política Pública de Uber para América Latina, envió un correo electrónico a Presidencia de la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri desde hacía apenas ocho días, según uno de e-mail que componen The Uber Files. El ejecutivo intentó concretar una reunión entre Macri y Kalanick en Davos, Suiza, aprovechando la asistencia del mandatario a la reunión anual del Foro Económico Mundial, en enero de 2016.
“El motivo de tal solicitud es poder profundizar en la importancia de promover la innovación y la tecnología como motor del desarrollo económico. Como sabrás, Uber está operando a nivel mundial y América Latina no es la excepción. Argentina en particular, está en nuestros planes futuros y también queremos discutirlo”, escribió Batiz.
La respuesta a Batiz llegó el 29 de enero de 2016 y fue escrita por Horacio Reyser. “Asistiré a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2016 en Davos, Suiza, y me encantaría conocer al Sr. Travis Kalanick. Estoy trabajando con el presidente Mauricio Macri en temas relacionados con inversiones extranjeras. Pedimos disculpas por no haber podido satisfacer su solicitud de reunión con el presidente Mauricio Macri, pero tiene una agenda complicada y estará menos de 48 horas en Davos. Por favor, hágame saber si cree que es posible una reunión para coordinar”.
Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros
Batiz informó a Uber de las novedades. Como asesor de Macri, Reyser solía mantener reuniones con directivos de empresas extranjeras, tomaba y canalizaba los intereses y pedidos y evaluaba si debía habilitar otras instancias en el Gobierno, explicó un integrante del círculo del expresidente y allegado a Reyser. “Fue un intercambio a nivel institucional, sin un pedido específico concreto, por lo que no generó de parte de Reyser una interacción con otras dependencias, ministerios o gobiernos locales. La reunión en Davos, finalmente, no se concretó”, ni con Reyser ni con Macri, afirmó la fuente ante la consulta.
Uber se valió de dos lobbistas con experiencia política en Estados Unidos. Uno de ellos fue Carl Meacham, un lobbista estadounidense que hasta 2013 había sido asesor jefe de los republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. A finales de 2015, asumió como gerente de Asuntos Públicos de Uber para todo el Cono Sur. El segundo, Jim Messina, un ex asesor de Barack Obama que estuvo involucrado en el robo de datos de Facebook (el caso Cambridge Analytica) y que consignaba en su sitio web que asesoraba a Macri, aunque el gobierno de Cambiemos siempre lo negó.
En abril de 2016, Uber envió a una lobbista, Niki Christoff, a reunirse con funcionarios argentinos de la embajada en Washington, según surge de los intercambios de e-mails entre ejecutivos de Uber. Pero terminó recibiendo reproches por el accionar “prepotente” de la compañía, según detalló Meacham en un correo que envió el 26 de abril de 2016 a otros ejecutivos. “Se centraron en un tema principal: Uber no paga impuestos”, detalló.
Las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales
“Uber convocó a Messina cuando se cerraron las opciones en la Argentina porque dieron de baja la posibilidad de operar con las tarjetas de crédito VISA. Hubo una conversación con él sobre cómo llegar al presidente Macri para que diera vuelta la situación. El bloqueo para operar con tarjetas VISA fue muy efectivo y, además, podía servir de referencia para otros países donde Uber tenía contrapuntos con los gobiernos. Porque esto fue antes de que Uber desarrollara su UberCash”, contó la persona que conoció la operatorio de la empresa en el país.
Una app offshore
La principal pelea local de Uber a nivel impositivo sigue siendo por el encuadre de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, ya que hasta el momento es la única que se ha materializado en una denuncia de la AFIP.
Durante la gestión de Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), Uber mantuvo reuniones con funcionarios del organismo, confirmaron al equipo argentino de ICIJ dos altos exfuncionarios del organismo.
Sin embargo, en el registro público de audiencias del Ejecutivo, sólo quedó registrada una reunión de agosto de 2020, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, entre el principal abogado tributario de la compañía, Guillermo Tejeiro (Estudio Bomchil), el director de Impuestos de Uber en México y el gerente de políticas para cono sur. Los recibió uno de los subdirectores del organismo, Juan Capello.
“Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar y desde AFIP sostenían que sí”, aseguró Jimena De La Torre, ex número dos de Cuccioli en la AFIP y actual integrante del Consejo de la Magistratura.
La AFIP le reclamó a Uber $55,9 millones en concepto de capital y $109,7 millones en concepto de intereses resarcitorios “por trabajo no registrado, no ingreso de aportes y contribuciones correspondientes a los trabajadores” sólo por el período 2016-2018. La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social determinó que los conductores tienen un vínculo laboral no registrado con la compañía.
La denuncia llegó recién en junio de 2021, cuando el organismo denunció penalmente al grupo económico por la presunta evasión de esos impuestos. Uber lo impugnó e impulsó dos reclamos en sede judicial durante 2022.
Hasta el momento, ninguna de las tres causas tuvo movimientos significativos, informó una fuente con conocimiento de las causas.
El pago del impuesto a las Ganancias fue una de las discusiones centrales dentro de AFIP, pero Uber logró finalmente un dictamen del ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, que le permitió tributar sólo el 25% de sus ganancias al ser considerada una empresa de los Países Bajos y no una empresa argentina.
Si bien, para la AFIP, Uber debía pagar impuestos en el país, solicitó considerar si al ser una empresa radicada en Países Bajos no debería aplicarse el convenio que Argentina tiene con ese país para evitar la doble imposición, es decir, evitar que las empresas holandesas que operan en territorio argentino paguen dos veces el mismo impuesto (en su país y en Argentina) y viceversa para las compañías nacionales que operan en ese territorio. Hacienda siguió ese criterio y benefició a la compañía pero ni Uber ni la AFIP ni Dujovne confirmaron si la empresa alguna vez pagó ganancias.
El pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue otro punto central. Tres áreas de Hacienda (una división de investigación, la división de Revisión de Recursos y la Dirección de Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Impuestos) determinaron en 2018 que Uber debía tributar, según el dictamen al que accedió el equipo argentino de ICIJ, pero la compañía ni siquiera tiene CUIT desde hace más de cuatro años. “Inactividad por incumplimiento”, dice la constancia de AFIP: “Estado erróneo del domicilio”.
Uber nació en 2009, en San Francisco, Estados Unidos. Comenzó empleando a unos pocos expertos en tecnología y para 2014 aterrizó en Europa.
En Europa, la empresa eligió Ámsterdam como sede central, impulsada, en gran parte, por las oportunidades que los Países Bajos ofrecían a las empresas transnacionales para evadir impuestos. La facturación de otras ciudades europeas, como Londres, se enrutó a través de los Países Bajos y se estableció una estructura elaborada de empresas ficticias para minimizar las ganancias imponibles. En Argentina, desde Buenos Aires a Mendoza, también se utilizó esa red de sociedades.
Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar
En los archivos filtrados de Uber, los Países Bajos aparecen repetidamente en referencia a cómo eludir impuestos en el mundo. Los documentos incluyen a Rachel Whetstone, jefa global de política/comunicaciones de Uber, describiendo sus ideas sobre cómo reestructurar para evitar impuestos, luego de que la revista Fortune publicara una investigación revelando estas estructuras societarias.
Tanto en los Países Bajos como en Argentina, Uber se inscribió como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Uber Argentina SRL declaró dos socios: Uber International Holding BV (10%) y Uber International BV (90%), ambas constituidas en los Países Bajos. BV significa “Besloten Vennootschap”: es la versión holandesa y belga de una sociedad de responsabilidad limitada privada.
La principal accionista de Uber en Argentina -Uber International BV- es a su vez propiedad de otra compañía, Uber Technologies INC, radicada en Delaware, un estado considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.
Como la aplicación de Uber es controlada por una de las empresas radicadas en los Países Bajos, la compañía argumenta que “el pago de impuestos correspondía a los contratistas”, es decir, a los conductores, según explicó la fuente con conocimiento directo de la operatoria de Uber en Argentina. Ese mismo esquema se repetía en el resto del mundo a pesar de las ganancias millonarias de la compañía. Sólo en el primer trimestre de 2022, Uber registró ingresos por US$6.854 millones en todo el mundo, según declaró a sus inversores en la bolsa de Nueva York.
*El equipo argentino de The Uber Files está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).
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ED
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