El proyecto del Gobierno para que los militares vuelvan a las calles se empantana en el Congreso

El polémico proyecto del Gobierno para que los militares hagan tareas de seguridad interior entró en una meseta parlamentaria que le aventura un futuro incierto a las aspiraciones de mano dura de Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri. A las críticas desde la oposición y la ya menguada fuerza que tienen La Libertad Avanza y el PRO en Diputados, en los últimos días los negociadores del oficialismo en el Congreso se convencieron de que no sería conveniente, al menos por ahora, acelerar su impulso. 

Una de las razones para esa “pausa táctica”, admitió una de las espadas legislativas ante elDiarioAR, tiene cierto calibre político porque tiene que ver con el impacto social que generó la represión de las marchas en favor de los jubilados, sobre todo el episodio que terminó con una nena gaseada. Implícitamente la Casa Rosada reconoce que la ferocidad del protocolo antipiquetes puede insumir crédito gubernamental. 

Otra de las razones parece diametralmente opuesta: el relativo éxito en Rosario del llamado Plan Bandera, que lanzaron la ministra Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro a comienzos de año ante la creciente violencia narco. Según datos del Ministerio de Seguridad, el despliegue de fuerzas federales generó una reducción del 59 por ciento de eventos con disparos, a la vez que de enero a agosto aumentó 500 por ciento el decomiso de drogas. Si la actuación de la Gendarmería generó ese avance, entienden en la Cámara baja, ¿por qué habría que movilizar también a las Fuerzas Armadas?

“Si planteábamos este proyecto en otro momento del año, seguro lo aprobábamos rápido. Ahora no está el tema en agenda y es más difícil juntar los porotos”, concluyó uno de los diputados consultados muy al tanto de la rosca parlamentaria. “El caso de la nena gaseada atrasó el debate también”, se sinceró la fuente legislativa. Un dato en ese sentido es que hace dos miércoles, cuando fue gaseada la nena de 10 años por un efectivo de la Federal poco después de que el oficialismo lograra blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, se levantó a último momento una reunión plenaria que estaba dispuesta entre las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior.

Esos dos cuerpos de trabajo son el marco formal del tratamiento de reforma que impulsa el Gobierno de la ley 24.059. El corazón de la iniciativa libertaria tiene que ver con la modificación del artículo 27, que habilita que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros y hasta puedan detener personas con la excusa de que actúan para evitar amenazas o repeler hechos considerados “terroristas”. El narcotráfico entraría en esa categoría.

La de hace dos semanas iba a ser la primera reunión conjunta entre las comisiones que encabezan, respectivamente, Ricardo López Murphy, alineado ideológicamente a Milei pero que forma parte de la bancada de Miguel Pichetto –Encuentro Federal– y José Núñez, del PRO, fuerza ya incondicional a LLA. elDiarioAR supo que el plenario se armará recién en octubre. Para evitar que la discusión pierda vigencia y ganar tiempo, López Murphy convocó a exponer mañana sobre el tema a quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, el Teniente General (R) Juan Martín Paleo, y al abogado y especialista en la materia Félix Lonigro. 

A principios de septiembre pasó por la comisión Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. López Murphy anticipó que también fueron citados, por ahora sin fecha confirmada, los ex ministros de Defensa Agustín Rossi –en tiempo del kirchnerismo– y Julio Martínez –en el macrismo–. Jaunarena lanzó unas críticas al proyecto: “Mientras se postula la intervención operativa de las FFAA en temas de seguridad simultáneamente sigue vigente el decreto reglamentario de la Ley de Defensa según la cual las FFAA pueden intervenir exclusivamente en caso de ataque exterior por un ejército extranjero, así que acá hay una situación ambivalente entre lo que postula el proyecto de ley y lo que está vigente a través de la reglamentación de la ley de defensa”, dijo.

Pero la carta que el Gobierno se guarda para reimpulsar el tratamiento es que vuelva a exponer el propio Petri, que ya estuvo el 21 de agosto, cuando soltó frases como “sáquense las anteojeras de los ‘70 que les impiden ver la realidad” o que las fuerzas armadas fueron “demonizadas”. Ese fue su cortafuego ante las críticas del peronismo y la izquierda, aunque evitó hacer referencia a la responsabilidad en el terrorismo de Estado durante la última dictadura. La excusa para que Petri tenga un segundo round ante los Diputados sería en el marco ya del plenario de comisiones. Hace una semana el ministro dijo estar “a disposición” de ir al anexo de la Cámara baja.

En el oficialismo reconocen que tienen que juntar voluntades de la oposición blanda para conseguir que el proyecto, primero, avance en las comisiones y, luego, sea aprobado en el recinto. Para la media sanción necesita al menos 129 votos de los cuales le faltan unos 30. Las peceras en las que se imaginan pescar esos apoyos son la UCR, el bloque de Innovación Federal –que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro– y el de Pichetto, con el rol clave de López Murphy.

La iniciativa estipula que las FFAA entren a formar parte de un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Es lo que ocurre actualmente en Rosario. La clave del cambio mileísta es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, y hasta detenciones. No ofrece la norma una explicación de qué reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique. La reforma también habilita la represión. Por eso desde organismos de derechos humanos se cuestionó la presunción de que el Gobierno quiere justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. Entonces la policía avanzó sobre los manifestantes y apresó a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”. Pero hace pocas semanas, ya no quedaron detenidos. 

MC/MG