La pulseada entre el Gobierno y las universidades se endurece a la espera del veto a la ley de financiamiento

El Gobierno se prepara para una semana clave en su pulseada con las universidades. Alumnos, docentes y rectores se alistan para la movilización que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de octubre, una demostración de fuerza que inquieta al oficialismo, pero sobre todo a Sandra Pettovello: la ministra de Capital Humano teme que el conflicto escale al punto de repetir la foto de la masiva marcha federal del 23 de abril. Esta vez, la chispa que encendió la pradera fue el anuncio del veto a la ley de Financiamiento Universitario, que el Senado aprobó el pasado 13 de septiembre y que Javier Milei ya anticipó que dejará sin efecto, al igual que hizo con el aumento de las jubilaciones.

El paro de 48 horas dispuesto para este jueves 26 y viernes 27 en todas las universidades del país vuelve a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, cientos de miles de personas salieron a las calles para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas, con un dato que sorprendió a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. En Casa Rosada acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que salir a sobreactuar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.

Ahora, el Presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para vetar la norma sancionada por el Congreso. Ese día vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a la marcha del 2, que esta vez tendrá como epicentro a la Plaza de los Dos Congresos, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.

Detrás de la organización de la movilización están el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos.

Desencuentros

“Las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del gobierno que han significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial. Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio”, sostuvieron este miércoles desde el Ministerio de Capital Humano, que a través de un comunicado salió a responderle a los rectores de las Universidades Nacionales y a los gremios docentes.

El Gobierno afirma que el diálogo nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el CIN niega que esto haya sido así y esta semana sus autoridades cruzaron a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso. Además, mediante un comunicado institucional, le solicitó al Ejecutivo que no prospere con el veto a la ley de financiamiento, que incrementa el presupuesto universitario en $600 mil millones.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso [en el Presupuesto]. Ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”, señalaron los rectores, tajantes. Es que en el ámbito universitario creen que el recorte de recursos que sufren por parte del Gobierno va más allá de un mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responde a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.

Lo cierto es que el conflicto universitario volvió a agitar la interna del Gobierno. El asesor presidencial Santiago Caputo decidió mostrarse prescindente y dejar que todo el potencial costo político lo pague la ministra Pettovello. La conocida enemistad del consultor con la ministra favorita de Milei no tiene vuelta atrás y cerca de Caputo sospechan que los próximos días pueden ser cruciales para el futuro de la titular de Capital Humano.

Sin embargo, son el secretario Torrendell y el titular de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, los que más preocupados se muestran por lo que pueda llegar a suceder la semana que viene. Ambos se reunieron el martes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de analizar la situación y delinear una estrategia de cara al conflicto, sobre todo en el plano salarial. Del encuentro, que duró poco más de una hora, también participaron la ministra Pettovello y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En abril, con la protesta en plena ebullición, Álvarez había sido corrido de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas: de la mano de Caputo, su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria, el “Galleguito” se erige cono un cruzado de la mentada “batalla cultural” mileísta. Y su llegada a la mesa chica del oficialismo es directa, incluso más que la del propio secretario de Educación.

Más allá de esas escaramuzas de palacio, poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que le atribuye a la docencia universitaria aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo se recortó hasta 32,2% de noviembre a julio.

El antecedente más cercano al paro que comienza este jueves es el que tuvo lugar el 13 y 14 de agosto pasado. Esa medida había sido precedida por otra similar, el 4 y 5 de junio, en la que además de reclamar un incremento presupuestario y mejoras de los sueldos, se exigió el reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Además, hubo otro paro, el 23 de mayo, un mes después de la marcha. Y antes, la UBA se había declarado en emergencia presupuestaria por los recortes de fondos que implicó la asignación del presupuesto 2024. Las cartas ya están echadas y las calles a la espera.

PL/JJD