Rosario en la ruta internacional de la droga: el verdadero crimen organizado no está en el radar de las investigaciones

No comete crímenes espectaculares ni amenazaría a un gobernador. Tampoco aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía. Su rostro visible son comerciantes y empresarios que se enriquecen de manera sostenida y sin llamar la atención. Es el verdadero crimen organizado que atraviesa a Rosario: los grupos que utilizan a la ciudad como puerto de embarque para el tráfico internacional de cocaína.

“No podemos entender lo que pasa en Rosario si no profundizamos en su ubicación dentro del comercio trasnacional de estupefacientes”, advierte el fiscal federal Federico Reynares Solari. El año 2023 concluyó para la Justicia Federal con lo que sería la punta de un iceberg desconocido: las condenas contra ocho personas que prepararon el envío de 1658 kilos de cocaína con destino a Dubai.

Gabriel Andrés Nicolau, identificado como el enlace en el país de un grupo colombiano, fue condenado a 12 años de prisión. José Damián Sofía, encargado para el caso de introducir la cocaína en el puerto de Rosario, recibió una pena de 11 años de prisión. Los dos eran investigados por la Policía Federal en el contexto de otras causas y el seguimiento condujo al secuestro de la cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros el 28 de agosto de 2022.

“Las penas más altas les hubieran correspondido a los colombianos que encargaron y financiaron la operación. Terminamos juzgando partícipes importantes, pero de menor nivel”, se lamenta Reynares Solari. Se trata de Gabriel Londoño Rojas y Arturo Ramírez Duque, detenidos en Emiratos Árabes y en España respectivamente y a la espera de su extradición, y de Newson Sabogal, prófugo. El fiscal agrega que el trío “tampoco es la cúspide de la organización, en todo caso son los que dirigieron esta operación puntual”.

El punto de partida fue un aviso de la DEA a la División Operaciones Federales sobre el ingreso al país de Londoño Rojas a principios de 2022. El colombiano llegó en compañía de Sabogal y se reunió con Nicolau, a quien los policías comenzaron a seguir con un rastreador colocado en su vehículo. En julio de 2022 arribó Ramírez Duque, quien se alojó en el Hotel Libertador, el mismo que hospedó al presidente Javier Milei.

Ramírez Duque hizo el control de calidad sobre la preparación de la cocaína, introducida dentro de un cargamento de pellets de maíz, y siguió viaje hacia Bolivia. En la jerga del ambiente se llama ingeniero al que cumple la función de acondicionar la droga. Otro término específico, prestador de salida, se aplica a Sofía: “se le dice a aquella persona que puede tener los mecanismos para sacar droga por los distintos puertos, y que prestan servicio a las organizaciones narcocriminales de carácter transnacional”, según Reynares Solari.

Apodado el Tano, Sofía tiene entre sus antecedentes una causa por amenazas contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Bajo la fachada de una empresa constituida para tal fin, el grupo había realizado una exportación legítima de pellet de maíz dirigida a Agrícola Beniel, una empresa con sede en la ciudad de Murcia e investigada por la justicia española. El producto en cuestión no puede ser inspeccionado por perros porque es alimento balanceado ni controlado con escáneres y el envío apuntó a testear los controles de Aduana.

El Juzgado Federal de Campana ordenó los allanamientos porque la operación pareció entrar en una fase indefinida ante un contratiempo: el cargamento que había abierto la ruta llegó putrefacto a España. Una pareja fue además observada mientras merodeaba el galpón de Empalme Graneros con aparentes intenciones de robo.

Sofía precisó en conversaciones telefónicas cuál era el depósito fiscal en el que debía ingresar el cargamento y la terminal de contenedores que procesaría el despacho. Pero las conexiones de la organización dentro del puerto de Rosario –que se consideran indispensables- no fueron determinadas en la investigación. Dos camioneros y dos operarios del puerto afrontan otra causa que instruye la Justicia Federal de Rosario por los cargamentos de cocaína que fueron detectados en los puertos de Rotterdam y Santos.

“La gran pregunta es por qué ellos vienen a Rosario”, destaca Reynares Solari. “Una organización de este tipo evalúa dónde y en qué momento resulta más fácil sacar un cargamento. A partir de ahí toman decisiones”. Para el fiscal el contexto para responder el interrogante está en una casualidad que se repite. “Salvo este caso –dice-, ninguno de los contrabandos de estupefacientes que tocaron Rosario fueron descubiertos en el puerto local sino en lugares de tránsito o de destino: Santos, Rotterdam, Melbourne, Newcastle. Es sospechoso. Hay demasiados indicios que convergen en un mismo punto: falta un trabajo de investigación del Estado en general”.

Lejos del narcomenudeo

El 24 de agosto de 2020 dos personas murieron y otra sufrió graves heridas al volcar con una camioneta en un camino rural cerca de Cañada de Gómez, cuando trataban de escapar de un operativo de Gendarmería Nacional. Los datos de los teléfonos secuestrados en la ocasión impulsaron una investigación previa y llevaron a lo que se llamó Cosecha blanca, un operativo que comprendió 37 allanamientos de domicilios y empresas de Rosario y otras localidades del sur de Santa Fe que se realizaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre pasado.

La investigación del juez federal Carlos Vera Barros se refiere a transportes de cocaína en avionetas que viajan desde Bolivia hasta el sur de Santa Fe y a la distribución de la droga en el mercado europeo. Entre los catorce detenidos se cuentan un ingeniero aeronáutico, dos pilotos y un mecánico, todos de nacionalidad colombiana, apresados en un club de campo de la localidad de Oliveros con dos aviones Beechcraft Baron. Los jefes –un clan familiar de cuatro personas– están prófugos.

Después de los allanamientos, entre el 4 y el 6 noviembre, 137 kilos de cocaína fueron hallados a la deriva en tres sectores del río Paraná, en Rosario, Arroyo Seco y Pueblo Esther. Los paquetes tenían sellos de helicópteros, embarcaciones y de Tony Montana, el personaje de Al Pacino en la película Scarface devenido en icono de la cultura narco. Se investiga si fueron descartados por los operativos previos.

Si la asociación de los colombianos con Nicolau aparece como eventual, en este caso asoma una organización con una actividad sostenida en el tiempo y con inversiones diversificadas para introducir las ganancias en la economía formal: una planta de biodiesel, empresas de taxis y remises, negocios inmobiliarios, un corralón de materiales para la construcción, una productora de espectáculos, alquiler de autos, cocheras y galpones, dos bares y dos franquicias de Vórterix. También una empresa que comercializaba agroquímicos y granos y funcionó como pantalla para comprar las avionetas.

La organización no abastecía a las redes de microtráfico que convulsionan a Rosario y preocupan a las autoridades provinciales. Otro grupo encabezado por Norberto Carlos Derminio y al que la Justicia Federal le confiscó dos millones de dólares siguió la misma estrategia y a fines de diciembre fue acusado por 146 operaciones de lavado de dinero en el transcurso de la última década.

Derminio y su padre Juan Norberto, también acusado en la causa, habían sido detenidos en 2009 en una cocina de cocaína montada en Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, lavaron fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando de ropa y cigarrillos junto a otras seis personas. La ropa circulaba al por mayor y al por menor en negocios de la zona oeste de Rosario.

También está involucrado el propietario de una empresa de transporte de cargas con sedes en Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, quien sufrió dos balaceras en su casa de la localidad de Álvarez después de obtener la libertad condicional. Las operaciones de lavado se concretaron a través de la compraventa de automotores (94 casos), inmuebles (33) y embarcaciones (4).

Estas organizaciones estables, de bajo perfil e integradas a la economía formal contrastan con la atomización de las redes de narcomenudeo y su marginalidad respecto al circuito financiero. Según una definición del fiscal provincial Pablo Socca, “a un preso le alcanza con tener un celular y un soldadito en la calle para realizar una extorsión”. La composición de estas redes es ocasional y hasta ahora inmune al encarcelamiento, tanto porque la prisión funciona como un sitio de planificación criminal como por las posibilidades de reclutamiento que según el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni ahora se extienden a menores de 12, 13 y 14 años.

La vinculación con el narcomenudeo implica para las organizaciones trasnacionales desventajas tanto en términos de seguridad como de negocios, un nivel de exposición más alto y menor complejidad en las actividades financieras. Un triple crimen en la localidad de Ibarlucea, el 29 de enero de 2022, perpetrado para mayor conmoción al finalizar una fiesta de casamiento, terminó por descubrir una red de importación de cocaína de Bolivia y exportación hacia el mercado europeo coordinada por Fabián Gustavo Pelozo. La droga provenía de Javier Adalid Gravier Ruiz, un narco boliviano detenido en Brasil.

A buen puerto

“Rosario tiene una tasa de homicidios que multiplica por cinco la tasa nacional de homicidios. El punto que lo diferencia de otras grandes ciudades del país es su lugar en una ruta de comercio internacional”, insiste el fiscal Reynares Solari.

No obstante, en su última visita a Rosario la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se expresó claramente ante los funcionarios de la Justicia Federal: la prioridad del gobierno nacional es el combate contra el narcomenudeo, asociado a la violencia que en 2023 registró 259 homicidios en el departamento, 22 cada 100 mil habitantes.

Bullrich estuvo en Rosario el 18 de diciembre para el lanzamiento del Plan Bandera, anunciado como un programa de “seguridad, orden y paz” para “los argentinos de bien”. El 4 de abril se cumplirán diez años del primer envío de fuerzas federales a la ciudad con objetivos que no eran diferentes de los actuales; en aquel momento Sergio Berni encabezó un arribo de 2500 gendarmes que pretendió tomar por sorpresa objetivos vinculados con la venta de drogas y terminó en un bluff por infidencias de la policía provincial a los narcos.

“El micro tráfico y la violencia asociada ya están contadas. El sistema –el federal, por lo menos– todavía no contó en cambio a Rosario como un punto en el comercio internacional ni siguió cómo circula en la región el dinero que produce el narcotráfico”, dice Reynares Solari.

La adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de desfederalización de estupefacientes –una de las que integra un paquete de leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro– cambia el escenario según el fiscal: “La Justicia Federal ha estado formateada para hacer causas de narcomenudeo. Ahora no hay más excusas para no investigar al macro tráfico. La decisión del gobierno provincial obliga a levantar la mirada”.

El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) publica desde 2016 un anuario que actualiza “la geografía narco” en la provincia y cree que “bajo ningún punto de vista” la Justicia está en mejores condiciones de funcionamiento. “La ley de narcomenudeo sirve para ordenar las cajas negras de la policía y es además un instrumento de control social. Por arriba seguirá el negocio”, afirma.

Con mayoría del gobierno provincial en ambas cámaras y mientras el peronismo no se repone de la derrota electoral, Del Frade es una de las pocas voces críticas del nuevo orden en Santa Fe, “que empobrece al Ministerio Público de la Acusación y empodera a una policía que es parte del problema”. La Policía de Investigaciones, ahora relanzada para perseguir al narcomenudeo, tiene antecedentes por haber contribuido a la banda de Esteban Alvarado y por protección al juego clandestino.

“Nos encontramos ante una operación compleja, con actores altamente especializados en la materia que utilizaban nombres falsos y aplicaciones para encriptar las conversaciones, con contactos dentro del puerto”, resumió el fiscal Reynares Solari durante su alegato contra el grupo encabezado por Nicolau y Sofía. La última parte de la frase apunta al corazón del iceberg en Rosario.