EL CONTROL DE LA JUSTICIA
Rosatti desembarca en el Consejo de la Magistratura con el arduo objetivo de reactivar los concursos de jueces
Con los números en contra y la tensión política al máximo, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, comenzará a presidir el Consejo de la Magistratura con el objetivo puesto en acelerar el trámite de los concursos para la designación de jueces nacionales y federales, aseguró a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las tratativas del magistrado en el organismo.
El Consejo de la Magistratura se ocupa de parte de la selección de jueces y de su control (sanciones y juicios políticos). No sólo interviene en el diseño del poder Judicial que investiga casos de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas. También define quiénes son los jueces nacionales que deciden sobre el destino de denuncias de homicidios, violaciones y abuso sexual, estafas, demandas laborales, divorcios, tenencias de niños y niñas, demandas civiles y comerciales.
En plena batalla entre oficialistas y opositores por dos cargos de consejeros en el organismo, el viernes último por la tarde, Rosatti mantuvo una reunión en las oficinas de la presidencia del Consejo con el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, y con el administrador general, Claudio Cholakian. El presidente de la Corte escuchó un resumen de la situación actual del Consejo y aseguró el normal funcionamiento administrativo: pago de salarios del poder Judicial, ejecución presupuestaria, entre otros aspectos del día a día. “Empezó el diálogo”, dijo a este medio una fuente con conocimiento directo de la reunión.
El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa.
“Rosatti -que asume la presidencia del Consejo tras el fallo que dictó en diciembre la propia Corte- va a llevar al Consejo el espíritu de la Corte, que es el de celeridad. En 2021, la Corte sacó unas 8.000 sentencias, esa es la impronta que deberá traducirse en los concursos en trámite”, agregó la fuente.
En el Consejo de la Magistratura, hay unas 150 vacantes de juzgados y tribunales en trámite, 67 de ellas ya tienen sus concursos abiertos pero el organismo padece de demoras de antaño. La falta de acuerdos políticos es la principal causa de un Consejo prácticamente paralizado.
Sólo por mencionar un caso reciente, a mediados de marzo último, los consejeros de la Magistratura debían acordar 18 ternas para juzgados y tribunales federales de distintos puntos del país y enviar los candidatos al Presidente para continuar con el proceso para ocupar vacantes centrales en el sistema judicial. Sin embargo, los representantes de los jueces y la oposición se opusieron a votarlas -a pesar de un acuerdo previo entre las fuerzas- y ninguno de los concursos avanzó finalmente. Todo quedó en suspenso.
¿Logrará Rosatti activar los concursos para cargos de jueces y juezas? ¿Cómo? El presidente de la Corte apuesta al diálogo con los consejeros, aseguró una fuente de su entorno. Será un trabajo arduo. Más allá de los litigios judiciales entre oficialismo y oposición por los consejeros que representan a las segundas minorías legislativas, hay otras complicaciones que Rosatti deberá enfrentar. Ninguna fuerza en el Consejo tiene quórum propio, mucho menos los dos tercios de los votos para aprobar una terna de jueces.
Rosatti es plenamente consciente de que el diálogo será con consejeros que son delegados, sin poder propio, en la mayoría de los casos. Representan un poder ajeno. Alrededor de la mitad responde al oficialismo, en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La otra mitad de los consejeros se alinea con la oposición. Mauricio Macri y su espacio tienen a varios consejeros que responden directamente a sus intereses. En ambos casos, no sólo son legisladores de los espacios de Fernández de Kirchner y Macri. “En 1994, cuando se reformó la Constitución y se creó el Consejo de la Magistratura, la idea fue despolitizar la selección de jueces, pero terminó sucediendo lo contrario. Los consejeros que representan a los profesores, jueces y abogados, es decir, los no políticos, están alineados de un lado u otro de la grieta”, afirmó Manuel Garrido, abogado, profesor universitario, exdiputado y exfiscal.
“El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa”, aseguró Garrido.
El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%.
¿Nuevo escenario?
El Consejo funciona como un pequeño parlamento, con representantes de las fuerzas políticas en el Senado y Diputados; de los jueces; abogados; y académicos. Tras el fallo de la Corte en diciembre, debían asumir seis nuevos consejeros para distribuir mejor las fuerzas entre los distintos sectores. Ya juraron cuatro nuevas consejeras y hay otros dos en trámite de jurar en el cargo, el senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes.
El poroteo del Consejo tiene 19 consejeros divididos en dos bloques políticamente antagónicos. Oficialismo y oposición tiene nueve consejeros cada uno. La consejera número 19 es la diputada Graciela Camaño -que integra el organismo desde hace años- y que es considerada una “independiente”, aunque suele concordar con el oficialismo mucho más que con la oposición. El número 20 es Rosatti, cuyo voto vale doble sólo en casos en que deba desempatar (no válido para garantizar el quórum). Dentro del sector opositor, el juez Juan Manuel Culotta no es considerado un “duro” sino otros “independiente” y también puede en ciertos casos encontrarse del otro lado de la grieta.
En el mejor de los casos, el oficialismo o la oposición podrían llegar a contar con once o diez consejeros, pero se requieren trece para el quórum, según la ley que reinstaló la Corte de manera momentánea. El poroteo es válido, al menos, por siete meses. En noviembre, vencen los cargos de trece de los 20 consejeros.
¿Cómo logró el organismo funcionar hasta ahora? Cuando funcionó, fue en base a la negociación de las vacantes en juzgados y tribunales entre los distintos sectores, según admiten fuentes de los principales grupos en el organismo. En general, los consejeros políticos -senadores y diputados- y los consejeros jueces fueron los ganadores de esas negociaciones. Cuando no existen posibilidades de negociar los cargos, el organismo se paraliza.
El proceso de selección de magistrados empieza en el Consejo de la Magistratura pero el organismo es uno de los eslabones de una cadena bastante oxidada. Los datos oficiales del Consejo y del Ministerio de Justicia, registran 239 vacantes en la Justicia federal y nacional. Además de las 150 que están en trámite en el Consejo de la Magistratura, hay 51 vacante que se encuentran en el Ejecutivo a la espera de que Alberto Fernández elija a su candidato o candidata en las ternas, informó el ministerio de Martín Soria ante la consulta.
En el Senado también hay 38 pliegos de candidatos a ocupar juzgados y tribunales que aguardan que la Cámara alta trate los pliegos enviados por Presidencia, según los datos oficiales del Consejo de la Magistratura. No sólo se trata de concursos que se realizaron durante la gestión de Fernández, sino que algunos concluyeron en 2018 y 2019 y nunca fueron resueltos.
Estas vacantes están en los juzgados y tribunales laborales, civiles, de familia, comerciales y penales con competencia nacional y asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También en la Justicia federal de todo el país.
La Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento.
Lo que el Consejo hace o deja de hacer impacta en la vida de muchos argentinos y las vacantes y los concursos que no avanzan son una de las principales críticas al organismo. En marzo último, el juez Alberto Lugones, consejero alineado con el oficialismo, solicitó a los consejeros que aprobaran las ternas para el fuero de familia. Las listas de candidatos para esos juzgados ya habían sido consensuadas, pero faltaba el voto final. No tuvo eco.
La jueza de familia Agustina Díaz Cordero -exfuncionaria del ministro Germán Garavano por un corto periodo- juró el miércoles último como cuarta consejera por los jueces. “El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%”, explicó a elDiarioAR.
Díaz Cordero afirmó que en el fuero de familia, central en la administración de justicia para los ciudadanos, niños y niñas, alrededor del 30% de las causas actuales son por denuncias de violencia familiar.
¿Qué hacer con este organismo?
Tras el fallo de la Corte, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que regía el funcionamiento del Consejo, el organismo deberá funcionar con esta nueva estructura y la ley de 1997. Será hasta que el Congreso sancione una nueva ley que garantice el equilibrio de poder entre los distintos sectores.
El abogado Marcos Aldazabal sostiene que “la Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento”. “Por ejemplo -dijo-, en el caso de los concursos, no hay ningún motivo para que exista una entrevista personal con los concursantes y para que esa entrevista termine alterando el orden de mérito de los exámenes”. “Esa entrevista permite al Consejo que el candidato con el mejor puntaje en el exámen tal vez quede quinto en el orden de mérito”, explicó.
“El proceso de selección sigue siendo lento y los concursos, que fueron un gran avance porque ponían límites al Ejecutivo y establecen un piso de competencia e igualdad entre los aspirantes a jueces, siguen manchados de sospechas”, afirmó Garrido. “Creo que uno de los puntos clave es que el Consejo de la Magistratura debería ser más profesional y no debería estar integrado por legisladores. Tampoco tiene sentido que un juez de la Corte integre el organismo”, aseguró el exfiscal de Investigaciones Administrativas.
“En el caso de las sanciones y remociones, los encargados de investigar y decidir sobre las acusaciones a los jueces no deberían ser sus pares, que pueden ser reticentes a sancionar por corporativismo y por temor de generar estándares que se les puedan aplicar a ellos”, dijo Aldazabal.
Son sólo algunas ideas para una ley que, hasta el momento, no ha tenido el consenso suficiente para ser sancionada.
ED
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