El sigiloso interés de EEUU en que los militares vuelvan a actuar en seguridad interior
Debajo de la espuma que generó su preocupación explícita sobre la estación aeroespacial de China en Neuquén y la inversión del gigante asiático en la construcción de un puerto multipropósito en Tierra del Fuego, la generala Laura Richardson aprovechó su visita en Buenos Aires para interiorizarse sobre un tema aún más sensible para la gestión libertaria: la reforma legislativa que impulsa el Gobierno para habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior en el marco de su llamada “lucha contra el narcoterrorismo”.
El timing de la jefa del Comando Sur en conocer detalles sobre la polémica reforma a la ley de Seguridad Interior no es casual, ya que la Casa Rosada está terminando de escribir el proyecto legislativo que anunciaron hace ya más de dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri. No por nada todavía esa iniciativa no fue girada al Congreso, específicamente a las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa de Diputados, ámbitos en los que deberá ser tratada y discutida como primera instancia.
La máxima autoridad militar de Estados Unidos para Latinoamérica buscó aproximarse al paquete de leyes que involucra a las Fuerzas Armadas locales el miércoles, durante sus primeras reuniones con funcionarios nacionales, supo elDiarioAR. Anteayer, luego de haber arribado al país el lunes a la noche, se encontró con Petri, con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori, y hasta con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac.
Anoche Richardson se vio con el presidente Javier Milei en una llamativa bilateral en Ushuaia, adonde el Presidente no viajó a inicios de la semana para encabezar las conmemoraciones por el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Ese encuentro en el el extremo sur del país ocurrió casi en paralelo a que la ministra Bullrich tuviera en Capital Federal, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, una nueva reunión del Comité de Crisis de Rosario. En ese comité actúan las fuerzas federales pero también hay asistencia logística de las Fuerzas Armadas.
El tema Rosario es trascendental para entender el alineamiento de la Casa Rosada con la Casa Blanca. El Gobierno quiere darle más prerrogativa a los militares para que puedan realizar tareas de patrullaje en la ciudad santafesina azotada por el narco, una de las preocupaciones que la generala Richardson suele manifestar en sus giras por el continente. Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas.
En ese sentido es un dato que en las tareas de dragado de la hidrovía trabajan ingenieros norteamericanos contratados por el Pentágono. Están en funciones técnicas allí desde la gestión de Alberto Fernández. Otro hecho sugestivo es que en Paraguay existe una base militar de EEUU con cierto control sobre la llamada “Triple Frontera”.
Rosario tiene toda la atención de Estados Unidos porque su puerto es clave para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una verdadera autopista fluvial tanto de las exportaciones de soja como del tráfico de drogas
La generala Richardson habló con el Gobierno sobre “la reforma de la ley de Defensa”, apuntó una fuente extraoficial a elDiarioAR. En las conversaciones, la militar norteamericana planteó su “cooperación en las reformas”. “Hay un alineamiento en la defensa internacional. Seguridad tiene mucho para hacer en el combate contra el terrorismo”, agregó un vocero consultado al respecto. No trascendió que la jefa del Comando Sur se haya reunido con Bullrich en las últimas horas.
La ministra sí anunció en la noche del jueves que viajará a EEUU el sábado próximo para tener encuentros con funcionarios del FBI y de Homeland Security, nombre que lleva la cartera de seguridad de aquel país. Además, la ministra asumirá al frente de una comisión especial sobre delitos complejos y supranacionales en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El lunes pasado el embajador de Estados Unidos Marc Stanley admitió en diálogo con el diario La Nación que una de las preocupaciones de la generala Richardson eson “las amenazas del terrorismo” y reveló haber tenido conversaciones “muy serias” al respecto con Bullrich y la canciller Diana Mondino.
El diplomático dijo además que la Argentina “está en contacto nuevamente” con la Guardia Nacional de Georgia, una fuerza de reserva norteamericana que tiene más 400.000 miembros. Dicha cooperación militar data de la administración de Mauricio Macri, cuando también Bullrich fue ministra de Seguridad: se firmó en diciembre de 2016 para permitir que oficiales argentinos viajen a recibir entrenamiento. El mileísmo la reflotaría ahora.
El control político civil de las Fuerzas Armadas y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la última dictadura está contemplado no sólo en la Ley 24.059 de Seguridad Interior –principalmente el artículo 27–, sancionada en 1991, sino también en la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. Esos pilares buscan modificar Bullrich y Petri. Su reforma contempla otros proyectos como una ley “antimafias” basada en normas similares de EEUU, Italia y El Salvador; el establecimiento de un registro de ADN para los delincuentes, la baja de la edad de imputabiliad, la figura de la reiterancia y la legalización de la doctrina Chobocar.
La reforma a la ley de Seguridad Interior no solo ya fue criticada por organismos de derechos humanos, sino que recogió un rechazo particular de Victoria Villarruel. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado semanas atrás. Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. Tampoco transcendió que la vice se haya reunido con Richardson, que sí se encontró con Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta en 2022.
Bullrich recogió en su momento el guante de Villarruel y dijo estar abierta al debate. De hecho tuvo reuninoes con los bloques del PRO y la UCR. Ayer incluso fue más allá y planteó estar dispuesta a convocar hasta al kirchnerismo. “Estamos en un proceso de conmoción social”, dijo anoche en la conferencia de prensa junto a Pullaro para justificar las leyes de mano dura que busca que apruebe el Congreso. Adelantó que las iniciativas están a disposición de Milei para su envío inmediato a Diputados, en simultáneo con la nueva versión de la ley Bases. “Las Fuerzas Armadas solo van a poder actuar en caso de terrorismo”, aseveró Bullrich como garantía de la iniciativa parlamentaria libertaria.
En la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, que preside el macrista Alejandro Bongiovanni (PRO-Santa Fe) afirmaron a elDiarioAR que “aún no llegó nada del paquete de reformas”. Tampoco conocen la letra chica en la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, ventanilla donde las leyes bullrichistas deberán ser discutidas si logran la media sanción de Diputados. Esa comisión se constituyo ayer presidida por Carolina Losada, senadora de la UCR por Santa Fe y quien durante las elecciones provinciales del año pasado fue precandidata a la gobernación con apoyo explícito de Bullrich. Los textos definitivos de la reforma en defensa y seguridad se conocerían recién la semana próxima, ya cuando la generala Richardson haya dejado la Argentina.
MC/JJD
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