Vialidad: los fiscales denunciaron presiones a sus colegas y jueces y “artimañas para callarlos”
En una audiencia cargada de tensión que definirá el destino del juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola respondieron las recusaciones de cinco de las defensas que pidieron apartarlos del caso y declarar la nulidad de todo lo actuado por ambos magistrados en el caso por presunta asociación ilícita y defraudación a la administración pública en la adjudicación de 51 obras viales a Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner.
Los fiscales no sólo solicitaron que se rechace lo planteado por las defensas en duros términos sino que además expusieron acusaciones de presiones, campañas de desprestigio, intentos de “debilitar psicológicamente” y maniobras para disuadir a jueces y fiscales de cumplir su función “desde hace 16 años”, en explícita referencia a los gobiernos kirchneristas y las posteriores acusaciones de lawfare o guerra judicial contra la vicepresidenta. “Las artimañas empleadas para intentar callarnos o debilitarnos no sólo se repiten conmigo sino con otros colegas”, aseguró Luciani este viernes. Con estas “falsedades malintencionadas” que buscan “desprestigiar”, “con esta porquería se ensucia a magistrados desde hace 16 años”, respondió Mola.
El abogado Carlos Beraldi redobló sus críticas y puso a los jueces del tribunal en un problema: exigió que un tribunal independiente decida sobre todas las recusaciones de manera conjunta; advirtió que llevará sus planteos a tribunales superiores e incluso a instancias internacionales si no hacen lugar a ese pedido; y sumó una nueva recusación contra un segundo integrante del Tribunal Oral Federal número 2, Jorge Gorini. Gorini se encontraba presidiendo la audiencia y le respondió en vivo al abogado por cuestionar dos visitas del magistrado a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El defensor de Fernández de Kirchner ya había solicitado el lunes último la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu. Al sumar la recusación de Gorini, pidió el apartamiento de dos de los tres jueces del tribunal que deben dar un veredicto hacia finales de este año.
Otras defensas, como los abogados del exministro Julio De Vido, solicitaron que el tribunal suspenda el desarrollo del juicio hasta que se decida si se hace lugar al apartamiento de los fiscales y de Giménez Uriburu.
En los próximos pasos, ambos jueces deberán responder las recusaciones de las defensas por escrito. Luego, los argumentos deberían ser analizados por sus colegas, miembros del mismo tribunal, pero queda pendiente qué decidirán los jueces frente al pedido de Beraldi y otros defensores de que intervenga otro tribunal oral federal para analizar todas las recusaciones juntas (contra los fiscales y los jueces). Al haber sido cuestionados dos de los tres jueces, sólo uno de los integrantes del TOF 2 no está señalado por presunta “imparcialidad” por lo que la defensa entendió que no pueden decidir uno por el otro.
Una vez que este u otro tribunal decida sobre las recusaciones, las defensas o los fiscales podrán recurrir lo decidido ante la Cámara Federal de Casación.
Las recusaciones contra el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu se basan en las fotografías publicadas el domingo último por Página/12, en las que se ve a ambos magistrados integrando el mismo equipo de fútbol “La Liverpool” y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos durante 2017. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019.
En el caso de los jueces, las defensas alegan “falta de imparcialidad”, una cualidad exigida a todos los jueces para garantizar el derecho de defensa. Esa imparcialidad estaría en duda por la supuesta amistad que une a Giménez Uriburu con el principal acusador del juicio -el fiscal Luciani- y en el caso de Gorini por sus visitas a una funcionaria que ha solicitado públicamente la detención de Fernández de Kirchner.
Beraldi y otros abogados recalcaron este viernes que Giménez Uriburu tenía vencido el plazo para dar sus explicaciones a las defensas por la integración del equipo de fútbol pero Gorini sostuvo que su colega aguardaba a la audiencia de este viernes para escuchar a los abogados y responder la semana próxima. Se estima que deberá ser el lunes, ya que el reglamento otorga 24 horas desde el momento de las quejas.
En el caso del fiscal, las recusaciones se basan en sospechas de “falta de objetividad”, es decir, de su capacidad para adecuarse a la ley, debido a la concurrencia a la quinta Los Abrojos cuando sus funciones implican acusar e investigar a funcionarios del Ejecutivo. También se les achaca no haber informado a las defensas sobre el vínculo con el juez Giménez Uriburu.
Además, la expresidenta publicó en Twitter artículos de archivo de los diarios La Nación y Clarín en los que se relata un partido de fútbol en el que Macri jugó contra el equipo que integraban entonces el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu.
Beraldi aseguró este viernes que la trascendencia de las fotografías filtradas en esta instancia del debate oral y público “ha herido de muerte la credibilidad de este juicio”.
La recusación contra el fiscal Mola, quien acompaña a Luiciani en el juicio, fue en base a una publicación del ministro de Justicia, Martín Soria, en la que se consignó que visitó el despacho de Pablo Lanusse, entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia de Macri; y a una foto oficial en la que se ve a la entonces ministra Bulrich junto al entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Cristian Ritondo, y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en la jura de Mola como fiscal.
Respuesta de Luciani
El fiscal calificó los argumentos de las defensas como “absurdos”, “ilógicos” y en el caso de los abogados de De Vido dijo que el planteo “es de mala fe, temerario”. “Mi voluntad es y será inquebrantable y solicitó que se rechacen las recusaciones de las cinco defensas”, dijo Luciani en su exposición.
“Me recusan cuando me encuentro desarrollando la etapa más importante del juicio”, afirmó luego de criticar a los defensores de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Paruolo, quienes “fueron más audaces” que otras defensas, aseguró, “y en su escrito dijeron que yo conformaría el brazo ejecutor de una supuesta persecución política y que no soy el fiscal natural de este caso”. Los abogados habían sostenido que Luciani fue designado en 2013 para ser fiscal federal en Rosario y luego trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal.
Luciani comenzó su defensa afirmando que los abogados no respetaron las causales de recusación que impone el artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación. En el reglamento, se establece que jueces y fiscales pueden ser recusados en caso de “amistad íntima o enemistad manifiesta con algunos de los interesados”, es decir, con los imputados.
“La ley es clara y restrictiva, y esto lo saben muy bien los letrados que me recusan. A tal punto es así que en el caso del doctor Beraldi deja constancia que actúa siguiendo instrucciones de su representada”, aseguró.
“No tengo ninguna vinculación con el expresidente” Macri; “no tengo ni tuve militancia política ni identificación ideológica”; “ni el presidente anterior ni el actual ni el que venga va a intervenir en mi trabajo”; “soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad y objetividad, sólo analizamos hechos y pruebas”; y “la intención de recusarme se debe a que mi intervención es contraria a los intereses de los imputados”, afirmó esta mañana Luciani.
El fiscal se refirió a una “campaña en un sector mediático” para intentar “desacreditar nuestro trabajo”. “Existe una campaña, desconozco si está articulada o no, para debilitarme psicológicamente” y a su familia, aseguró.
“Las artimañas empleadas para intentar callarnos o debilitarnos no sólo se repiten conmigo sino con otros colegas. Esta matriz la encontramos en otras causas”, agregó Luciani y citó que los exabogados de Báez -el empresario cambió a su abogado para este juicio- recusaron al fiscal Abel Córdoba, quien encabezaba la acusación por lavado de dinero contra el empresario en el juicio en el que terminó condenado a doce años de prisión.
“El lawfare es una herramienta para disuadir a los jueces y fiscales de cumplir su función”, afirmó.
Sobre el partido de fútbol
“Con el doctor Giménez Uriburu no me une ninguna relación de amistad íntima sino de afecto y respeto que no va a incidir” en su desempeño como fiscal, aseguró Luciani.
El abogado de Carlos Kirchner, primo del fallecido presidente Néstor Kirchner e imputado en la causa, afirmó en la audiencia que Giménez Uriburu había “favorecido” al fiscal en sus planteos. “En este juicio se rechazaron objeciones mías, se me impidió formular preguntas, convocar testigos e incorporación de prueba, y eso lo soslayan, no lo dicen”, le respondió Luciani. Los miembros del tribunal “han sido durísimos con esta fiscalía”, agregó.
“No tengo animosidad contra ninguno de los imputados”.“Si siguiéramos el absurdo de las defensas, estaría vedada cualquier actividad social, deportiva, académica. Es tan ilógico el argumento de la recusación. Jugar al fútbol en un mismo equipo, compartir una cátedra o una conferencia, ser socio de un club, sin importar si fue en el pasado, presente y futuro, implica” una falta de objetividad
También respondió sobre uno de los argumentos sostenidos por la defensa De Vido, que citó un ingreso de Luciani al Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano que había sido revelada por el actual titular de esa cartera, Martín Soria.
“Desde 2010, colaboro con el Ministerio de Justicia en la capacitación de fuerzas de seguridad sobre trata de personas” de manera gratuita, aclaró y dijo que el ingreso que le achacan al ministerio de Justicia se debió a una reunión con una funcionaria vinculada a la lucha contra la trata de personas.
“Si su preocupación es si fui a ver al doctor Garavano, les doy la tranquilidad de que no lo conozco”, aseveró y dijo que lamentaba que “se hubiesen dejado llevar por lo que dijo el ministro Martín Soria, a quien conozco porque trabajó cinco años con el doctor (Juan José) Galeano”, juez del caso AMIA destituido y condenado por el presunto encubrimiento del atentado para quienes tanto Luciani como Soria trabajaron en los tribunales durante los años 90.
También mencionó a la vicepresidenta. “Un ejemplo claro de la libertad con la que trabajo es que en 2013 fui nombrado fiscal con acuerdo del Senado por quien hoy me recusa, la doctora Fernández”, afirmó.
Tienen comprometidos sus deberes de imparcialidad y objetividad.
La respuesta de Mola
El fiscal federal de Lomás de Zamora que colabora como adjunto en el juicio fue recusado por las defensas de De Vido y del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Los argumentos para pedir el apartamiento de Mola fue “en base a notas publicadas por El Destape y por el periodista Raúl Kollman en Página/12 que hacen referencia a una reunión que tuve en 2016 con el secretario Legal y Técnico y otro funcionario de Justicia”, dijo el fiscal. “Fue una reunión oficial, me identifiqué como corresponde con mi función oficial y mi documento en la Casa de Gobierno. Yo era fiscal subrogante, designado por (la entonces procuradora, Alejandra) Gils Carbó”, afirmó.
“No tenía ni idea de que varios años después me iba a encontrar trabajando en este juicio.
Fue por una cuestión relacionada al funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza que se encuentra en la jurisdicción en la que yo trabajo. Nunca más volví a ver a ese funcionario“, aseguró Mola.
Sobre la foto de su jura, dijo que los ministros de Seguridad Nacional y bonaerense así como el procurador Conte Grand asistieron a la ceremonia oficial para saludarlo. “No entiendo de qué manera esta situación puede comprometer la objetividad por la que pongo mucho esmero”. Catalogó los argumentos de las defensas como “elucubraciones disparatadas”. “Si hubiera jurado diez años antes hubieran venido funcionarios de otro gobierno”, agregó.
“Yo trabajo en Lomas de Zamora, hablo permanentemente con distintos funcionarios a nivel nacional y provincial sobre el desempeño de oficiales policiales y penitenciarios, el aeropuerto, secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico”, dijo Mola. “Un fiscal interactúa con todos los funcionarios con los que tenga que interactuar por sus funciones. Uno de los abogados que me recusa fue fiscal y tengo que estar explicando estas obviedades”, dijo en referencia a Rusconi.
Las recusaciones
Pese a algunos cruces de camaradería (el fiscal Luciani agradeció al abogado de Báez, Juan Villanueva, por “no personalizar” sus argumentos de recusación, por ejemplo), pero primó la tensión. El hecho de que Luciani y Giménez Uriburu no hubieran comunicado a las partes sobre su pertenencia mutua a “La Liverpool” fue uno de los principales cuestionamientos de las cinco defensas que presentaron impugnaciones. También la celebración de los partidos en la propiedad de la familia Macri.
Beraldi sostuvo en un escrito presentado este lunes que las fotografías publicadas por Página/12 “denotan una clara relación de amistad entre el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes integran el equipo de fútbol denominado 'Liverpool' o 'La Liverpool'”. “Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, afirmó Beraldi.
El abogado de la vicepresidenta afirmó que el “contexto” de las fotografías fue la “interferencia permanente del gobierno de Mauricio Macri en el funcionamiento de la Justicia”. “No cualquiera jugaba ahí”, en la quinta de Los Abrojos, dijo.
Beraldi sostuvo que ambos magistrados tenían “un doble deber de mantenerse ajenos” a la política. Además, el penalistas contó dos reuniones del juez Gorini, con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que también lo recusará por estos motivos.
Gorini le respondiera durante la audiencia, asegurando que esas reuniones se debieron para solicitar que la Policía Federal no filtrara a la prensa fotos de los detenidos en el juicio de Once luego de que se dieran a conocer las imágenes del exvicepresidente Amado Boudou detenido en pijamas en su domicilio; y en segundo lugar, para discutir sobre la continuidad de su custodia personal por el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad, luego de amenazas a su seguridad y de sus hijos durante el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.
Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas.
Juan Villanueva, abogado de Báez, aseguró que tanto Luciani como el juez Giménez Uriburu “tienen comprometidos sus deberes de imparcialidad y objetividad (respectivamente)” y que al tener “el deber de juzgar o acusar a funcionarios y opositores políticos de Macri” no deberían haber concurrido a Los Abrojos. “Es un comportamiento que afecta sus deberes. En otro país sería inviable. No resulta razonable”, agregó.
El abogado hizo hincapié en que el propio poder Ejecutivo era parte querellante en este juicio e impulsó la acusación contra su defendida durante el gobierno de Macri; y que la denuncia que dio origen a la causa Vialidad fue presentada también por el Ejecutivo en 2016. “La denuncia fue realizada por el mismo poder Ejecutivo con el que jugaban al fútbol en la casa y era responsable directo de la denuncia. No se les puede pedir a quienes están siendo juzgados que lo vean como algo aceptable”, afirmó Villanueva.
“Los magistrados tienen que extremar sus precauciones porque acá lo importante es, como dijo el fiscal, no solo el deber ser sino el parecer”, aseguró el abogado de Báez.
El co-defensor de De Vido, Maximiliano Rusconi, sostuvo que “lo que está en juego es el Estado de Derecho y las garantías constitucionales” y que “es mucho más oxigenante para la República decir que esto no puede pasar que seguir tapando este escándalo”. El segundo abogado del exministro, Gabriel Palmeiro, instó al tribunal a que “vuelva sobre sus pasos y anule todo lo actuado”. “Nos dicen que los expedientes hablan y gritan, ¿y estas fotos que dicen? Se nos ríen”, dijo.
ED
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