Entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda de $3400 millones con la educación argentina

El informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación” del Observatorio de Argentinos por la Educación, busca cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la obligatoriedad por ley para que el presupuesto en educación alcance el 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ese consenso en materia de política educativa para el presupuesto consolidado entre la Nación y las provincias se expresó en la Ley de Financiamiento Educativo del 2005. Aunque entre 2006 y 2014 se estimaba un “sobre-cumplimiento” de la meta, el sinceramiento de la base de cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que no fue el caso.

Del análisis que surge del informe, con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal, se destaca que entre 2006 y 2020 -año de los últimos datos disponibles- solo en tres oportunidades se cumplió con el gasto objetivo en educación como porcentaje del PBI establecido por ley: 2009, 2013 y 2015. Este último fue el año de mayor ejecución presupuestaria, con 6,1% en términos del PBI.

En este período de 15 años, se acumuló una deuda educativa de 3400 millones de pesos (26 millones de dólares a $132,15, promedio del 2022), lo que equivale a un 5% del PBI del 2020, es decir, la inversión educativa aproximada en un año. El 68,4% del total de esta desinversión en la educación argentina ocurrió en cuatro años: en 2010 y en el período 2018-2020.

Entre el 2006 y el 2009, se establecieron metas intermedias para llegar al objetivo a partir del 2010, según se acordó en la Ley de Financiamiento Educativo, consenso avalado por la Ley de Educación Nacional, aunque este último año terminó siendo uno con los porcentajes de inversión más bajos.

El gasto destinado a la educación, ciencia y tecnología es repartido entre las distintas jurisdicciones y el Estado Nacional, con lo que aproximadamente 1 de cada 4 pesos es invertido por la Nación y el resto por las demás jurisdicciones. La Ley de Financiamiento establecía el aporte que cada parte debía realizar, pero con la Ley de Educación, dando por sentado el cumplimiento de las metas, no asignó un número específico de cuánto debe aportar cada parte.

Con la diferencia entre la meta anual y lo efectivamente ejecutado, se puede calcular la deuda de cada año. Puede observarse que se contrajo deuda con la educación en todos los años analizados, excepto 2009, 2013 y 2015, cuando la ejecución presupuestaria excedió a la meta anual. En el caso de 2009, fue el último año de las metas progresivas antes del 6% a partir del 2010, por lo que se superó el objetivo del 5,6% con una inversión del 5,9%.

Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron 2019 (841 mil millones), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones), expresados en pesos constantes del 2022. Hay cuatro años con porcentajes de deuda mayores al 10% del total, por lo que a este trienio se le suma el 2010 para alcanzar el 64,8% del total de la deuda educativa argentina. Los autores establecieron ese excedente como “cancelación de deuda”, a fines del análisis.

Al analizar la serie 2006-2020, el tamaño de la deuda acumulada alcanza el 5% del PBI del 2020 -3400 millones de pesos del 2022-, lo que equivale a 26 millones de dólares al tipo de cambio de 132,15 pesos por dólar, promedio del 2022.

Es por eso que Narodowski, Catri y Nistal consideran que si el Estado Argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez, en el 2020 debería casi haber duplicado el gasto educativo entre Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI de ese año.

En diálogo con elDiarioAR, Martín Nistal consideró que esto significaría “casi duplicar la inversión” en educación para saldar la deuda histórica. “Todos los puchitos y los gruesos, si los vas sumando desde que creamos metas, nos dice que hoy deberíamos invertir un año entero de lo que se invierte en educación. Ese 5% está muy cercano al promedio de la inversión anual”.

Ante la pregunta de los datos después del 2020, Nistal respondió: “No existen datos publicados. Deberían publicarse en un futuro, no hay ninguna razón por la que no se publique más”. De todos modos, aclaró que “es un cálculo que no sale tan sencillo, porque esto es consolidado entre todas las provincias y Nación”.

El coautor hizo hincapié en que, a partir de la Ley de Educación Nacional, “no están establecidas las partes que tiene que aportar cada jurisdicción”, por lo que “no sabemos quién subejecutó en educación”. Como que en leyes pasadas sí estaba establecido, “sería bueno fijar responsabilidades insticucionales en términos de ejecución”, opinó.

LC