Cuidados y derechos para una política de desarrollo

Argentina necesita una política de desarrollo que permita superar la profunda crisis económica y social que ha sumido al 40% de la población en la pobreza, incluyendo más del 65% de los niños y niñas del país. Al mismo tiempo, es imprescindible acortar las brechas de género que impactan en el nivel y la calidad de la ocupación de las mujeres reflejadas también en la diferencia de ingresos. Entre las personas más pobres del país, las mujeres representan el 64% con una inserción laboral que se concentra en los empleos informales, peor remunerados y de tiempo parcial.

El país necesita una política de desarrollo y las mujeres necesitan alcanzar la autonomía económica porque de esto depende no solo la posibilidad de vivir libres de violencia sino también su bienestar presente y futuro. Hay un hilo conductor entre un objetivo y el otro: avanzar en una política de desarrollo económico que permita potenciar el empleo, generar riqueza y mover la economía requiere contar con políticas de cuidados que permitan a las mujeres ser protagonistas de esa fuerza de trabajo integrada a un modelo de desarrollo para el país.

A veces es difícil transmitir la importancia de implementar políticas que contribuyan a una mejor organización social del cuidado, a redistribuir entre las personas y las instituciones de la comunidad esa infinidad de pequeñas (y complejas) acciones que suceden cotidianamente, de manera rutinaria, para que la vida funcione. Procurar la alimentación, el descanso, la higiene, la educación, la atención de la salud, la contención emocional, los traslados y movimientos de las familias no es algo que suceda solo. No está dado. Requiere mucho más que dinero: requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero es difícil transmitir la urgencia de generar políticas de redistribución del tiempo, de los recursos, de accesibilidad de los servicios y la infraestructura vinculados con estas actividades cuando lo cierto es que “de algún modo”, esto ya está pasando, ya está resuelto.

Lo que parece difícil de transmitir es que el modo en que se resuelven esas actividades cotidianas impacta distinto en mujeres y varones, y que las consecuencias de la sobrecarga por asumir ese trabajo se ven más en las vidas de unas que en las de otros. El costo se paga en esa inserción laboral desigual, en las mayores dificultades para acceder y sostener empleos de calidad, en menos oportunidades educativas, en menores ingresos, mayor vulnerabilidad a situaciones de violencias además de la sobrecarga emocional agravada por las condiciones de pobreza que tiene a los hogares de jefatura femenina. 

Hay un entramado complejo de regulaciones, de recursos y de políticas que componen eso que llamamos “sistema integral de cuidados” que debería ofrecer alternativas para las personas en sus distintas circunstancias y de acuerdo con las preferencias que correspondan a su sistema de valores. Construir de ese entramado un engranaje que involucre los tiempos para el cuidado (las licencias), el dinero (transferencias de ingresos) y los servicios (tales como espacios de cuidado infantil, escolaridad de jornada extendida, apoyos para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus vidas de manera independiente) y hacerlo de manera equitativa para todo el territorio, no es tarea sencilla.

El Congreso Nacional tiene finalmente la oportunidad de avanzar en alguna parte de este entramado: después de años de presentación de más de medio centenar de proyectos que sucesivamente iban perdiendo estado parlamentario, hace pocos días se comenzó en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el tratamiento de un conjunto de proyectos de ley que se enfocan en los tiempos para el cuidado: propuestas para mejorar algunas licencias que existen y reconocer otras que muestran desigualdades inaceptables como por ejemplo, que no haya días de licencia por adopción o que no se haya actualizado la legislación para reconocer ese derecho a las parejas del mismo sexo.

Entre los proyectos bajo análisis hay uno presentado por el Poder Ejecutivo que incorpora una propuesta integral de reforma de licencias en el marco de una iniciativa más amplia, que propone delinear las bases para un sistema integral de cuidados. Sin embargo, como explicó la Presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo se decidió comenzar por el tratamiento de las licencias para el cuidado reformando un régimen que involucra al sector privado formal en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que tiene más de 40 años. 

Aún si se mantiene esta decisión de comenzar por el régimen de licencias, una propuesta más cercana a la estructura actual del mercado de trabajo debería procurar incluir a los 3.5 millones de personas que trabajan de manera autónoma, bajo el régimen de monotributo, monotributo social y autónomos que hoy no tienen ningún derecho vinculado con los tiempos para el cuidado. Por el momento, la propuesta del proyecto de Dictamen se concentra en otorgar más derechos a quienes ya tienen algunos, ignorando a quienes no tienen nada. Por supuesto, de todos modos sería un avance muy significativo reformar la LCT para dejar de discriminar a las familias por adopción y aumentar la licencia de paternidad (que hoy es de solo 2 días, mientras que se reconocen 10 días de ausencias justificadas para rendir exámenes universitarios) pero la decisión de avanzar no debiera ser a expensas de los sectores con menos derechos.

El mensaje que hoy da la legislación a través de la regulación del empleo es que el acceso al cuidado es arbitrario, desigual, que depende del tipo de familia, del lugar y modalidad de empleo de las personas. Esto es lo contrario a pensar el cuidado desde un enfoque de derechos, que es el compromiso que ha firmado nuestro país hace apenas unos meses.

Crear un sistema integral de cuidados requiere disponerse a revisar y articular un entramado de regulaciones, de políticas y servicios, en distintos niveles sectoriales y jurisdiccionales. Es una propuesta imprescindible pero compleja. Es admisible empezar por tramos y proponerse objetivos intermedios. La reforma de la legislación sobre las licencias para el empleo bien puede ser una de esas etapas intermedias. Ahora, para hacerlo de un modo que permita honrar un compromiso con la igualdad y el desarrollo, es preciso hacerlo mirando el horizonte más amplio para alcanzar al mayor universo de personas posibles, con criterios razonables.

En un contexto de restricción fiscal evaluar los costos para el Estado es relevante: por eso acercamos a las Comisiones de la Cámara de Diputados el ejercicio de costeo que llevamos adelante junto a UNICEF que muestra que el costo fiscal de incorporar a quienes hoy no tienen acceso a ningún derecho es marginal. Financiar una asignación especial para monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares de acuerdo con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo (que propone una implementación gradual e incremental) sería tan solo del 0.01% del PIB por cada año de ampliación. Si hay acuerdo en avanzar con la ampliación del régimen de licencias para quienes hoy ya tienen la protección de la LCT, reconocer estos derechos al grupo de trabajadoras y trabajadores independientes que actualmente no cuentan con ningún derecho representa menos del 10% del gasto total que se tendría que utilizar para cubrir todas las extensiones planteadas.

¿Por qué los cuidados deberían ser una prioridad en la agenda pública? Porque sin resolver el tema de los cuidados no podemos acompañar el desarrollo que Argentina necesita. La garantía de derechos requiere del compromiso político y económico del Estado. En un contexto de crisis económica y restricción fiscal estas decisiones implican la necesidad de priorizar, revisando la distribución de recursos del Estado a través de las exenciones y privilegios hoy contemplados en el presupuesto nacional.

La pregunta que debemos plantearnos es por qué resultaría aceptable elegir beneficiar sólo a una porción de la población cuando el costo adicional de ampliar ese derecho a los millones de personas que hoy no tienen reconocimiento de ningún derecho, es marginal. Toda decisión de política pública requiere un esfuerzo fiscal de un modo más o menos visible. El parámetro para decidir acerca de la priorización de los recursos públicos debería ser un criterio de justicia social para que las decisiones del Estado contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, no a ampliarlas.