DÍA DE LA TIERRA

— INFORME

Para cuidar sus recursos, quieren que el río Paraná tenga los mismos derechos que una persona

A partir de diferentes antecedentes reportados a nivel mundial y de investigaciones científicas, tanto jurídicas como sociológicas, el abogado y ambientalista Aníbal Faccendini llegó a la conclusión de que el río Paraná debe ser considerado persona no humana sujeta de derechos, una figura legal que propiciará el cuidado y preservación de su ecosistema, atacado en los últimos años por constantes incendios de pastizales provocados a lo largo del delta, una histórica bajante en su caudal y la contaminación de sus aguas.

“A lo largo de la cuenca del Paraná hay cerca de 300 especies de peces, 260 de aves, 50 de mamíferos y 700 de plantas. Todo esto fue afectado en el último tiempo por los incendios y la bajante del río. Tenemos que lograr un equilibrio que comulgue con el desarrollo sustentable de la zona, el ordenamiento territorial y la armonía con el conjunto de la comunidad biológica”, explicó Faccendini a elDiarioAR.

El Paraná tiene una extensión de 4.880 kilómetros, es el segundo río más largo de Latinoamérica y el decimocuarto del mundo desde su nacimiento en Brasil, el paso por Paraguay y el recorrido a través de varias provincias argentinas.

“Debemos ciudadanizar al Paraná para garantizar, a lo largo de su cuenca, el equilibrio ambiental inclusivo con los actores autóctonos que lo habitan, evitar que sea víctima de delitos de lesa ambientalidad y recuperar su cultura originaria”, afirmó Faccendini, jurista y ambientalista de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

¿Una medida como la que propone también permitiría proteger a los humedales, tan afectados por los incendios forestales en los últimos años?

Faccendini: Sí, porque nos daría la posibilidad de ejercer el derecho de protección de sus humedales, que son los grandes reguladores de agua. Lograr que tenga el carácter de persona permitirá, asimismo, su valoración, evitando también la depredación por medio de la quema salvaje de pastizales, el extractivismo y demás incursiones devastadoras del hombre.

En su investigación, Faccendini citó varios antecedentes mundiales de medidas como las que plantea en favor del río Paraná. Uno de ellos es la reforma constitucional llevada a cabo en Ecuador en 2008, que estableció los derechos jurídicos de la naturaleza y consagró a la protección ambiental como un eje medular de las políticas del Estado. Otro ejemplo se dio en Colombia, donde la Corte Constitucional fijó, en un fallo de 2016, que el río Atrato, su cuenca y afluentes son “persona con derechos”. Un año después, en Nueva Zelanda, las autoridades declararon persona al río Whanganui, una medida similar a la tomada por la Corte Suprema del Estado indio de Uttarakhand, que reconoció a los ríos Ganges y Yamura con los mismos derechos que los de la humanidad. En España, el Congreso de los Diputados aprobó semanas atrás que se tramite una ley para que el mar Menor, una laguna de agua salada de 170 metros cuadrados vinculada al Mediterráneo en la región de Murcia, al sureste del país, tenga personalidad jurídica. De aprobarse, será el primer ecosistema de toda Europa con derechos propios. La iniciativa fue impulsada por más de 600.000 firmas de personas que advirtieron la gravedad de un proceso de contaminación causado por los abonos utilizados en la actividad agraria de la cuenca y que vierten al mar Menor. 

Según un relevamiento de la ONG Multisectorial Humedales, unas 700.000 hectáreas del Delta del Paraná fueron incendiadas en 2020 y 2021 a lo largo de su extensión, de unos 19.300 kilómetros cuadrados, por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Para Faccendini, el aspecto más innovador de los antecedentes en la región y el resto del mundo es considerar que el agua, “en cualquiera de sus estadíos, es un bien público de todas las especies vivas''. La medida que plantea el jurista también beneficiaría a los humedales y a las aguas subterráneas. ”Hay más agua bajo del suelo que en la superficie. Es el caso de los grandes acueductos, como el Guaraní“, comentó.

Según un relevamiento de la ONG Multisectorial Humedales, unas 700.000 hectáreas del Delta del Paraná fueron incendiadas en 2020 y 2021 a lo largo de su extensión, de unos 19.300 kilómetros cuadrados, por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Además del perjuicio ocasionado por las llamas en la región, científicos del Conicet llevaron a cabo un estudio durante más de cinco años que permitió hallar restos de microplásticos –partículas menores a cinco milímetros– en el tracto intestinal de peces y aves que habitan a lo largo del curso de agua y su planicie adyacente. La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Limnología (INALI-Conicet- Universidad Nacional del Litoral), con sede en la ciudad de Santa Fe, y relevó 220 envases (botellas, vasos, bidones, juguetes) cada 100 metros cuadrados y 5.000 partículas de microplástico por metro cuadrado en la cuenca. Según el estudio, los plásticos afectan a toda la fauna del ecosistema del Paraná. Además, un alto porcentaje de los envases o fragmentos relevados liberan sustancias tóxicas como plaguicidas y metales pesados. A esta situación se suma el impacto ocasionado por el aumento de los habitantes en las ciudades situadas sobre la cuenca. Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) destacó que en los últimos 120 años la población que utiliza el sistema cloacal y arroja sus desechos al Paraná creció más de 10 veces: de 112.000 pobladores a más de 1,4 millones. Esto genera que la actividad bacteriana ocasionada por el incremento de los desechos, combinada con la histórica bajante que registró el río en los últimos dos años, reduce los niveles de oxígeno en el agua, que pone en riesgo la fauna ictícola.

¿De qué modo puede implementarse una medida jurídica como la que plantea? 

Faccendini: Cada provincia debe suscribir una ley y designar a un defensor local. A nivel nacional, debería haber un defensor general para intervenir en el cuidado de las aguas interjurisdiccionales. El agua y los humedales son bienes públicos que están siendo sometidos a un nuevo esquema de privatizaciones: el de los emprendimiento agrarios, ganaderos y/o inmobiliarios. Quienes planteamos un ambientalismo inclusivo decimos que se debe lograr un equilibrio: las actividades económicas deben comulgar con el desarrollo sustentable, el ordenamiento territorial y armonizar con el conjunto de la comunidad biológica. De lo contrario estamos en presencia de un extracticidio.

¿Qué aspectos puntuales incluye en este concepto de extracticidio?

Faccendini: Cuando alguien quiere generar ganancias desmedidas e ilimitadas arrasando con el agua y la naturaleza, con los bienes que forman parte de la vida de todos, está cometiendo un extracticidio que no podemos permitir que se haga. Hay que ponerle un límite a las ambiciones de las corporaciones económicas. El deterioro del Paraná es muy grande. La reproducción de especies se vio afectada por los incendios y la bajante del caudal ocasionada, entre otros motivos, por déficit hidrológico en el sur brasileño. De mínima, la afectación es preocupante.

¿Cómo evalúa la respuesta del Estado ante esta situación ambiental?

Faccendini: Hay una ausencia estatal para castigar las conductas dañosas que se cometen y repiten.  Quien perpetra un delito, por ejemplo, calcula la demora de la Justicia en actuar. Pero la Justicia trabaja sobre lo que pasó, por eso es fundamental que el Poder Legislativo dicte leyes como la de Humedales. Necesitamos una nueva cultura ambiental y para que eso ocurra el Estado tiene que estar presente. Que no la veamos nosotros no significa que la naturaleza no exista. La humanidad es tan soberbia…

GT/MG