El Gobierno desmantela los centros que dan acceso a la Justicia a personas de barrios vulnerables

Una de las políticas públicas que también se ve afectada por los despidos y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional tiene que ver con el acceso a la justicia en los barrios más vulnerables del país. En lo que va del año, la administración de Javier Milei despidió al 20% de los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación y tienen presencia en todo el país. Se trata de espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros, que están en 108 barrios de Argentina, zonas con poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. 

En la oleada de despidos de abril fueron desvinculados 120 trabajadores y trabajadoras en todo el país, sobre todo del Norte, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Además, semanas atrás el Ministerio de Justicia cerró el CAJ Once, uno de los más grandes con servicio “multipuertas” que resolvía cuestiones judiciales y también de seguridad social, acceso a la salud o situaciones de violencia de género, entre otras temáticas. La abogada y delegada de ATE en el Ministerio de Justicia de la Nación, Silvina Silva, contó que también se están dando de baja los espacios en los que se vence el contrato de alquiler.  “Están cerrando los CAJ que tenían un contrato de alquiler vencido o por vencer porque la idea de la gestión actual es no sostener ningún tipo de alquiler ni ningún lugar que represente un gasto para ellos”, le dice a elDiarioAR.

Entre las 120  personas despedidas hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos. No hay criterio unificado, van desde los centros de Bariloche hasta Jujuy, las antigüedades son variadas desde 2 hasta 10 o 12 años de trabajo. En cuánto a las modalidades de contratación, algunos están incluIdos en el Artículo 9 de la Ley del Empleo Público y otros fueron contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que por ley debe hacerse cargo de algunos de los sueldos de los CAJ.  Este vaciamiento impacta directamente en la vida cotidiana de vecinos y vecinas de 108 barrios vulnerables de todo el país porque los CAJ también tratan cuestiones migratorias, acceso a programas sociales, conflictos vecinales o acceso a la tierra. 

La abogada Daniela Verón es una de las despedidas, trabaja en el CAJ de los barrio Radar y Nueva Esperanza de Entre Ríos, tienen especializaciones en violencia de género y acceso a la tierra e ingresó por concurso en el 2019 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “El centro era un sostén de muchas mujeres que necesitaban realizar la primera denuncia por hechos de violencia de género, no solo física, sino también mucho de la económica y sexual. Y lo que pasa en los territorios es que las comisarías siguen violando la obligación de tomar las denuncias y las mujeres no saben qué hacer. Yo las asesoraba o acompañaba para hacer la denuncia en la Fiscalía de Género y denunciar a la policía  Eran mujeres de lugares muy vulnerables que les costaba llegar hasta la ubicación de la fiscalía”, le cuenta a este diario.

El desguace de estos centros afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables que viven en villas, asentamientos o barrios de la periferia. “En Mar del Plata queda un CAJ reducido con tendencia a quedarse en las oficinas más allá de la voluntad de algún trabajador que quiera permanecer en los barrios. Trabajábamos con problemáticas como acceso a la tierra, cumplimiento de cuotas alimentarias, pensiones o problemáticas discapacidad, mucho de documentación para personas migrantes”, explica Maximiliano Álvarez. Fue coordinador de los CAJ de la costa que incluían las ciudades de Mar del Plata, Chascomús, Dolores, Bahía Blanca, Olavarría y Miramar.

“El acceso a la  justicia no es para todos, accede el que económicamente puede pagar una boleta o un abogado”, subraya Daniela Verón, que también se dedicaba a mediar en conflictos territoriales. “En los barrios populares teníamos muchas causas de desalojo por supuesto delitos de usurpación cuando eran causas armadas por inmobiliarias que compraban terrenos que no tenían los papeles adecuados y se hacían pasar por los dueños y expulsaban a la gente que vivía hace más de 15 años. Esta gente no se enteraba de los procesos que se iniciaban hasta que aparecía una topadora y le quería arrasar el ranchito. Recuerdo un caso en el que no llegué a tiempo y la topadora pasó por arriba la casa y los animales de un hombre que vivía desde hacía más de 10 años en el lugar. Lo encontré llorando por sus perros y gallinas aplastadas”, agrega. 

En la Ciudad de Buenos Aires se registraron más de 20 personas despidos, entre contratados y en relación de dependencia, que trabajaban en Constitución, Soldati, Floresta, Caballito, en las villas 15; 31; 1-11-14; 21-24, La Boca y Once. Agustín Lagos es trabajador social y cumplía funciones en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), en un local a la calle en el que atendían por demanda junto a otras tres profesionales. “Teníamos muchos casos de personas migrantes, que se querían radicar o estaban irregulares. Ayudábamos con el acceso a los programas sociales, problemas en el trabajo, violencia de género, intrafamiliar, cuota alimentaria y vacantes escolares. Hay cuestiones que son obstáculos para otros derechos, por ejemplo, sino tenés DNI no accedes a trabajo”, le describe a este diario. 

La cercanía también es una cuestión fundamental para el ejercicio de los derechos. “Hay un montón de problemas que no van a saber como ser resueltos, que no van a canalizarlos. También por falta de tiempo porque, a veces, podes resolverlo pero en un lugar que te queda muy lejos. Eso es una barrera para que las personas puedan resolver sus problemas y que un problema está atado a otro. Mientras vos no resuelvas esa problemática hay otros derechos que tampoco vas a poder resolver”, agrega Lagos. 

La abogada y exdirectora de nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, criticó fuertemente la política del ministro de Justicia, Mariano Cúnero Libarona.  “La política de Justicia está en manos de unos ladris inexpertos y abandónicos que lo único que están produciendo es el desmantelamiento de la promoción y el fortalecimiento de un derecho como el acceso a la justicia. Se expresa claramente en que no han nombrado un nuevo director y que la subsecretaría no tenga experiencia ni designación. Esa es la política de esta gestión, la del abandono”, afirmó en diálogo con elDiarioAR. 

Carpineti también criticó al gobierno anterior, del que fue funcionaria, por no fortalecer estas políticas y dejarlas sin protección. “Hay que entender que no hay destrucción de los CAJs sin mecanismos de perversión y manipulación que facilitan el abandono y la profecía autocumplida de que el ”el Estado no sirve“. En primer lugar los que tenían la lapicera de la gestión anterior, que no era ni yo ni ninguno los coordinadores de mi equipo, evidentemente o no la sabían usar o no la quisieron usar para dejar resguardado el acceso a la justicia, como si la usaron para dejar protegidas otras cuestiones de la política de palacio”, afirmó. 

“Ahora tienen la mesa servida para terminar con lo que sí funciona y dejar amparados a los que posibilitan que el Estado no funcione. Porque lo que quieren lograr con su accionar es simple: efectivamente que el Estado no le sirva a la sociedad, y así justificar su desaparición. Eso es lo que se está viviendo en los CAJs. El cierre del CAJ Eva Perón, en el Barrio de Once, que desarrollaba tareas para todo el país, como centro neurálgico de esta política pública, es el caso más emblemático de este proceso y mecanismo cruel”, agregó Carpineti.

CDB/DTC