Jornadas de 12 horas, sin derechos y de noche: el trabajo ilegal por el cual el dueño de un aserradero deberá indemnizar a sus víctimas

Trabajando con las maderas, una polea se partió y una sierra circular le cortó la pierna. El dueño del aserradero lo llevó a una médica, pero ésa fue la única vez que tuvo atención. Durante varios meses de 2017 estuvo postrado, con mucho dolor e infecciones en las heridas que no cicatrizaban. Después de ese accidente prácticamente no le dieron tareas y también le redujeron el sueldo a un monto que apenas llegaba a cubrir los alimentos. Este es el relato de J.J.M., de 31 años, uno de los dramáticos testimonios que exponen al dueño de un aserradero del Valle de Calamuchita. En un juicio realizado por el Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, Hugo Adrián Vázquez fue condenado a seis años de prisión por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad”. La sentencia también contempla resarcimientos contra las víctimas, que en algunos casos superan los seis millones de pesos. 

“Es la primera vez que tengo un caso de trata en un aserradero. Me impactó el drama humano que se ve en este caso. La mayoría de las personas fueron traídas desde Misiones, víctimas de la desesperación. Muchos explicaban que tenían miedo de perder el trabajo y que las veces que se habían animado a denunciar no había pasado nada. Que por eso se resignaron a seguir así”, explica el fiscal general Carlos Gonella, quien pidió que se inhibieran los bienes del dueño para también reparar económicamente a la víctimas. 

En su aserradero de la localidad de Villa Ciudad América, Vázquez mantuvo a al menos siete personas en una delicada situación personal y laboral. El comienzo de estas actividades no pudo ser determinado por los investigadores pero finalizaron el 6 de junio de 2018, tras un allanamiento. “Con personas durmiendo en casillas de madera con techo de nylon, sin instalación sanitaria, con 4 o 5 trabajadores durmiendo en habitáculos de 4x4”, según se describe en la sentencia. También se mencionan largas jornadas, que se extendían hasta 12 horas y que eran de madrugada para evitar inspecciones cuando el aserradero estuviera abierto. Los sueldos eran según decidía el dueño condenado y no respetaba ningún punto del convenio colectivo del sector, sin cobertura médica ni aguinaldo. Además, en el lugar no se encontró ninguna planilla de registro de los trabajadores. 

“A la comida la pagábamos nosotros. Todos los viernes nos descontaban el dinero de lo que habíamos gastado. Solo había luz, porque ellos estaban enganchados, pero el gas y el agua también lo pagábamos”, explicó R., otro de los trabajadores, que agregó que cocinaban “en la pieza o afuera y una manguera a través de la cual llegaba el agua corriente, que estaba pinchada por todos lados”. Respecto de la jornada laboral, detalló: “Hubo una época en que se trabaja de las cuatro de la mañana hasta las nueve y después de 17 a las dos de la mañana”. Esta persona también explicó que solo trabajaba con una pala y no tenía ningún elemento de seguridad mínimo como guantes o corras. “Trabajábamos así nomás, o sea, si pasaba algo nos pasaba”, agregó.

En el momento en que se hizo el allanamiento del aserradero, se relevaron 12 violaciones a las normas de seguridad e higiene, entre ellas, falta de inscripción a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, máquinas y herramientas sin protecciones, instalaciones eléctricas inestables, ausencia de agua potable y la total falta de elementos de seguridad personal.

También JJM, el hombre del accidente en la pierna, contó que luego del accidente y la baja del sueldo, su situación empeoró aún más. Lo poco que le pagaban lo hacían semanalmente, hasta que le empezaron a decir que no tenían plata. Fue entonces que comenzaron discusiones porque JJM le pedía dinero al dueño para poder volver a Misiones y éste se lo negaba.

Los abogados defensores de Vázquez plantearon que había “culpa del Estado” en la constitución del delito, al entender que si se hubiera inspeccionado de manera eficiente, la gravedad de la situación no hubiera ocurrido. La curiosa argumentación también estuvo acompañada de la relativización de los hechos. “Trataron de desdibujar la asimetría que había entre ellos. La situación de poder que él ejercía sobre esta gente tan vulnerable. El intentó comunicarse con ellos antes del juicio para influir en el caso. Por eso tuve que pedir su detención”, explicó Gonella.  

Al dictar sentencia, el tribunal determinó varias medidas para garantizar las indemnizaciones: el embargo preventivo, el decomiso del fondo de comercio y de los bienes de uso y capital y de todas las materias primas. También resolvió que la el pago a las víctimas se realice en dos tramos: el primero de 150 mil pesos para todos los casos en concepto de daño moral; y otro por daño material, con montos que van desde los 100.000 pesos a los 6,3 millones, todos con una compensación de un 2,5% mensual desde el momento del fallo hasta que se cobre. 

Para el fiscal, durante el juicio se acreditó que Vázquez pagaba cuatrocientos pesos por día y que liquidaba mensualmente después de hacer el descuento de lo que denominaba “vales” por una larga lista de compras. Entre lo que había comida, elementos de higiene personal y limpieza y otros materiales que tenían que ver con el mantenimiento del lugar. En el juicio la acusación sostuvo que “desde la clandestinidad, sin habilitación ni reglamentación alguna y de la forma más primitiva, el acusado sometió a largas jornadas de explotación laboral a estas personas a quienes utilizó como mano de obra esclava con el objeto de abaratar costos de la actividad, abusando de sus condiciones de vulnerabilidad”. Esta última condición, para Gonella, estaba vinculada a su desarraigo social y a su condición económica y familiar, que muchas veces les impedía conocer la totalidad de sus derechos, algo que era aprovechado por Vázquez. 

AM