Con tres proyectos de ley en el Congreso, una organización que pelea por el derecho a morir pide “menos burocratización”

En apenas diez días ingresaron en el Congreso tres proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina, el derecho a morir. El primero fue llamado “Ley de Buena Muerte” y fue presentado por tres diputados radicales, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre -en representación de Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-. El segundo es del senador radical Julio Cobos, que representa a Mendoza, y lo nombraron “Interrupción Voluntaria de la Vida”. "Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente", por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”, es el tercero y lo firma la diputada cordobesa Gabriela Estévez, del Frente de Todos.

Todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad grave, crónica e irreversible, sin pronóstico vital ni cura, y cuya dignidad se vea afectada, pueda decidir cuándo morir. Pero hay diferencias, en algunos casos marcadas, sobre el paso a paso previo al procedimiento, que es médico y voluntario. El proyecto del radical Cobos establece, en principio, la figura del médico responsable y la del médico consultor, al igual que el del Frente de Todos. Y contemplan un tercer interventor en el proceso, figuras parecidas con nombres diferentes: una comisión, en el primer caso, y una consejería, en el segundo. Son el último eslabón en la cadena y tienen poder aprobatorio sobre la decisión que ya haya tomado el paciente.

Por otro lado, ambas propuestas piden una serie de trámites. En el caso del proyecto Interrupción Voluntaria de la Vida -Cobos- el paciente que requiera la práctica debe presentar un consentimiento informado, rubricado ante un escribano público o juzgado de primera instancia y convocar a dos testigos. Pero ese es sólo el primer paso de un camino que podría extenderse, según los cálculos que surgen de la propuesta, por el transcurso de un mes. También solicita al paciente que formule dos solicitudes de manera voluntaria, más otra solicitud para presentar ante un equipo de apoyo conformado por especialistas en psiquiatría y psicología que ayudará a “confirmar la madurez del juicio del paciente y su inequívoca voluntad de morir”. La “Ley Alfonso” también introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso.

“Lo que queremos señalar es un denominador común: la burocratización del procedimiento. Es así que una decisión personal, única, trascendental, de la más absoluta esfera íntima queda convertida en una sucesión de contralores y comisiones, que fuera de resguardar parecen entrometerse en esa intimidad y prolongar la agonía de los que solicitan esa asistencia”, dice la carta pública posteada por la organización Derecho a la Muerte Médicamente Asistida. El grupo, que es cerrado y funciona en Facebook, fue creado por mujeres que acompañan, informan y capacitan a personas que sufren una enfermedad terminal o a sus familiares. Nuclea, además, a otros interesados en que se legisle sobre eutanasia en la Argentina.

Una decisión personal, de la más absoluta esfera íntima queda convertida en una sucesión de contralores y comisiones, que fuera de resguardar parecen entrometerse en esa intimidad y prolongar la agonía de los que solicitan esa asistencia.

Otro punto de la carta, tiene que ver con el consentimiento informado ante escribano público o juzgado de primera instancia: “Otro aspecto que no podemos definir sino como alarmante es la intromisión de la figura del notario público o de jueces de primera instancia. En 2009, la Ley de Derechos del Paciente trajo precisiones acerca de lo exigible para el respeto a la autonomía de las personas. (...) Reincidir en este punto y someter a pacientes al contralor de quienes nada tienen que ver con su atención sanitaria es por lo menos imprudente”. Aquí, la carta completa:

Derecho a La Muerte Médicamente Asistida - Carta a La Opinión Pública by Victoria De Masi on Scribd

Mayores de edad, plenamente capaces y argentinos: esos son otros requisitos que los tres proyectos tienen en común. Pero la Ley de Buena Muerte, de los diputados radicales Cornejo, Latorre y Cacace contemplan a los menores de edad: los mayores de 16 años, pueden prestar consentimiento y los adolescentes de entre 13 y 16 años deben, además, estar asistidos por sus representantes. Esta propuesta también requiere que el paciente formule dos solicitudes con una separación de tiempo entre una y otra de quince días.

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