Ley de humedales: atrapada entre el lobby empresario y la oposición de las provincias

Las internas políticas, el lobby empresarial, el rechazo por parte de algunas provincias y una coyuntura en llamas. Todo parece atentar contra la sanción de una ley nacional que regule, proteja y conserve los humedales en la Argentina. En el 2020, en la Cámara de Diputados, legisladores de diferentes partidos habían conseguido ponerse de acuerdo y presentar un proyecto de consenso, que contaba con el aval de más de 300 organizaciones sociales. El tema nunca se trató en el recinto y perdió estado parlamentario dos veces. Sin embargo, la historia no terminó ahí: ahora, el ministerio de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) elaboraron un nuevo proyecto que fue cuestionado por los principales referentes del ambientalismo. 

La necesidad de una ley de humedales quedó en evidencia esta semana cuando una vez la quema de pastizales en la zona de Rosario cubrió de humo la ciudad.

Los humedales son áreas cuya principal característica es el agua. Es la que define su geografía y como consecuencia la vegetación que allí crece y los animales que la habitan. Son una reserva de agua importante además de servir para frenar el impacto de posibles inundaciones.

Este sábado, las organizaciones ambientalistas de Rosario volverán a marchar para reclamar la urgente sanción de la ley y se concentrarán en el ingreso al puente a Victoria.

El proyecto del Cofema, Consejo Federal de Medio Ambiente que integran la Nación junto con las 24 las jurisdicciones, tomó como base el que se había elaborado de manera transversal -y que este año, el 1 de marzo, volvió a ser presentado en la Cámara por Leonardo Grosso-. Sin embargo, introdujo modificaciones y suprimió artículos. Todavía no está claro cuándo ingresará al Congreso, pero la gran pregunta es: ¿por qué el organismo avanzó en una propuesta legislativa diferente?

El presidente del ente, Santiago Azulay, no respondió preguntas al ser consultado por elDiarioAR, mientras que fuentes del ministerio prefirieron el off the record. Desde la cartera que conduce Juan Cabandié entienden que la única forma de legislar sobre los humedales es si se consigue un acuerdo con los gobernadores: “Esto es lo que se pudo avanzar. Hay que tener en cuenta que al proyecto anterior muchos de ellos le dijeron que no de entrada. No querían nada. Las buenas ideas son las que se pueden llevar a cabo”, sostuvieron allegados al ministro. 

Sin embargo, si avanza el proyecto, puede llegar a encontrarse con una traba: que sea rechazado por la sociedad civil. “No puedo hablar en representación de todas las organizaciones, pero en mi opinión es preferible no tener ninguna ley antes que tener la que propone el Cofema. Es más genuino seguir discutiendo una buena legislación de humedales que sacar este proyecto”, aseguró Lucas Micheloud, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas. 

La barrera de las provincias

Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas sintetizaron los cuestionamientos al proyecto del Cofema en un comunicado oficial y sostuvieron que buena parte de las modificaciones que introdujo el organismo son “arbitrarios retrocesos”. 

El proyecto del consenso establece que, una vez sancionada la ley, las provincias deben elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial, es decir, un inventario que identifique específicamente los humedales en sus territorios. Y si bien el del Cofema también lo requiere, suprime del texto los plazos límites para su confección. 

“Los que legislamos sabemos que podés hacer un artículo divino, pero si no ponés fechas claras ni establecés quién lo va a hacer, es muy difícil que se cumpla. Imaginate una ley que diga ‘bueno, cuando tengan ganas me avisan cuántos humedales hay’. ¿Qué protegés si no sabés con precisión cuáles y cómo son los humedales de la Argentina”, sostuvo un legislador que participó activamente del proyecto del consenso, pero que también prefirió el off. Para muchos, cualquier expresión que pueda molestar a las provincias que se oponen podría ser un obstáculo en el avance de una posible ley. 

De la mano de la eliminación de los plazos, Micheloud advierte un segundo problema: la supresión de la moratoria. “Era importante porque establecía, de manera simple, que hasta que no se terminara el inventario nacional no se podían seguir haciendo intervenciones masivas en los territorios de humedales. El artículo partía del reconocimiento de la vulnerabilidad en la que se encuentran estos ecosistemas. Entonces, recién una vez que supiéramos las características de cada uno se iba a poder establecer qué se podía hacer en ellos y qué no”, sostuvo el abogado. 

La Asociación, además, criticó que el proyecto del Cofema “modifica sutil pero gravemente la definición de humedal”. Este asunto, que puede resultar más técnico, es fundamental para que se determine cuáles territorios serán considerados humedales -y, en consecuencia, serán preservados- y cuáles no. 

El proyecto del consenso definía a los humedales como “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. El proyecto del Cofema suprimió la “o” de la segunda oración. 

“Con esta propuesta, un humedal debe cumplir sí o sí con las dos características: presencia de biota, que es el conjunto de flora y fauna, y suelos hídricos”, sostuvo Micheloud y explicó: “Por ejemplo, en la actualidad atravesamos procesos de fuertes sequías y estamos en emergencia hídrica. Al retroceder el agua que alimenta el humedal, en muchos se va perdiendo la biota. Esa ausencia haría que muchos territorios quedarían fuera del alcance de la ley”. El abogado puso como ejemplo el Delta del Paraná, que se alimenta a través de arroyos, riachos y lagunas donde se reproducen peces, roedores y aves. “Todo eso está seco desde hace dos años, ¿no se va a proteger?”, se preguntó. 

El Cofema también eliminó expresiones como “evaluación del impacto ambiental” y “evaluación de impacto estratégico”, que habían sido planteados por el proyecto original como instrumentos para regular las actividades antrópicas (es decir, las que son una intervención humana en la naturaleza). En la misma línea, suprimió el concepto de “uso racional”.

“El término ‘racional’ no aparece ni una sola vez mencionado en el proyecto del Cofema en contraste con las 29 veces que es mencionado en el proyecto del consenso. Y el problema es que es una palabra fundamental porque implica que se discuta qué uso va a tener el territorio de los humedales. Los sectores ligados a la agroindustria, a la megaminería y a la especulación inmobiliaria instalaron el mito de que nosotros no queremos ninguna actividad ahí. Eso es falso, pero sí es cierto que no se puede avanzar con cualquier desarrollo”, subrayó Micheloud.

Entre las principales actividades que el abogado reconoce como perjudiciales para estos ecosistemas enumera a los megaemprendimientos urbanos, a los sistemas de terraplenes, a la agricultura con agrotóxicos o a la ganadería a gran escala. 

Por último, la asociación cuestionó que el proyecto del Cofema eliminara 9 objetivos y 11 principios. “Eran clave para orientar el diseño de la ley y su implementación”, se quejó el abogado. 

Desde el ministerio de Ambiente reconocieron que los cuestionamientos de la Asociación de Abogados Ambientalistas son razonables, pero insistieron en que su objetivo es lograr un proyecto que llegue al Congreso y que efectivamente sea tratado en el recinto. “Van a ser después los diputados y los senadores quienes los discutan y, en ese ámbito, podrán contemplar estas prerrogativas”, agregaron. 

Las trabas del Congreso

El derrotero del proyecto de ley de humedales lleva ya varios años. En el 2020 se instaló el tema en la agenda como consecuencia de los incendios incontrolables y se comenzaron a acumular proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Leonardo Grosso, diputado por el Movimiento Evita, presidía en ese entonces la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente y decidió trabajar para que todas las propuestas se unificaron. 

Hubo audiencias públicas y por la Cámara desfilaron ambientalistas, científicos, pobladores de territorios con humedales y representantes de todos los sectores que tenían algún tipo de interés en el tema. Entre los más de 70 expositores hubo declaraciones a favor y en contra de la regulación. Grosso, además, propuso la creación de una comisión ad hoc en la que participaron asesores de legisladores de diferentes espacios políticos. Se debatió, se negoció y, para diciembre del 2020, se consiguió el dictamen favorable proyecto del consenso, que fue respaldado por 380 organizaciones sociales. 

El proyecto debía ser evaluado después por las comisiones de Agricultura y Ganadería, por la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y por la de Presupuesto y Hacienda. Pero ninguna lo trató y perdió estado parlamentario. Cuando el presidente Alberto Fernández llamó a sesiones extraordinarias, el tema tampoco fue puesto en la orden a tratar. 

En marzo de este año, Grosso volvió a presentarlo. “El Estado tiene una deuda importante en legislar para regular la actividad sobre los humedales. Allí se conserva parte importante del agua que necesitamos para vivir todos y todas. Mientras no haya ley, algunos sectores logran aumentar sus ganancias a costa de nuestro futuro. Ganan tiempo, hace 10 años que se debate una ley de humedales y siempre se frustra por la presión de los sectores concentrados. Es hora que los legisladores escuchen al resto de la sociedad”, dijo el diputado a elDiarioAR. 

El día que Grosso presentó el proyecto, Cabandié lo respaldó en Twitter: “Acompañamos la presentación del proyecto de #LeyDeHumedales. Argentina debe dar una discusión profunda y federal que nos permita avanzar en una Ley que cuide y preserve los humedales”, escribió el ministro. 

Sin embargo, a pesar del respaldo público que demostró Cabandié, las organizaciones sociales lo cuestionaron por haberse sentado con el Cofema y haber aceptado las modificaciones. “Los humedales vienen retrocediendo en todo el mundo de manera drástica y ya se perdieron el 60%. Nos quedan solamente veinte años antes de que el proceso y la crisis climática sea irreversible así que es urgente que tengamos una buena ley”, finalizó Micheloud.