Día Mundial contra la megaminería

— Caminata 650 en Catamarca

Andalgalá volvió a marchar contra la megaminería y en defensa del agua

La mañana del sábado la ciudad de Andalgalá amaneció con nieve. El ingreso fue similar a un sueño, o tal vez una pesadilla. Tanta tranquilidad contradice la palabra de los vecinos que cuentan cómo cambió el paisaje desde que La Alumbrera se instaló en la región y el proyecto minero MARA (Minera Agua Rica - La Alumbrera), comenzó a avanzar a pesar de no tener licencia social.

Una delegación plurinacional y federal de organizaciones, medios y autoconvocados, unas cincuenta personas, llegamos con el fin de participar en la Caminata N° 650 por el Agua y por la Vida. Es la que realizan cada sábado los miembros de la Asamblea El Algarrobo y todo aquel que se quiera sumar a una lucha desigual en contra de la megaminería.  

La localidad de 20 mil habitantes tiene los tiempos de cualquier lugar de estas características, con su iglesia rosa colonial y sus árboles desnudos de invierno. Cuesta dimensionar que alguna vez acá se levantó una pueblada tan grande que la policía debió retroceder hasta encerrarse en su comisaría. Fue el 15 de febrero de 2010 y todavía se conmemora aquel día en que la represión tuvo una respuesta tan contundente del pueblo. 

Al mediodía nos recibieron con un locro, comida bien tradicional de esta zona que tiene a los diaguitas como pueblo originario. Chela y su hija se encargaron de prepararlo. Chela nació en Andalgalá y es una de las fundadoras de la asamblea El Algarrobo en 2009. Cuenta que la historia de resistencia venía desde antes, tal vez unos veinte años atrás, cuando el movimiento de protesta tenía otro nombre, “Autoconvocados por la vida”. O tal vez unos 500, cuando la invasión española dio inicio a un proceso de saqueo que cambió de protagonistas pero no de métodos. Lo cierto es que bien pronto descubrieron que la megaminería no significaba ningún progreso para los pobladores, sino todo lo contrario.

El nombre de la asamblea tiene una causa: en la localidad de Chaquiago, dos vecinos decidieron cortar el camino a las mineras, a la altura de un algarrobo. Bajo la sombra de ese “arbolito”, comenzaron a reunirse. Ahora el algarrobo es un señor árbol que se ha transformado en el símbolo de la resistencia. Ahí mismo funciona una radio comunitaria. Visitamos ese espacio que es testigo de un momento importante de la historia de Andalgalá. Para Chela, involucrarse fue un despertar. “Yo antes estaba dormida. Hay que tener paciencia, a cada uno le llega el momento”. Lamenta que los intereses políticos se antepusieran al bienestar de la gente, también hace responsable al gobernador Raúl Jalil de beneficiarse a costa del sufrimiento del pueblo. 

Por la tarde, la cita era en la plaza principal. Mientras que el sol asomaba y borraba los vestigios de la nieve, la gente se reunía alrededor del micrófono, en donde se hablaría de lucha y resistencia, y se gritaría varias veces: “Fuera las mineras”.  

La conducción, a cargo de Eduardo Villagra, tuvo su dosis de emoción y arenga. Él conoce lo que implica que se le quiten los derechos ya que estuvo detenido durante doce días. “No puedo decir que haya sido una linda experiencia estar preso pero me deja muchas enseñanzas, de alguna manera refuerza las convicciones porque si llegan a cometer ese tipo de atropello con la comunidad es porque lo que nosotros hacemos tiene un efecto”. Como defensor del agua es consciente de que si tocan a uno, tocan a todos, y se siente orgulloso de ser parte de esta lucha, “de ser defensor del agua, de la vida de mis hijos”. 

El abogado local, Juan Figueroa, es hijo de Patricia Álvarez de Figueroa, referente de la lucha. Decidió aportar sus saberes para defender los derechos de los vecinos. Habla de unas veinte causas, las civiles, que son los amparos interpuestos. “Denuncias penales hay un montón contra los vecinos de Andalgalá que se manifiestan contra la megaminería”, a 86 vecinos se les han fabricado causas como parte de la estrategia de persecución política y de judicialización de la protesta social llevadas a cabo por la empresa en connivencia con los gobiernos. “Tratamos de intervenir en todas para ayudar a la gente y que esta lucha continúe”.

La conjunción del poder político y la represión sistemática del gobierno de Raúl Jalil son un combo explosivo. “Desde que él ha subido, ha pisado el acelerador para que se abra este proyecto minero”.

Ante la falta de acceso a la Justicia, varios de los vecinos se vieron en la necesidad de ponerle el cuerpo al avance del proyecto MARA, que en 2021 logró subir  las máquinas al cerro a pesar de la resistencia social. La minería se había declarado actividad esencial durante la pandemia y no frenó nunca.  

Figueroa explica que necesitan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la validez de la ordenanza municipal aprobada por unanimidad en 2016 que prohíbe la megamineria y que fuera luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema provincial. “Pero si no fuera así, se acudirá a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos”.

El abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, Marcos Filardi, fue parte de la delegación que acompañó la caminata. En  2016 realizó un Viaje por la Soberanía Alimentaria por todo el país para documentar las violaciones a los DDHH que genera el extractivismo en sus diversas caras. Así entró en contacto con las organizaciones, colectivos, y asambleas que se  organizan en los territorios para resistir al avance del extractivismo. “Vine a la Asamblea El Algarrobo a conocer esa experiencia de lucha y dignidad”. Luego conoció a Sergio Martinez y la abogada Mariana Katz, ambos del área legal de la Asamblea. Tiempo después el Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, que Filardi integra, especializado en reclamos internacionales por violaciones a los derechos humanos, comenzó a colaborar con la Asamblea en el plano internacional. Filardi y Katz integran también la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA), conformada por más de 100 profesionales que buscan contribuir con sus saberes legales a la lucha de los pueblos por la Soberanía Alimentaria. 

“Desde la REDASA quisimos sumarnos a esta ruta de la dignidad para expresarle nuestro abrazo fraterno, apoyo y admiración a este pueblo tan digno que hace 20 años le viene diciendo NO es NO a la megamineria en sus territorios”.

La temperatura había descendido de manera abrupta pero nadie se quería mover del sitio ubicado frente a la iglesia principal en la que transcurría una misa de lo más apacible. En la plaza niñas y niños jugaban en la zona cercana al mástil. Quienes crecieron con la problemática ya instalada, sobre todo desde mediados de los 90, naturalizaron la existencia de ese ruido blanco que es la presencia de las empresas mineras en la ciudad. Algunos   representantes de aquella generación decidieron hacer algo para cambiar el estado de las cosas. Es el caso de Enzo Brizuela, de 34 años, reconocible  después de volverse noticia por su detención y por la huelga de hambre que realizó como medida de protesta. “O te interiorizás y hacés algo o no hacés nada y hasta laburás en la empresa”.

Investigación y activismo van de la mano. Él estudió geología en la universidad de Catamarca, y aunque no terminó, los conocimientos los usa para compartirlos con sus compañeros. “Nos ayuda a entender muchas cosas y nos obliga a plantearnos bien, con fundamentos y actualizaciones, lo que está pasando en el mundo”. 

Asegura que la grieta de la que tanto se habla es una ficción que le sirve más a la campaña política que a la gente. Su propio hermano trabaja en la mina y no se han peleado. Sucede que en algún momento se tiene que tomar una decisión. “El gobierno provincial es funcional a las empresas. Ellos  violan los derechos civiles y sociales de los trabajadores de prensa. Son muchos los derechos vulnerados con la intención de que actuemos en forma violenta. Pero nosotros estamos resistiendo, no somos de atacar, somos personas pacíficas que defendemos nuestro territorio”. 

Había llegado el momento de activar la movilización. Entre el ritmo de las consignas y los bombos, Karina y Vilma eligieron participar y no ser simples espectadoras. Se unieron en 2005 en épocas en que las caminatas se llamaban marchas y no tenían regularidad.  “La lucha sigue, ahora tengo un hijo y un primo vienen a la marcha. La lucha trasciende la marcha”. 

El proyecto Agua Rica se lanzó en 2005. “No nos dejaban ir a manifestarnos”, cuenta Karina. “Yo sufrí golpes de policías varones, hice la denuncia pero nunca me llamaron. Tenía pruebas, certificados médicos”. En este tiempo la violencia fue creciendo a medida que crecía la conciencia de la gente. “Llevo la mitad de mi vida protestando. Estamos prontos a romper las cadenas de esta esclavitud”.

Desde Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, organizaciones socioambientales, por los derechos humanos y de los animales, grupos ecologistas, mujeres de comunidades originarias, gente de prensa y comunicación y autoconvocados, de todas las edades, géneros y diversidades, todos confluimos en el mismo micro, que pertenece a la Fundación Che Pibe.

Beverly Keene es una estadounidense que representa al colectivo Diálogo 2000, con Nora Cortiñas y Fernando Vargas. Antes militaba en el SERPAJ. Su objetivo actual es ayudar a abrir algunos caminos afuera del país, con organizaciones sociales de países como Canadá, que  trabajan para que el Estado canadiense se haga cargo de la violación a los DDHH que cometen sus empresas. “Yamana Gold, que tiene grandes explotaciones mineras en Canadá también viola los derechos de los pueblos originarios, del ambiente y la naturaleza”. Destaca que La Alumbrera ha terminado su vida útil pero no ha hecho nada por la remediación. “Aquí en Andalgalá tienen muy claro que el agua es un ser vivo, forma parte de nosotros, nosotros formamos parte del agua. Lo que dañamos en un lado nos vuelve a tocar en otro lado. El equilibrio tiene que ver con ese reconocimiento. No es progreso si contamina, si destruye, si desaloja, si hace imposible la vida para una comunidad, para el resto no sirve”. 

Al día siguiente el recorrido nos llevaría hasta Choya, la población que está más cerca del proyecto MARA, quienes ya vieron afectadas sus vidas por las exploraciones avanzadas. Ellos fueron los responsables de decidir que impedirían esos trabajos de forma pacífica. Nos recibieron con una jornada en la que compartimos música, palabras y abundancia de comida. 

Si hay un referente en esta historia, ese es Raúl Barrionuevo, un hombre ciego, de 74 años, que estudió abogacía y sufrió en carne propia la violencia policial. “Me levantaron como trapo y varios me pisotearon. Mi intención era no dejar pasar a los camiones cargados con combustible. Nuestra manera de defendernos es poner piedras en la calle”.

Desde que vieron que MARA estaba  cerrando vertientes en los orígenes del Río Choya, los vecinos decidieron armar un campamento situado a tres horas del pueblo en camioneta —por un camino de ripio que tiene 400 curvas— y a 3500 metros de altura. La empresa dijo que estaba en un momento de exploración, pero están produciendo, asegura Barrionuevo. “La tecnología aérea está muy desarrollada, saben el tamaño de las vetas de minerales. A ellos les interesan los minerales estratégicos, hay cerca de sesenta, como mercurio, plomo, arsénico, uranio. El fiscal federal de Tucumán ha hecho una denuncia por contrabando”. 

Ellos suben con camiones pesados y con más de setenta policías. Del otro lado  son diez. Todas las críticas apuntan al  gobierno de Raúl Jalil, quien pretende designar  a través de un proceso irregular al fiscal Martin Camps, que ni siquiera se había presentado a concurso. El mismo fiscal fue el que citó a declarar a Ximena Sinchicay, de 25 años, una de las pocas mujeres que participan en el acampe. Ella registró atropellos a la gente de Choya, como el de Barrionuevo, por eso no solo fue reprimida sino que la denunciaron porque dijeron que había golpeado uno de los camiones. “Son muy agresivos conmigo, me pusieron tres policías al lado que se movían conmigo. Yo me meto por todos lados, tenía las pruebas porque estaba grabando. Me quitaron el teléfono, me quedé incomunicada”. 

Hasta el momento no fue posible hablar con el intendente de Andalgalá ni con gente del proyecto MARA. Las denuncias y el apoyo a Andalgalá y Choya llegaron en formato de conferencia de prensa durante el mediodía del lunes, en plena ciudad de Catamarca, frente a la Catedral. Fue transmitida por redes sociales. Representantes de las organizaciones socioambientales dieron su opinión y reflexionaron acerca del daño que produce la megaminería en Catamarca. Después de haber estado tan cerca del origen del conflicto, la caminata alrededor de la plaza principal que siguió a la conferencia de prensa, con wiphalas al viento y consignas en defensa del agua para la vida, fue una potente voz de conciencia colectiva frente a la injusticia y la indiferencia. 

 

 

KO