En Tierra del Fuego la luz viene con recargo por sepelio

La provincia de Tierra del Fuego creó por ley un servicio de sepelio obligatorio para toda la población que se solventará con un adicional de la tarifa eléctrica, y le adjudicó esa prestación de manera directa (y por la misma norma) a una empresa privada radicada en la ciudad de Río Grande, en detrimento de las demás compañías fúnebres de la isla.

El sistema que ya generó sospechas de un “gran negociado” y demandas de inconstitucionalidad quedó plasmado en la ley Nº 1407, que la Legislatura fueguina sancionó el 20 de diciembre de 2021 (durante la última sesión del período ordinario) y que se promulgó de hecho el 12 de enero de este año.

La norma crea un “Servicio Solidario de Sepelios”, pero no para los casos sociales o personas de bajos recursos, sino para “toda la población de la provincia” estimada por el Indec en 173.432 habitantes.

Según la normativa, cualquier persona que acredite “domicilio y radicación en la provincia” podrá reclamar un “servicio básico de sepelio” consistente en “el retiro del occiso del hospital o clínica, la provisión de un ataúd, servicio de sala velatoria, los trámites para la inhumación y el traslado al cementerio”.

La adhesión a estas prestaciones es obligatoria, ya que el servicio se solventará mediante el cobro de un adicional en la tarifa eléctrica por cada medidor domiciliario, que será equivalente a seis litros de nafta Infinia, unos $570 mensuales según los valores actuales vigentes en Tierra del Fuego. Quiere decir que, a riesgo de quedarse sin luz en su casa, toda familia fueguina aportará al sistema.

Sin embargo, un aspecto llamativo de la ley es quién se encargará de prestar la asistencia fúnebre para todos los ciudadanos. El propio texto de la norma establece en su artículo 2 que la prestadora será “La Cooperativa Eléctrica y otros servicios públicos de Río Grande Limitada”, en función de “sus años de experiencia en la materia”.

El servicio se solventará mediante el cobro de un adicional en la tarifa eléctrica por cada medidor domiciliario, que será equivalente a seis litros de nafta Infinia, unos $570 mensuales

La cooperativa es una sociedad del ámbito privado que presta el suministro eléctrico en Río Grande y que desde hace años ofrece a sus asociados un seguro de sepelio en función de un adicional de la tarifa.

De manera que la ley no solo omite cualquier concurso o licitación pública para la elección de la prestataria, sino que la favorece con la ampliación de uno de sus servicios a toda la población de la provincia y a costa de dinero público.

De hecho, la misma norma señala que los recursos para solventar los sepelios serán percibidos en Río Grande por la propia cooperativa, y en la ciudad de Ushuaia y el municipio de Tolhuin por la Dirección Provincial de Energía (DPE) que después deberá transferirle los importes a la cooperativa.

Además, la prestataria quedará habilitada para convenir con otras empresas la instrumentación de las asistencias en Ushuaia y en Tolhuin, lo que deja a las funerarias de esas ciudades en una posición desventajosa, por ejemplo, si no acuerdan con la cooperativa.

¿Y qué pasa con las personas que ya cuentan con seguros de sepelios contratados con anterioridad por cualquier otro sistema? Para esos casos, la ley prevé que cuando llegue el momento, se les pagará una suma “equivalente al costo del servicio solidario básico del sepelio”.

Recaudación superavitaria

Las sospechas sobre la existencia de un “negociado” detrás de la ley, deslizadas por distintas fuentes del sector consultadas por este medio, se basan en la ecuación económica de la actividad fúnebre en Tierra del Fuego.

De acuerdo a datos del Indec, en la provincia hay instalados unos 60.200 medidores domiciliarios de energía eléctrica (contando todos los centros poblados) y los usuarios de cada uno de ellos realizarán un aporte para el fondo colectivo de sepelios de $567.60, lo que implica una recaudación anual de $410 millones.

Por otra parte, la Federación Argentina de Asociaciones Funerarias (Fadaf) estipula el valor del “servicio de sepelio tipo 2” en $13.0637.

Como según el Indec, las muertes producidas en la provincia durante el último año fueron 940 (576 varones y 370 mujeres), cubrir los servicios funerarios del total de fallecimientos implicaría un costo de $122,79 millones. 

De ello se deduce que la prestataria estaría recaudando $287,21 millones por encima de las erogaciones a las que haría frente, obteniendo así una ganancia fabulosa.

La prestataria estaría recaudando $287,21 millones por encima de las erogaciones a las que haría frente, obteniendo así una ganancia fabulosa.

Al respecto, la propia ley sostiene que “en caso de existir algún tipo de remanente”, se lo quedará la cooperativa y podrá aplicarlo “exclusivamente a los fines establecidos en su estatuto”. Es decir que la norma crea una recaudación en exceso de más del 70% de los fondos necesarios y estipula que ese sobrante será de libre disponibilidad de la prestataria.

En esa línea, voceros de las empresas fúnebres calcularon que con un aporte de $170 por medidor, en lugar de $570, sería suficiente para cubrir el servicio al total de fallecidos por año en la provincia.

Pedido de inconstitucionalidad

La funeraria de Ushuaia “Ramón Oviedo” tiene 72 años de antigüedad y es, según sus dueños (que van por la tercera generación de una misma familia) “la empresa de la provincia más longeva que sigue funcionando”. 

Si la ley 1407 se aplica a partir del próximo 18 de mayo, esta firma será la más perjudicada, ya que dejaría de facturar la gran mayoría de los servicios funerarios que brinda, salvo que la prestataria general de Río Grande la subcontrate y también le imponga los valores de la prestación. 

“Ramón Oviedo” es la primera empresa del rubro que presentó ante el Superior Tribunal de Justicia fueguino un pedido de inconstitucionalidad de la ley, junto con una medida cautelar que impida su entrada en vigencia. 

“Para nosotros es una ley absolutamente inconstitucional porque violenta el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución de Tierra del Fuego. No hay ningún tipo de justificación para que el Estado, a través de un particular, se ocupe de una actividad que se desarrolla por completo desde el ámbito privado y que es lícita desde el punto de vista comercial”, aseguró Raúl Paderne, abogado de la funeraria. 

El letrado argumentó también que “bajo el paraguas de un supuesto sepelio social, se ha establecido una legislación que violenta el derecho de propiedad y además favorece a una empresa determinada en detrimento de las demás, de manera injustificada”.

“No hay que perder de vista que al obligar a todos los usuarios de la provincia a pagar una suma de dinero específica y fijada por el legislador, están haciendo una enorme transferencia de recursos públicos en favor de una sola compañía”, insistió Paderne.

En tanto para Eduardo Malvé, vocero de “Ramón Oviedo”, la imposición por ley de un único prestador “limita todo tipo de elección de parte de los dolientes”, lo que constituye “uno de los valores históricos en la cultura local desde 1885, con la creación del Registro Civil”.

Además, la ley “inhibe la libre competencia y la relación abierta de diferentes propuestas de prestaciones para que los usuarios elijan de acuerdo a sus deseos la adecuada relación costo beneficio”, agregó el representante de la empresa.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Ushuaia emitió un duro comunicado sobre el tema en el que afirma que el servicio de sepelios creado por la provincia “atenta contra el interés del sector privado y de la comunidad toda” y se convierte en una norma “inexplicable, inentendible, injustificable y por sobre todo inconstitucional”.

Según el organismo, la ley crea un servicio de sepelio público pero en lugar de brindarlo el Estado se lo adjudica a “una persona jurídica de derecho privado”, lo que “viola la libertad de decisión empresarial y de competencia, destrozando de esta forma la iniciativa privada”.

También “crea un monopolio al decidir arbitrariamente que un solo actor va a ser el prestador” sin haber llamado a una licitación a los demás actores del rubro y “le quita al ciudadano la posibilidad de elegir libremente”, afirma el comunicado.

La Cámara denunció, además, la “sobrestimación de costos en relación a la cantidad de servicios de sepelios anuales” que se brindarán y el “remanente de libre disponibilidad” generado por la ley.

Los lazos con el PJ

La ley del “Servicio Solidario de Sepelios” para los fueguinos fue impulsada por el diputado provincial Ricardo Furlan, un histórico dirigente del PJ local que también fue diputado nacional y convencional constituyente de la provincia en 1991.

Los vínculos entre el peronismo fueguino y la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, principal beneficiaria de la ley, son públicos y notorios. Sin ir más lejos, el actual presidente del consejo de administración de la cooperativa, Santiago “Paqui” Barrientos, si bien es afiliado al Movimiento Popular Fueguino (Mopof) también se lo vincula al PJ. De hecho suele participar de actos partidarios peronistas como el “Día de la Lealtad”. Y lo mismo ha ocurrido con presidentes anteriores de la entidad, como Miguel Ángel Cusi, que fue candidato al Parlasur por el peronismo fueguino y resultó electo.

Pero la relación entre la ley de sepelios y el negocio fúnebre tienen otro factor común con el PJ: la funeraria Casa Manantial SA, ubicada también en la ciudad de Ushuaia, de la que forman parte Cristian y Leandro Manfredotti, ambos sobrinos del ex gobernador provincial del PJ Carlos Manfredotti. Leandro también es el actual secretario de asuntos gremiales de la provincia, en la gestión del gobernador Gustavo Melella, un radical K y aliado del peronismo.

Si prospera la ley de sepelios, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande podría convenir con Manantial la prestación del servicio en Ushuaia, favoreciéndola así con contrataciones millonarias.

GR / MG