Fue víctima de gatillo fácil y denuncia acoso y hostigamiento de la Policía de Córdoba: “yo no quiero vivir más”

“Mamá yo no quiero vivir más, me quiero ir al cielo con Joaquín”, le dice B., un chico de 15 años a su mamá. Hace nueve meses, la madrugada del 25 de octubre, efectivos de la Policía de Córdoba les dispararon a él y a un grupo de amigos: Joaquín Paredes, uno de los chicos fue asesinado por las balas policiales; B. fue herido en la espalda y su medio hermano Jorge Navarro, de 18 años; fue herido en una pierna.

Paso Viejo, un pueblito de poco más de 1.000 habitantes, ubicado en el departamento Cruz del Eje, a 170 kilómetros al noroeste de la Capital cordobesa, llora a las víctimas de este caso de gatillo fácil y reclama Justicia por Joaquín, un chico de 15 años que cursaba tercer año de la escuela IPEA 306 “Dr. Amadeo Sabatini”; que en una semana iba a cumplir sus 16 años, y que trabajaba junto a su papá y tres hermanos en la cosecha de papas en una plantación de la zona.

El lunes a la tarde, un puñado de vecinos de Paso Viejo, entre los que se encontraba la mamá de Joaquín, Soledad; y su abuelo Esteban, además de amigos y víctimas del ataque policial, reclamaron Justicia para Joaquín Paredes e iluminaron el mural pintado en su memoria.

El jefe comunal de Paso Viejo, el schiarettista Darío Heredia, que ni bien ocurrió el crimen se había mostrado consternado; con el paso de las semanas le envió un mensaje inequívoco a los familiares de Joaquín Paredes: “En vez de reclamar Justicia, porque esto no le pasó sólo a la familia de Joaquín, nos pasó a todos en Paso Viejo, Heredia le dijo a Esteban y Soledad, que no hagamos más marchas por Joaquín”, apuntó Ivana, una de las organizadoras del colectivo “Justicia por Joaquín Paredes”.

Pero además, las víctimas de gatillo fácil denunciaron que B. y su familia, sufren un hostigamiento y persecución policial constante: su casa fue allanada siete veces en estos nueve meses, la última vez fue el pasado miércoles 21, cuando llegaron policías de civil con una orden de la Fiscalía de Deán Funes, buscando una motosierra robada. Como no encontraron la herramienta que buscaban, los policías de la subcomisaría de Paso Viejo se llevaron como prueba un par de zapatillas nuevas de B., dos buzos y un pantalón de su padrastro. En el mismo lapso, también fue allanada dos veces la vivienda de la abuela de B. donde vive su medio hermano Jorge Navarro, también baleado la madrugada en la que asesinaron a Joaquín Paredes.

“Constantemente la familia del menor B. se ha quejado de innumerables allanamientos. Cada vez que pasa algo en el pueblo o en las inmediaciones, automáticamente, de manera estigmatizante, se debería haber dado cuenta la Justicia a esta altura, salvo que tenga una actitud de complicidad; constantemente la Policía dice “las cosas sustraídas estarían en tal lugar”, dándole una pseudo base a la orden de allanamiento que piden. Van al domicilio, allanan y siempre con resultado negativo”, denunció Claudio Orosz, abogado querellante de la familia de B. y de los familiares de Joaquín Paredes.

El abogado querellante de las víctimas de Paso Viejo le dijo a elDiarioAR que “en los lugares donde existe el Derecho y existen instituciones independientes que hacen aplicar el Derecho; estas acciones de la Policía se llaman estigmatización, discriminación y persecución policial. Y en Córdoba se llama schiarettismo”.

Por su parte, Paola, la mamá de este chico que salvó su vida tras ser baleado por la Policía cordobesa contó que “la última vez que nos allanaron fue el miércoles, vinieron a las 8.30 de la mañana, buscaban una motosierra. B. desde que le pasó lo que le pasó, quedó como tontito, los miraba a los policías muy pálido y se quedó tieso hasta que se fueron. Se llevaron un par de zapatillas Adidas nuevas que le compré con la plata de mi pensión; se llevaron dos buzos y un pantalón de gimnasia de mi pareja. Siempre que nos allanan, se llevan ropa”, se quejó ante elDiarioAR.

El allanamiento anterior había sido en febrero pasado, cuando también, la denuncia fue por el robo de otra motosierra: “Esa vez la denuncia la hizo Diego Secondi, que es cuñado de Enzo Alvarado, uno de los dos policías que está preso por matar a Joaquín y balear a los chicos. Vinieron, nos allanaron y no encontraron nada. ¿Qué iban a encontrar?, si era mentira”; apuntó Paola. Ese mismo mes, policías de Paso Viejo los allanaron nuevamente, buscando una pelota robada; que tampoco fue encontrada, ni secuestrada. En ambos operativos, como en los anteriores, la Policía secuestró ropa y nunca la devolvió.

La mujer contó que “le tienen siempre una bronca a mis hijos por lo que pasó. Al chico más grande, al Jorge Navarro y al B. lo mismo; a la barrita la tienen siempre vigilada. Acá los policías que venían siempre con los allanamientos eran la Sandra Yanicelli, la Laura Nieto y el Ochoa. Pero la Yanicelli era la que mandaba siempre”, se quejó Paola. La policía Sandra Yanicelli es familiar del ex comisario Carlos “Tucán” Yanicelli, condenado a prisión perpetua por delitos de Lesa Humanidad durante la pasada dictadura cívico militar cuando se desempeñaba en el D-2, el Departamento de Inteligencia de la Policía cordobesa. Los Yanicelli son oriundos de Villa de Soto, la ciudad más cercana a Paso Viejo.

La madre de B. contó que además de las acusaciones contra sus hijos por los robos de la zona; a su actual pareja la acusan de vender droga: “¿Cómo le puedo volver a comprar yo las zapatillas del chico, si tengo una pensionsita y un salario y la tengo que luchar. Y a la barrita ya la tienen… trabaja muy sucio la Policía. Acá nos allanaban siempre porque la Sandra Yanicelli y el Ochoa decían que mi pareja vendía droga ¿cómo vamos a vender droga si tenemos días para comer y días por no. Y todos los días se levanta él a trabajar, Joaquín va y eso que casi no puede mover su bracito. Yo ahora no estoy trabajando porque los chicos van al colegio, si no estoy también trabajando en las chacras”.

Sobre lo ocurrido en Paso Viejo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicado donde “denuncia una vez más que al igual que el asesinato de Blas Correas, ocurrido dos meses antes del homicidio de Joaquín Paredes, quedó demostrado que no se trata de casos aislados de gatillo fácil o excesos de los agentes, sino es una consecuencia de una política de Estado; donde en los últimos 20 años fueron denunciados 60 homicidios a manos de policías”; y destaca que “desde octubre de 2020, la casa familiar de B. fue allanada sistemáticamente en siete oportunidades por policías uniformados y de civil, quienes llegaron munidos de las órdenes firmadas por la Fiscalía de Deán Funes, la encargada de investigar el crimen de Joaquín Paredes. Mientras que la vivienda de Jorge, fue allanada en dos oportunidades. Todos los operativos tuvieron resultados negativos”; por lo que el organismo “hace responsable de cualquier consecuencia que le pudiera ocurrir al menor B.; a Jorge y a las otras víctimas de la balacera del 25 de octubre de 2020, al señor ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera; al señor ministro de Justicia y DDHH, Julián López, al señor fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado y a la señora jefa de la Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti; porque ellos son los responsables de resguardar la seguridad de estas víctimas de gatillo fácil”.

Gatillo fácil

La noche del sábado 24 de octubre de 2020, un grupo de chicos de entre 14 y 18 años, entre los que se encontraba Joaquín Paredes se reunieron en la casa de B. a festejar el cumpleaños de su primo “El Caña”, que cumplía 20. Todos vivían en Paso Viejo, un pueblo del norte cordobés, donde no pasaba nada.  

A la madrugada del domingo, los adolescentes se fueron de la casa de B. hasta la plaza del pueblo a tomar cerveza. La Policía los echó y amenazó con detenerlos por violar la cuarentena. Entonces se fueron a la casa de un tío de “El Caña”, al lado del dispensario del pueblo y siguieron el festejo en la vereda, mientras escuchaban música de un parlante. Allí volvió la Policía y desató una balacera donde fue asesinado Joaquín Paredes, quien recibió un disparo por la espalda que le atravesó el corazón, provocándole la muerte minutos después. Los jóvenes B. que tenía 14 años, y su medio hermano Jorge Navarro de 18 años, también recibieron disparos de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía: al menor le ingresó una bala por la espalda que le inmovilizó el brazo derecho y al mayor le hirieron una de sus piernas en la pantorrilla y el tobillo. 

“Ayuda, ayuda”, gritaron los chicos al ver a sus amigos sangrando y tirados. Cuando los vecinos y familiares de las víctimas concurrieron al lugar a ver qué había pasado, hubo piedrazos, insultos y más represión con balas de goma. En el lugar, pegado al dispensario, quedaron decenas de vainas de balas calibre 9 milímetros que utiliza la Policía cordobesa. Frente a las pedradas de familiares y vecinos, los policías retrocedieron y se escondieron en la Subcomisaría de Paso Viejo.

Los dos chicos malheridos fueron derivados a una clínica de Villa de Soto, una pequeña ciudad ubicada a 24 kilómetros de Paso Viejo. Jorge estuvo en silla de ruedas una semana; mientras que B. fue derivado a Córdoba. Cuando B. estuvo internado en el Hospital de Niños de esta Capital recibió sesiones de fisioterapia y asistencia psicológica; terapias a las que no accedió al regresar a Paso Viejo.

A las 6 de la mañana de ese domingo, Paso Viejo ya estaba llena de patrulleros y móviles policiales enviados desde la Unidad Departamental Cruz del Eje y desde esta Capital. Estaba muy presente el crimen de otro adolescente, Blas Correas, ocurrido también a manos de la Policía, apenas dos meses y medio antes, la madrugada del 6 de agosto en pleno centro de la ciudad de Córdoba. 

También llegó a Paso Viejo, la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje. Esa misma mañana, la fiscal ordenó la detención de cinco policías: Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26); quiénes fueron alojados en la cárcel de Cruz del Eje. Además, fue sumariado un subcomisario de apellido Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona.

La fiscal Pochettino ordenó distintos peritajes para determinar cómo sucedieron los hechos, si todos los agentes utilizaron sus armas y de qué arma salió la bala asesina. Se secuestraron cinco pistolas de la Policía y ningún arma civil. Para la fiscal no hubo enfrentamiento armado.

Luego de las pericias, Pochettino, a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje, imputó al agente Maykel López por los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad. En tanto que los policías Enzo Alvarado, Iván Luna, Jorge Gómez y Ronald Fernández Aliendro, sólo fueron imputados del delito de “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”.

El abogado Claudio Orosz recordó que esa madrugada “no pasaron más de 10 minutos desde que Joaquín y sus amigos llegaron a lo del tío del otro amigo. Ahí llegó la Policía con tres patrulleros y rodeó el lugar. Los efectivos, por alguna orden superior habían decidido dar por terminada la fiesta. Hasta ese momento, el policía Enzo Ricardo Alvarado, había ido tres veces a la fiesta pero nunca pidió que culminara sino fue para advertirles que no hicieran lío, que bajaran la música, nada más. Era obvio que la fiesta tenía la aquiescencia de uno de los dos policías del pueblo para que se siguiera realizando”.

El abogado querellante relató que “con los móviles, los policías encerraron a los chicos por un descampado y sacaron una escopeta, que está prohibida desde hace años y que solo se usa con munición letal para cuidar los bancos, y empezaron a amenazarlos. Los primeros disparos fueron con la escopeta, con postas que no tenían plomo, y como los chicos no se dejaron prepear, no se dejaron amenazar, y les respondieron que no tenían derecho a tratarlos como perros ni a dispararles como lo estaban haciendo, los policías sacaron sus pistolas, que únicamente se pueden usar cuando hay peligro para sí o peligro para terceros. Empezaron a disparar al bulto, allí mataron a Joaquín e hirieron muy cerca del corazón a B.”. 

Intentos de suicidio

“Mi hijo se quiere suicidar, no quiere vivir más. A veces, cuando le agarra la tristeza, se pone a tomar y ahí me dice que se quiere ir al cielo con Joaquín. Joaquín era como un hijo más para mí, se conocían de chiquitos con B. Joaquín pasó de grado y estaba en el secundario, B. terminó la escuela y se puso a trabajar en la cosecha. A veces va a cosechar papa, a veces, cebolla. Pero ya no es el mismo de antes. Ahora se fue a trabajar, le consiguieron unas zapatillas usadas para que pudiera ir a cosechar papa con mi marido, a ver si se puede comprar otro par. Yo le mandé un mensaje al comisario a ver si nos devuelve las zapatillas, qué va a hacer. Hay días en que nosotros no tenemos qué comer, comemos cada dos días”, relata Paola, que vive con B. de 15 años, otro hijo de 17, una nena de 11 y el menor de 8 años. El mayor, Jorge Navarro, vive con su abuela desde que era pequeño, porque Paola no lo podía criar.

Ivana, integrante de la “Comunidad Justicia por Joaquín Paredes”, señala que “una vez, B. se quiso tirar al canal; y los chicos, sus amigos lo salvaron. Ellos vieron cuando quiso tirarse. B. después dijo que se había resbalado, pero no es así, quiso matarse. Y no es el único caso”. Otro chico que estaba la noche en que la Policía asesinó a Joaquín fue encontrado con un cuchillo; y otro en el medio del monte, cerca de un árbol con una soga. “Los chicos que esa noche estaban con Joaquín también resultaron con secuelas psicológicas; ninguno quedó bien. Mi hijo, por ejemplo, se levanta para ir a la escuela; pero hay veces que estaba tres días tirados en la cama, despierto, sin poder levantarse. Nadie les dio asistencia psicológica, nadie se preocupó por ellos que vieron morir a su amigo, son criaturas de 14, 15 años”, denunció Ivana.

La mujer agregó que “la cuestión se agrava cuando se cruzan a los policías libres. Acá en el pueblo ni supermercado tenemos, hay que ir hasta Villa de Soto. Y allá lo han visto al policía Luna en una moto, que pasa a toda velocidad. Nos conocemos todos acá, les conocemos las caras, sabemos quiénes son. Los chicos cuando lo ven a Luna se quedan paralizados, no saben cómo reaccionar”. 

Rumbo a la impunidad

Soledad, la mamá de Joaquín Paredes le dijo ayer a elDiarioAR que “Iván Luna quedó libre a principios de junio, cuando pagó una fianza de $ 200 mil. Estamos indignados con lo que está haciendo la Cámara de Villa Dolores. Al día de la fecha, hay tres homicidas en libertad bajo fianza que pagaron 200 mil pesos”. 

Soledad e Ivana coincidieron que “Iván Luna fue liberado y a la semana estaba festejando su libertad comiendo un asado con su familia y sus amigos. No muestra nada de arrepentimiento. Mientras que nosotros vamos a llevarle flores y prenderle velas a Joaquín en el cementerio o en el mural, como estamos ahora para que no se olviden lo que pasó acá”.

La mamá de Joaquín acusó a los jueces de la Cámara del Crimen de Villa Dolores: “Para los jueces debe ser que la plata vale más que la vida de una persona. La Justicia para los pobres no llega. Para los ricos, sí”.

Mientras que Ivana, de la “Comunidad Justicia por Joaquín Paredes”, aseguró que “la Cámara del Crimen de Villa Dolores, no toma real conciencia de lo que sucede en Paso Viejo. Nosotros convivimos con los asesinos de Joaquín; a fines de marzo liberaron a Ronald Fernández Aliendro que vive en Cruz del Eje; y en abril a Jorge Gómez, que vive en Soto. Ahora en junio quedó libre Iván Luna, que es de acá de Paso Viejo pero vive en Soto. Nosotros viajamos todos los días a Cruz del Eje y a Soto, vamos a la farmacia, al cajero, al supermercado y nos cruzamos con los asesinos de Joaquín. A estos policías los liberaron porque la carátula de la causa es un delito menor, abuso de autoridad. Enzo Alvarado también está imputado de abuso de autoridad y sigue preso, creemos, porque su padre amenazó de muerte a Esteban, el abuelo de Joaquín. El único imputado por homicidio calificado es Maykel López. Los jueces Santiago Camogli, Raúl Castro y Carlos Escudero, que es un ex policía, no se hacen cargo de lo que pasó. Matar por la espalda a un pibe de 15 años no es un abuso de autoridad, que el sistema judicial de Córdoba le diga al abuelo y a la mamá de Joaquín y a toda la sociedad que matar a un pibe de 15 años y dejarlo abandonado no es un homicidio y es apenas un abuso de autoridad, nos parece terrible”.

Claudio Orosz también apuntó contra el encubrimiento a favor de los cinco policías: “Esa misma madrugada en que fue asesinado Joaquín Paredes y resultaron heridos el menor B. y el otro joven; el personal policial superior se llevó a los policías del lugar, los guarecieron en la Subcomisaría de Paso Viejo, los dejó que se levaran las manos por lo tanto los dermotest dieron negativos; y aparentemente también les dejó que se cambiaran sus uniformes porque no encontramos rastros de pólvora. Se procuró dar impunidad”.

GM