Lo detuvieron en la calle y apareció ahorcado en la comisaría: “La Policía me devolvió a mi hijo en una bolsa”

Un patrullero de la Policía Bonaerense estacionó en la puerta de su casa a las cuatro de la mañana. Aquel lunes 5 de febrero de 2024, Ana Córdoba, de 34 años, se vistió como pudo y subió al vehículo. La habían llamado desde la comisaría N°8 del barrio bonaerense de Las Catonas, en Moreno, para que se acercara lo más rápido posible. Su hijo Marcos Portela, de 18 años, estaba detenido en esa dependencia desde hacía dos días por el supuesto robo de un celular. Pero a Ana nadie le explicaba qué pasaba con su hijo. Ni por teléfono ni en el auto policial rumbo a la comisaría. Lo único que la distraía a Ana esa madrugada calurosa de febrero era ver a través del vidrio las formas extrañas del follaje de los árboles a toda velocidad. 

El ahorcamiento es la principal causa de muerte en las comisarías bonaerenses, como informó este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en su primera entrega del especial Custodia Letal. Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM).

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada o muere de “causas desconocidas” en una comisaría bonaerense.

Un adolescente de José C. Paz

“Hijo, hijito, lo que te hicieron lo van a pagar, Marcos, te amo hijo, me lo mataron”, mensaje de Ana Córdoba en su estado de WhatsApp, sábado 11 de mayo.

A Marcos le encantaban las bicicletas y las motos. Se trasladaba en ellas a su trabajo en una vidriería, al club, a lo de su novia. “Las arreglaba con los ojos cerrados. Siempre se las arregló para aprender solo”, dijo Ana Córdoba, un sábado de junio, a elDiarioAR. Está sentada en el comedor de su casa, un pequeño departamento en un segundo piso de la localidad de José C. Paz. Marcos y Mara ─la segunda hija, de 15 años─, crecieron en esta localidad, pero se mudaron varias veces dentro del mismo barrio. Ana lo cuenta con resignación, cubriéndose la cara con las manos.

El 12 de abril de 2023, recordó, empezó su calvario de mudanzas “forzadas”. “Nos quedamos en la calle ese día. Unos vecinos nos vivían hostigando y me había cansado de denunciarlos en la policía”, afirmó la madre. Esos vecinos se dedicaban a la venta de droga y no toleraban que ella los denunciara, dijo. La saña de los de “al lado”, sin embargo, empezó a centrarse en Marcos. “Les molestaba todo. Que si Marcos ponía música, que si se juntaba con los amigos, que si arrancaba la moto. Todo”, explicó Ana. 

Fue una tarde de 2023 cuando Ana se asustó más que otras veces. Marcos había salido de su casa con su bicicleta, pero no llegó a subirse. Un vecino se le acercó y lo amenazó de muerte con una cuchilla. “Ahí dije nos vamos de acá”, contó la madre. Primero consiguieron un alquiler por Facebook, pero los estafaron y nunca pudieron entrar. Después fueron a la casa de los padres de un novio de Ana, pero la convivencia fue imposible. Luego se dividieron. Marcos se fue con su padre, quien estaba internado en un centro de rehabilitación por problemas de consumo. “Lo dejaron quedarse ahí unas semanas por intermedio de su papá”, sostuvo Ana. Pero no era un sitio adecuado para un adolescente. Marcos, por último, se acomodó en lo de su novia.

La falta de vivienda, sin embargo, no fue lo único que su hijo tuvo que atravesar. En 2023, él y sus amigos tuvieron una pelea con otros jóvenes arriba de un tren. La riña terminó con una acusación contra Marcos por un supuesto robo que no se comprobó. El joven tenía entonces 17 años. Una jueza de menores lo obligó a ver una vez por semana a una psicóloga en “El Vallecito”, un Centro de Referencia para adolescentes en la localidad de San Martín. “Amaba ir a terapia. Le hacía muy bien”, dijo Ana. “Por eso cuando los policías me dijeron lo que le pasó en la comisaría no les creí nada”, afirmó. 

No recuerda mucho aquella madrugada del 5 de febrero, cuando llegó a la comisaría de Las Catonas, en Moreno. Sólo que la recibió Román Porta, asistente de la Unidad Fiscal N°3 de esa localidad, quien le dio la noticia de que su hijo se “había quitado la vida”. Ana también recuerda que buscaba a los gritos a su hijo en la dependencia. Gritaba su nombre, le pedía que viniera. Que apareciera para irse juntos a su casa en José C. Paz. Pero nada de eso ocurrió. “No les creí nada”, dijo Ana. “Mi hijo podría ser medio rebelde, pero sería incapaz de hacer algo así. Nunca se quitaría la vida”, reiteró la madre. La última vez que había visto a Marcos fue el viernes cuando el joven salió a bailar con sus amigos a Ikki Club, un popular boliche de Moreno.

Detención irregular

El sábado 3 de febrero de 2024, por la mañana, luego de que Marcos y sus amigos salieran del boliche en Moreno, se acercaron hasta un puesto de comida. En ese instante ─relató su madre─, un patrullero llegó hasta el puesto y detuvo a Marcos y a un amigo suyo de 15 años. Los acusaban de haber robado un celular. Ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia del barrio de Las Catonas. Su amigo, por ser menor de edad, fue liberado a las pocas horas. Marcos, en cambio, fue apresado en una celda.

La dependencia bonaerense estaba inhabilitada para alojar detenidos, según un informe cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El protocolo indica que tendría que haber estado detenido un máximo de seis horas en esa comisaría”, explicó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno, en diálogo con elDiarioAR. Marcos estuvo dos días detenido antes de aparecer colgado del tragaluz del techo de su celda. Pero esa no sería la única supuesta irregularidad que cometería el personal policial de Las Catonas durante el fin de semana.

Ana afirmó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató Ana. Genesis Charras, tía de Marcos, presenció ese momento entre Ana y el presunto policía de civil. “Jugaron con la desesperación de una madre. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo que Ana?”, se preguntó Charras.

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También consultó sobre este mismo punto al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de esta investigación aún no había respuesta del organismo. Una fuente del mismo ministerio rechazó enfáticamente que la estadística de un fallecimiento al mes por ahorcamiento o causa desconocida en comisarías bonaerenses fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Denuncias de tormentos

Florencia Brandan, de 38 años, fue detenida el domingo 5 de febrero y alojada en la misma comisaría que Marcos. Su detención también fue irregular. La dependencia es sólo para varones. “La tendrían que haber alojado en otra comisaría. Es una falta grave”, retomó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno. Aquel domingo, el joven de 18 años le hizo llegar un cigarrillo a Florencia, por intermedio de una oficial de turno.

Florencia logró verlo tras salir por un momento de su calabozo, mientras no había vigilancia policial. “Me dijo que lo mojaban durante las mañanas y que lo rociaban con un matafuego”, señaló la exdetenida a elDiarioAR. También plateó dudas sobre el supuesto suicidio: “Para mí no llegaba a colgarse del techo. Era muy alto para hacer un nudo que lo aguante”, comentó. Florencia, además, sostuvo que sufrió vejaciones contra su persona en la dependencia. “Me molieron a golpes adentro. En Catonas siempre pasa lo mismo. Te meten a los buzones y te dan con todo”, dijo a este medio. Aseguró que no hizo la denuncia por miedo. Florencia fue liberada a las 6 de la tarde del domingo. Fue la última persona que vio a Marcos con vida.

El oficial Diego Balmaceda lo encontró colgado en la primera hora del lunes 5 de febrero. En su declaración, el oficial admitió que debía haber ingresado a las 19 horas del día domingo, pero se atrasó “por motivos familiares”. En cambio, llegó a las 00:20 del lunes. Ni bien empezó su servicio, le tocó hacer tareas de imaginaria. Es decir, la vigilancia regular de los apresados. En ese momento, expuso el efectivo, encontró a Marcos. 

La causa judicial

La causa por la muerte de Marcos estuvo investigada inicialmente por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Fiscal N°3 de Moreno. No es el primer supuesto suicidio en una comisaría que investiga la fiscal. Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días más tarde, apareció colgado en una celda de la dependencia N°4 de la misma localidad. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La causa también había quedado a cargo de Pontecorbo.

Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno le afirmó a elDiarioAR que la investigación del caso Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Distintos abogados de derechos humanos y peritos forenses explicaron que la falta de investigación para estos casos es “habitual”. elDiarioAR intentó en varias ocasiones hablar con Pontecorvo, pero no obtuvo respuesta.

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de Ana en el caso de su hijo, confirma que en el caso de Marcos los protocolos “se respetaron correctamente”. “Se aplicó la Resolución 1.390 y se apartó a la Policía Bonaerense para la recolección de pruebas. Tampoco vemos irregularidades en la autopsia, donde se hizo en base al Protocolo de Minnesota”, señaló la abogada. Sin embargo, esto no excluye a la Bonaerense de haber cometido presuntos delitos. “Creemos que hubo una falta grave en su cuidado por parte del personal policial”, agregó Verdú. Cuando lo encontraron ahorcado, Marcos era el único detenido en una comisaría que no tenía permitido alojar detenidos. Su caso coincide en algunos puntos con otros, como el de Daiana Abregú y Mauricio Castillo, cuyas historias también abordó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. 

Actualmente, el caso del joven de José C. Paz es investigado por la fiscalía N°7 de Moreno, a cargo de Jonatan Lay. Este medio intentó hablar con el fiscal sobre la hipótesis de su investigación, pero en la fiscalía se negaron a hacer declaraciones. Fuentes de ese departamento judicial, sin embargo, señalaron que la versión policial del suicidio es la que se “está siguiendo” en la causa.

Paula Farini, psicóloga de Marcos, ve “muy extraño” el supuesto suicidio. “Era un pibe lleno de vida. Con proyectos. Había pasado por situaciones estresantes, como cualquier adolescente, pero en ningún momento lo noté deprimido”, señaló la psicóloga. “Era un poco rebelde, pero nunca mostró indicios de que quería autolesionarse ni estaba medicado. Creo que algo más pasó en esa comisaría”, concluyó la especialista.

“Mi hijo salió a bailar y me lo entregaron en una bolsa”, afirmó Ana. Alrededor de la comisaría de Las Catonas, todavía hay pintadas de un nombre que no deja de doler: “Marcos Portela”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo fue actualizado el 24 de julio de 2024 a las 12:07.

ED/DTC